El Tratado prevé que antes de realizar cualquier transacción el país que vende armas evalúe si pueden utilizarse para eludir un embargo internacional, si el comprador comete «graves» violaciones de los derechos humanos, o si los puede desviar a grupos terroristas o criminales.
En todos estos casos, el país exportador estará obligado a rechazar la transacción. Tras siete años de negociaciones, el proceso de ratificación llevará al menos otros dos años más. Las armas incluidas en el Tratado van desde las pistolas hasta aviones y barcos de guerra, pasando por los misiles. La lista no comprende a los drones, los transportes blindados de tropas y los equipos destinados a las fuerzas del orden.
Con este tratado se pretende acabar con el empleo de armas para abusar de los derechos humanos. El actual comercio no regulado ha conducido a dramas como los niños soldado, la perpetuación de la violencia de género y las masacres de civiles en muchos lugares del mundo. Si bien reconoce el derecho de los Estados a su defensa, el tratado impone la regulación de exportaciones, importaciones, transbordos e intermediación.
Su alcance son las armas convencionales –tanques de guerra, vehículos de combate blindados, sistemas de artillería de gran calibre, aviones y helicópteros de combate, buques de guerra, misiles y cohetes–, así como las armas pequeñas y ligeras.
El tratado obliga a sus estados parte –aquellos que lo ratifiquen— a reportar sus transferencias de armas y a evaluar si esos embarques terminarán en manos de violadores de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Este instrumento internacional estará abierto para su firma a partir del 3 de junio. De acuerdo a la resolución aprobada, su entrada en vigor requiere la ratificación de 50 estados y regirá solamente para aquellos que completen ese proceso, sin imponer obligaciones legales a los demás, explica Nikola Jovanovic, portavoz y asesor del presidente de la Asamblea General, Vuk Jeremić. "Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero hay una obligación política de continuar y de cumplir", explica Jovanovic.
Las organizaciones, recuerdan que llevan seis años de negociaciones diplomáticas y más de una década de campañas. El mundo "envía un mensaje claro a los traficantes de armas y violadores de los derechos humanos: su tiempo ha terminado. A partir de ahora, ya no podrán operar y armarse con impunidad. El mundo estará observándoles y les pedirá responsabilidades", explica Anna Macdonald, directora de esta campaña en Oxfam Internacional.
Macdonald señala que "desde las calles de Latinoamérica, a los campamentos en el este del Congo, a los valles de Afganistán, las comunidades que viven con el temor de ataques por el comercio de armas no regulado ahora pueden esperar un futuro más seguro. El mundo será un lugar más seguro para vivir una vez que el Tratado esté en su lugar". Allison Pytlak añade que "el mundo oscuro del tráfico de armas ha sido objeto de la atención de la comunidad internacional".
A pesar de la euforia, Baffour Amoa, presidente de la Red de Acción sobre Armas Ligeras de África Occidental ha recordado que "este tratado lleva mucho retraso. Se ha derramado demasiada sangre en África a causa de la violencia armada alimentada por el flujo de armas hacia nuestro continente". Para Alex Gálvez, superviviente de la violencia armada y director ejecutivo de la Fundación Transiciones de Guatemala, "este es un buen día para los supervivientes... pero el trabajo no termina aquí".
