Contratos poco transparentes
A lo largo de los años ha habido decenas de enviados especiales, entre ellos el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), designado para Haití, el diplomático noruego Terje Rød-Larsen, primer coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Próximo y que ahora vigila Líbano, y Jeffrey Sachs, un profesor de la Universidad de Columbia que actualmente es asesor especial del secretario general para los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.
Aunque están contratados por un salario nominal de un dólar al año, les corresponden generosos beneficios abonados por las ONU, que incluyen viajes y alojamiento en hoteles mientras se encuentran cumpliendo funciones. Al Comité Asesor le dijeron que las designaciones «no conllevaban la creación de puestos, y que los fondos extrapresupuestarios se habían usado para cubrir los costos asociados» a sus nombramientos.
Pero hay poca o ninguna transparencia, ya sea sobre las pautas que rigen las designaciones como para los gastos en que incurren los enviados especiales. En declaraciones formuladas a condición de no revelar su identidad, una fuente del G-77 explica que todos los nombramientos realizados por la ONU están sujetos a normas y regulaciones. Estas incluyen pautas relativas a una distribución geográfica equitativa, a un equilibrio de género y a los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad. Pero, en vista de esto, afirma que ninguno de estos criterios se aplica a los enviados especiales, que están, mayoritariamente, en altos puestos de la escala jerárquica de la ONU, ubicándose como directores (D-1 y D-2), secretarios generales adjuntos o subsecretarios generales.
La última semana de marzo, la Quinta Comisión, por iniciativa del G-77 y de China, finalizó el borrador de una resolución que «expresa preocupación ante la falta de control del reclutamiento de personal en el nivel D-1 y en contratos por encima de un dólar al año». En ella se enfatiza que «estos contratos solo deberían concederse en circunstancias excepcionales, y deberían estar limitados a designaciones de alto nivel». Y, lo que es más importante, requiere al secretario general Ban Ki- moon preparar, por primera vez, «pautas relativas al uso de estos contratos», que deberán ser presentados en la 69 sesión de la Asamblea General, que se iniciará en septiembre de 2014.
La resolución, que se espera sea adoptada por la Asamblea General, advierte que «no se concederá ningún contrato de un dólar al año» hasta que ese órgano de la ONU haya considerado esas pautas. «La Asamblea General, en su borrador de resolución sobre recursos humanos, enfatizó que éstos solo deberían concederse en circunstancias especiales y estar limitados a designaciones de alto nivel, que es la práctica actual», señala el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
También se ha pedido al secretario general que redactara las pautas relativas al uso de estos contratos, de modo similar a lo establecido para las designaciones de los «realmente empleados», indica. «La emisión de pautas para contratos de un dólar al año garantizará un manejo más consistente de esas designaciones», agrega.
Por último, Haq destaca que la Asamblea pidió al secretario general que informe al Comité Asesor sobre la emisión de esos contratos, así como sobre la creación de ciertas categorías de puestos, como los que se consideran «realmente empleados». «Esta solicitud no tiene ningún impacto sobre la autoridad del secretario general para extender esos contratos o crear esos puestos», señala Haq.
Y al secretario general no se le requiere buscar la aprobación del Comité Asesor, sino simplemente mantenerlo al tanto de las acciones que tome a este respecto, añade. Mientras, la resolución también «reitera su preocupación en torno al aumento del uso de consultores, especialmente en las actividades centrales de la Organización». Al secretario general le indicaron que «debería regirse por las resoluciones relevantes de la Asamblea General», incluida la necesidad de que los potenciales candidatos se elijan a partir de la base geográfica más amplia posible, y se le requirió «hacer el mayor uso posible de la capacidad interna».
Durante el bienio 2010-2011, se concedió un total de 267 contratos de consultores a exmiembros del personal cuyo último puesto estuvo al nivel de subsecretarios generales, secretarios generales adjuntos o directores, según un informe de la Quinta Comisión divulgado a finales de marzo.
