El pasado 31 de octubre, varias decenas de afectados por las hipotecas basura comercializadas por la financiera UCI, instrumento de colocación de dichos productos utilizado por los bancos Santander y BNP Paribas, presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa continuada, delito contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal por la venta de dichos productos tóxicos. Es la primera denuncia penal interpuesta por la comercialización de hipotecas subprime en España, y ha contado con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En un acto convocado por la PAH este miércoles, los abogados asociados a la plataforma han detallado la supuesta red criminal a través de la que operaban dichos bancos para colocar sus productos de hipotecas basura, en lo que han calificado de «estafa sistemática y masiva por comercialización de productos tóxicos».

Entre otras cosas, han criticado la situación de impunidad de la que gozan dichas entidades bancarias y la UCI ante lo que consideran una «estafa generalizada» y una «gestión temeraria del riesgo financiero poniendo en peligro los bienes patrimoniales de particulares con ánimo de lucro», en palabras del abogado Rafael Mayoral.

Mayoral también se ha referido a la «ley del silencio frente a un sistema financiero responsable de la crisis y los sufrimientos de miles de ciudadanos en España». Más adelante, se ha detenido en las prácticas de la financiera UCI en cuanto a la captación de los clientes -por medio de las llamadas «cuotas anzuelo»-, así como de las diferentes irregularidades en su gestión -como la omisión de los certificados de tasación de las viviendas o el aumento sistemático de la deuda contraída por el titular de la hipoteca mediante trucos financieros-, y ha explicado la compleja red de empresas que supuestamente actuaban en connivencia con estos «intereses usurarios» por parte del Santander y el BNP Paribas.

Finalmente, ha hecho un repaso a los distintos productos que comercializaba UCI, especialmente a jóvenes, población inmigrante o a personas con intención de cambiar de casa con escasa solvencia económica. En este punto ven un claro paralelismo con el caso de las hipotecas subprime americanas, en las que el público objetivo de dichos productos respondían al perfil «Low doc» o «No doc», es decir, personas cuya solvencia en la devolución del crédito era, cuanto menos, dudosa. Por esto, entre otros motivos, entienden que los productos comercializados por UCI se vendieron siguiendo la misma operativa que en los EE.UU, una práctica que fue la detonante de la crisis financiera y económica mundial.

Los abogados presentes en el acto, el citado Mayoral y Javier Rubio, han afirmado que ven «indicios claros de delito que deberán ser investigados» en las actividades de UCI. La denuncia, que fue presentada el pasado 31 de octubre, ya ha sido admitida a trámite y está a la espera del nombramiento de un juez para su desarrollo.