En mayo de 2009, los guardacostas italianos interceptaron en el mar a varias embarcaciones con emigrantes africanos que intentaban llegar a Europa. Casi todos eran eritreos y somalíes. En virtud de los acuerdos bilaterales que tenía el gobierno de Berlusconi con el de Gadafi sobre inmigración clandestina, 471 personas fueron enviadas de vuelta en barcos militares italianos hasta Trípoli sin pasar por Italia.

Los 17 jueces de la Gran Sala han acordado unánimemente la sentencia, y consideran que el país transalpino no tuvo en cuenta la posibilidad de que pudieran sufrir malos tratos, primero en Libia y luego en sus países de origen. Tampoco respetaron, según los magistrados, el protocolo que prohíbe expulsiones masivas de extranjeros. De los 24 demandantes, 2 han muerto, otros dos están en paradero desconocido, otro en un campo de retención en Túnez y el resto residen en Bénin, Malta, Suiza, Italia y Libia.

Según la sentencia, Italia «no supo librarse de su propia responsabilidad invocando sus obligaciones por sus acuerdos bilaterales con Libia, para la devolución de inmigrantes que hubieran partido de ese país». Roma ha prometido mantener una «política clara, transparente y correcta» sobre la inmigración. El ministro italiano de Integración y Cooperación, Andrea Riccardi, ha dicho que «examinaremos con atención este veredicto que nos lleva a actualizar nuestras políticas sobre inmigración». Una postura muy diferente han mantenido varios ex ministros de Berlusconi, que han criticado esta decisión y que Federico Bricolo, portavoz de los senadores de la Liga Norte, ha calificado de «inaceptable». El eurodiputado de la Liga, Mateo Salvini, cree que es una «auténtica locura».

En 2011 1.500 personas murieron intentando alcanzar las costas europeas. Coincidiendo con las revueltas de Túnez y la guerra en Libia, se calcula que llegaron por mar unas 58.000 personas, de las que 56.000 desembarcaron en Italia.

El Alto Comisionado para los refugiados (ACNUR) ha valorado la sentencia como «histórica» y ha celebrado esta decisión porque «representa una orientación importante para los estados de la UE sobre el control de fronteras». Además considera que es un punto de inflexión respecto a las responsabilidades de los estados y su gestión de los flujos migratorios mixtos. Este organismo, adscrito a Naciones Unidas, destaca la «obligación de los estados de no devolver forzosamente a personas hacia países donde pueden ser objeto de persecución o sufrir daños graves».

Es la segunda sentencia de este Tribunal contra un país por violación de derechos humanos de inmigrantes. En febrero de 21002 condenó a Bélgica por el caso Conka que supuso la exulsión de unos 70 gitanos eslovacos en 1999.