La Comisión Europea ha denunciado a cinco Estados miembros, a los que pide que pongan fin a los tratados bilaterales de inversión que mantienen. Los tratados bilaterales de inversión son acuerdos que establecen las condiciones de inversión privada para que las empresas que invierten en un país no se vean perjudicadas por las leyes de este. Es muy similar, pero dentro del ámbito comunitario, a las negociaciones del ISDS que la UE está realizando con EE UU.

Muchos de estos tratados bilaterales de inversión intra-UE se celebraron en la década de los 90, antes de las ampliaciones de 2004, 2007 y 2013. En su mayoría tuvieron lugar entre Estados miembros de la UE y Estados que pasarían a ser de la «UE 13».

El objetivo era tranquilizar a los inversores, es decir, reforzar la protección de los inversores, por ejemplo mediante indemnización por expropiaciones y procedimientos de arbitraje para la resolución de conflictos de inversión.

Desde la ampliación, esas garantías «extraordinarias» se hicieron innecesarias, puesto que todos los Estados miembros están sujetos a las mismas normas de la UE en el mercado único, incluidas las relativas a las inversiones transfronterizas (en particular, la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales). Todos los inversores de la UE se benefician, asimismo, de la misma protección gracias a la normativa de la UE (por ejemplo, no discriminación por razón de la nacionalidad).

Mientras que los tratados bilaterales de inversión entre países de la Unión solo benefician a los inversores de algunos Estados miembros y eso es incompatible con la legislación de la UE.

La Comisión ha decidido pedir a cinco países: Austria, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia, que pongan fin a los tratados bilaterales de inversión que tienen en vigor con otros Estados miembros . No es la primera vez. La Comisión lleva varios años diciendo sistemáticamente a todos los Estados miembros que los rescindan.

Dado que la mayoría no ha hecho caso, solamente Irlanda e Italia, pusieron fin a todos sus tratados bilaterales en 2012 y 2013, respectivamente, la Comisión inicia ahora la primera fase de los procedimientos de infracción contra cinco de ellos. Al mismo tiempo, que solicita información e inicia un diálogo administrativo con los 21 Estados miembros restantes, entre ellos España, que tienen tratados bilaterales de inversión intra-UE aún en vigor.

Jonathan Hill, comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha dicho que «los tratados bilaterales de inversión intra-UE están obsoletos»y ha añadido que «la Comisión está dispuesta a estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo para la mediación rápida y eficiente en las controversias en materia de inversiones».

En la actualidad quedan en vigor unos 200 tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se remontan a la década de los 90, cuando uno o ambos países no eran todavía miembros de la UE.

En las cartas de emplazamiento, la Comisión hace hincapié en que ssolo se refiere a los tratados bilaterales que los Estados miembros mantienen entre sí, y no afectan a los tratados de inversión que ellos o la UE puedan tener con terceros países, a los que se aplican otras consideraciones.

Resulta curioso que estos tratados bilaterales que no se utilizaron mucho durante los primeros años están repuntando ahora. Un procedimiento reciente es el asunto Micula. El Tribunal de arbitraje ha ordenado a Rumanía que pague daños y perjuicios a un inversor sueco, sin tener en cuenta la normativa de la UE que dice que eso sería una subvención del Estado.