Sudán del Sur ha dejado pasar otra oportunidad para la paz y, en su lugar, los líderes de los dos bandos en guerra permiten que este país africano continúe su paso firme hacia la hambruna y la anarquía.

El domingo 10 fue el último día para que las delegaciones del presidente Salva Kiir y de su otrora vicepresidente y actual líder insurgente Riek Machar presentaran una propuesta final para un gobierno de transición y de unidad, que acabe con el conflicto que se desató en diciembre.

En cambio, el fin de semana solo trajo más combates que agravaron la desesperada situación de seguridad alimentaria del país de África oriental, fundado en 2011.

La comunidad internacional advierte que la hambruna podría llegar en diciembre. Al menos 1,1 millones de los poco más de 10 millones de habitantes padecen escasez de alimentos de emergencia. Y hasta que los combates cesen, los organismos humanitarios no tendrán acceso a las decenas de miles de personas que necesitan su ayuda.

No hay indicios de un cese de las hostilidades a corto plazo. El martes 12, durante la visita de una delegación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a Sudán del Sur, la embajadora estadounidense Samantha Power dijo que la información en su poder indicaba que estarían entrando «más armas a este país con el fin de preparar el terreno para otra batalla».

A principios de agosto, un grupo de combatientes que no responde a las órdenes de ninguno de los dos bandos en disputa localizó y ejecutó a seis trabajadores humanitarios en el estado del Alto Nilo, cerca de la frontera con Sudán. Las víctimas, todas nuer, fueron elegidas por su grupo étnico, lo que revela la división tribal que fomenta el conflicto.

Es posible que cuando las dos partes finalmente se sienten a negociar en Addis Abeba redacten una solución para una situación sobre la que ya no tienen control alguno.

El conflicto comenzó como una disputa política entre Kiir y Machar sobre quién controlaría el partido gobernante Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Pero la escaramuza avivó rápidamente las tensiones étnicas mientras se propagaba por la mitad oriental del país. La violencia posterior se caracterizó por las violaciones de los derechos humanos.

«Los ataques contra civiles y la destrucción y el saqueo de sus propiedades forman la base de cómo se pelea en esta guerra», afirma la investigadora de Human Rights Watch, Skye Wheele.

Los combatientes disparan contra pacientes en camas de hospitales y masacran a los refugiados en una mezquita y en las bases de la ONU. Al menos 10.000 personas han muerto y más de 1,5 millones fueron desplazados.

Los asesinatos de los trabajadores humanitarios y de otras personas pertenecientes a la etnia nuer en el condado de Maban, en el Alto Nilo, pueden indicar la transición del conflicto a una etapa más volátil. Maban, que alberga a decenas de miles de refugiados, estaba relativamente al margen de los combates. Pero eso no impidió que un grupo armado local, la autónoma Fuerza de Defensa Mabanesa, matara a los civiles nuer.

La misión de la ONU en Sudán del Sur advirtió en un comunicado de prensa que Maban corre el riesgo de «caer en la anarquía». Sin un acuerdo de paz legítimo, esa anarquía podría fácilmente extenderse a otras zonas del país, a medida que las comunidades deciden tomarse la justicia por su mano.

«Hemos visto cómo el abuso ha generado más violencia y más abusos durante los ataques de represalia contra civiles», dice Wheeler. Durante el fin de semana se supo que otro grupo armado marcó presencia en Maban para vengarse de los asesinatos anteriores este mes.

Las repercusiones de los asesinatos de Maban podrían ser mayores.

Los habitantes de las zonas en conflicto, además de las decenas de miles de desplazados, dependen casi por completo de la ONU y las organizaciones no gubernamentales para su alimentación, refugio y protección.

La ONU calcula que las agencias de ayuda necesitarán 1.800 millones de dólares para atender a 3,8 millones de personas antes de que finalice 2014. Hasta el momento solo se ha recaudado algo más de la mitad.

Y aunque la situación todavía no cumple con los criterios técnicos para que se declare la hambruna, «existe un sufrimiento extremo», ha declarado Sue Lautze, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el país.

El sufrimiento será mayor si los trabajadores humanitarios se convierten en blanco de la guerra.

En Maban, un equipo de Medair, una organización que presta servicios de emergencia, tiene a su cargo las estaciones de agua potable y otras necesidades de salud e higiene para las 60.000 personas de la localidad, incluidos los refugiados del campamento de Yusuf Batil, y de la población de los alrededores.

Su directora en el país, Anne Reitsema, nos dice que los ataques han mostrado una «total falta de respeto por los actores humanitarios».

Tras el ataque, Medair retiró temporalmente de Maban a varios miembros de su personal. Reitsema advirtió de que la violencia «ha hecho que sea muy difícil para nosotros hacer nuestro trabajo». El problema es que no hay nadie más que lo haga.

La creciente violencia, la posible hambruna y el plazo que se dejó pasar pueden emplearse como elementos que «avergüencen» a las dos partes de tal forma que tengan que adoptar un acuerdo duradero, según Jok Madut Jok, analista del Instituto Sudd, un centro de investigación sudanés.

Eso ya está sucediendo. La comunidad internacional ha esgrimido la amenaza de sanciones económicas, una vez más.

Esa estrategia no ha funcionado nunca. Estados Unidos y la Unión Europea ya sancionaron a un líder militar de cada bando del conflicto. Pero la comunidad internacional no ha intentado nada más. Por eso Jok cre que pasará tiempo antes de que se consiga algo.

«Las conversaciones de paz tienen que ver con lo que cada uno de ellos espera obtener de ellas, y no con la paz en sí», asegura.