Los condenados son los científicos que formaban parte de la Comisión de Grandes Riesgos y se les acusa por haber realizado «una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión y a los deberes de prevención y precisión del riesgo sísmico».
En 2009 la región italiana de los Abruzos registró una serie de movimientos sísmicos, a los que los miembros de esa Comisión restaron importancia. Una semana después de su dictamen se produjo un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter de dramáticas consecuencias en vidas humanas además de dejar a decenas de miles de personas sin casa.
Durante el juicio se han venido escuchando testimonios de vecinos que creyeron en las previsiones de los expertos y mostraban su indignación por no haber sido avisados del peligro que corrían.
La sentencia ahora provoca una fuerte reacción de rechazo en la comunidad científica. Los abogados de los condenados la han calificado de asombrosa e incomprensible y alguno ha señalado que, a partir de ahora, será más difícil que los expertos hagan públicas sus opiniones por temor a represalias legales.
Tras la polémica sentencia se ha producido una cadena de dimisiones dentro de la Comisión de Evaluación de Grandes Riesgos. El presidente, Luciamo Maiani, ha presentado su renuncia en solidaridad con sus compañeros. Le han seguido el vicepresidente del organismo, el presidente emérito de la institución, y el director del Instituto de Tecnologías de la Construcción. También el director de la sección de Riesgos Químicos y Volcánicos de la Comisión de Riesgos Naturales, el profesor Mauro Dolce.
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