La UE acaba de presentar el V informe sobre su política de cohesión durante el periodo 2009-2014, este informe es imprescindible para comenzar a echar las cuentas de los Fondos de Cohesión para los siguientes siete años.

El informe, 264 páginas en las que se analiza el resultado de la política de cohesión y se comparan los índices de crecimiento económico y de empleo en cada región europea, pone de relieve sorprendentes diferencias regionales en productividad o índices de mortalidad infantil, entre otros.

Según el comisario de Política Regional, Johannes Hahn, «España es uno de los países en los que estos fondos han conseguido mayores progresos» y añade que todavía es prematuro, pero que todo parece indicar que la única región española que seguirá percibiendo esas ayudas a partir de 2014 será Extremadura.

En la actualidad los fondos se destinan a las regiones con un nivel de vida por debajo del 90% de la media de la UE, aunque la mayor parte del dinero va para aquellas con un PIB inferior al 75%.

Bruselas quiere establecer una categoría nueva de «regiones intermedias» para aquellas zonas en las que la renta supere el 75% de la media comunitaria pero esté lejos del 90%. En este caso países como Francia, Italia, España, Reino Unido o Grecia podrían continuar beneficiándose de los fondos.

Hasta ahora España ha sido la segunda beneficiaria de fondos estructurales con una asignación de 35.217 millones de euros para el periodo 2007-2013. El primer país Polonia, percibe 67.284 millones de euros.

El presupuesto para los próximos siete año tendrá en cuenta los llamamientos a la austeridad que ha hecho el Reino Unido, la propuesta de la Comisión Europea de dotarse de recursos propios mediante nuevos impuestos o las deficiencias que denuncia repetidamente el tribunal de Cuentas. También es posible que se tenga en cuenta la propuesta incluida en el borrador de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que aboga por suspender o cancelar parte de los fondos asignados a un país cuando incumpla los límites de déficit o deuda.

La propuesta de presupuesto que presente la Comisión Europea se debatirá los próximos meses. El comienzo es una consulta pública abierta hasta el 31 de enero, en la que todas las partes interesadas, especialmente las autoridades locales y regionales pueden presentar sus opiniones.