Con el sombrero cubierto de polvo y una sonrisa que ilumina su rostro septuagenario, el agricultor José Alicapa no se amilana ante el ritmo abrumador de la capital colombiana, a la que llegó tras un viaje de 13 horas en autobús desde el departamento de Caldas para pedir paz y también asistencia. Al igual que Alicapa, cientos de agricultores de distintas partes de Colombia se han manifestado en Bogotá para reclamar al gobierno de Juan Manuel Santos, respaldo para seguir con su producción de alimentos, y protección del fuego cruzado en el interminable conflicto armado que involucra a las fuerzas del Estado, paramilitares de ultraderecha y guerrillas izquierdistas.
Las insistentes peticiones campesinas incluyen que se escrituren las parcelas a nombre de quienes la trabajan, asistencia técnica, subsidios, créditos, programas de desarrollo y facilidades reales de acceso a la tierra. «Los campesinos son fundamentales en la producción. Por eso creo que el país entero debería ser declarado zona de reserva y protección de esta población», explica el profesor Tomás León Sicard, director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. León Sicard se refiere a la necesidad de aplicar la ley de 1994, aún no reglamentada, que estableció áreas de reserva para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en general, con ciertas condiciones de autonomía y de seguridad.
Precisamente, ese es uno de los temas centrales en el diálogo de paz que lleva adelante en La Habana el gobierno de Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Aun siendo las principales víctimas del conflicto, los campesinos se trabajan en condiciones sorprendentes. Ellos siguen ahí, produciendo alrededor del 70 por ciento de los alimentos que consumimos los colombianos». La perseverancia en medio de las dificultades es confirmada por Alicapa. «En la parcela que tengo cultivo café y platanito, pero la última granizada me dejó muy mal», narra sin perder la sonrisa, demostrando incluso más preocupación porque el autobús que lo trajo no se fuera sin él.
Más enfático se expresa Fulgencio Yangües, de la Asociación de Agricultores Víctimas del Conflicto. «El gobierno no cumple promesas y año tras año seguimos siendo víctimas olvidadas, el desplazamiento (de los hogares) se mantiene y la violencia es muy fuerte», explica en la marcha por la paz 9 dea abril en Bogotá. El último informe del Departamento Nacional de Planificación (DNP), con datos de 2011, indica que la pobreza alcanzó ese año al 46 por ciento de la población rural, mientras que la indigencia llegó a 22 por ciento.
El índice Gini, que mide el grado de desigualdad socio-económica en una escala de menor a mayor de 0 a 1, indica un aumento en la última década en la concentración de la tierra de 0,74 a 0,88. La agricultura en general aportó 5,9 por ciento al Producto Interior Bruto de Colombia en 2011, mientras que, en comparación, la minería y las canteras representaron 14,3 por ciento.
Según una investigación de la Universidad de los Andes, el 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de propietarios. Mientras, que el 80 por ciento de los campesinos son minifundistas y el 18 por ciento de los minifundistas no han formalizado sus títulos de propiedad. La grave situación se evidenció con la parálisis del sector cafetero durante una semana en febrero, que se levantó ante el anuncio del gobierno de que pagaría a los productores el equivalente a 80 dólares por cada saco de café de 60 kilogramos.
Pero será «solo este año, mientras la caficultura recupera los niveles de productividad», advirtió el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. Sin embargo, la crisis de este cultivo en Colombia es de larga duración. La Federación Nacional de Cafeteros admite que a partir de 2004 se tuvo que apelar a la importación, especialmente de Ecuador y Guatemala, que cubre en la actualidad hasta el 70 por ciento del consumo local, según portavoces del Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera.
A continuación del paro cafetero, los productores de arroz amenazaron con un cese de actividades que el gobierno desactivó ofreciendo apoyos económicos y el aumento de medidas para detener el contrabando, en especial desde Ecuador. «Todas las dificultades pasan por la concentración de la propiedad de la tierra y, al parecer, una redistribución es improbable en este momento», sostiene León Sicard. «La última reforma agraria la hizo el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), pero el Acuerdo de Chicoral de 1972 aceleró la colonización de las selvas húmedas tropicales, lo que a su vez permitió el encuentro de los campesinos con el comercio de coca. Por tanto, estos son problemas viejos», sentencia.
El Acuerdo de Chicoral, con participación de terratenientes tradicionales, limitó la expropiación de tierras baldías por parte del Estado y, de ese modo, facilitó la colonización de áreas antes protegidas. «En Colombia tenemos selvas húmedas, suelos tropicales, arenosos, arcillosos, zonas planas, pendientes abruptas, condiciones heterogéneas y climas cada vez más variables. Pero las políticas en marcha no tienen en cuenta las particularidades», explica Restrepo.
León Sicard alerta de que «actualmente el 99 por ciento de las prácticas agrarias favorecen modelos con maquinaria sofisticada que, junto con el uso de plaguicidas y agroquímicos, demuestran los poderes e intereses que hay detrás», «¿Quién construye tractores y quién los venden? No son exactamente quienes favorecen a los campesinos de las laderas. Entonces, ¿qué transnacionales están detrás? Es un tema complejo», indica. León Sicard propone como «solución la agroecología, que ha dado resultados muy importantes en Cuba y Brasil». «Pero, en este sentido, Colombia avanza mucho menos que cualquier otro país de América. Por tanto, el sueño es que en las negociaciones de paz en curso, el tema se trate con seriedad y compromiso», puntualiza.
