La segunda cumbre sobre empleo juvenil que se ha celebrado este martes en París ha concluido sin más decisiones importantes que recordarles a los países que si quieren el dinero lo más pronto posible, como reclaman, deben comunicar a Bruselas cómo lo van utilizar.
En la primera conferencia celebrada en Berlín, el pasado julio, se estableció como condición la presentación de los planes nacionales. Hasta ahora, solo los han enviado República Checa, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Eslovaquia. Ninguno de los dos países con más paro juvenil Grecia con un 57,3 % y España con un 56,5 % han enviado sus planes.
Bruselas ha recordado a España que todas las comunidades autónomas podrán beneficiarse de las ayudas europeas para poner en marcha la garantía juvenil. «Los Estados miembros deben finalizar sus planes para la 'garantía juvenil' lo antes posible», ha dicho el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy. «De lo contrario -ha añadido- la financiación comunitaria no podrá beneficiar a las regiones más afectadas desde el 1 de enero de 2014, lo que sería una ocasión perdida» .
El presidente frncés François Hollande, anfitrión de la cumbre, ha reclamado «rapidez porque hay urgencia, solidaridad porque no podemos abandonar a una generación y calidad porque debemos proponer empleos y formación que ofrezcan auténticas perspectivas a los jóvenes».
Por su parte el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha asegurado que el dinero estará disponible ya que el pleno del europarlamento tiene previsto aprobar el marco financiero para 2014-2020 y el presupuesto para 2014 la próxima semana.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha vuelto a repetir su opinión de que la lucha contra el paro de los jóvenes «es en buena parte responsabilidad nacional» y ha dicho que los países con alta tasa de paro deben proseguir con las «reformas estructurales necesarias» para crear empleo y ha pedido una mayor colaboración entre los servicios públicos de empleo de los Estados miembros.
El presidente español, Mariano Rajoy, ha dicho que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, está ultimando el plan que debe ser aprobado en Consejo de Ministros antes de enviarlo a Bruselas. Podría estar para finales de diciembre y así recibir en enero los más de 1.800 millones de euros que le corresponderían a España.