«Ha sido un Consejo de Justicia histórico» ha dicho el ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, quien ha señalado que «se ha situado a las víctimas en el corazón de Europa y, especialmente, a las mujeres que sufren la violencia».

En el Consejo se ha puesto de manifiesto las diferencias que, desde un principio, han existido entre la comisaria de Justicia, Viviane Reding y la decisión española de impulsar la euroorden.

La comisaria Reding se ha opuesto a la propuesta española por considerar que sigue una base jurídica inadecuada. A su juicio, eso hará que perjudique a las víctimas y beneficie a los abogados al aumentar el número de litigios. En el debate público ha calificado de «lío» el proceso de aprobación, incluso ha propuesto a última hora una enmienda que el ministro español ha rechazado con un frío «Gracias comisaria, pero no».

La vicepresidenta de la Comisión Europea ha amenazado con llevar la euroorden al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si se aprueba finalmente. Cosa que deberá hacerse después de que sea examinada por el Parlamento Europeo junto al Consejo de la UE dentro del procedimiento de «codecisión». El trámite llevará la adopción formal al próximo Consejo de Justicia e Interior que se celebrará ya bajo presidencia belga.

Durante el debate público, todos los Estados miembros apoyaron el objetivo político de la propuesta española de proteger a las víctimas en cualquier país de la Unión y 16 respaldaron explícitamente el texto. Siete países, Alemania, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa, Hungría y Reino Unido, que alegaba que el nuevo gobierno no había tenido tiempo suficiente para estudiar el texto, se oponían formando una minoría de bloqueo suficiente para que la ley no pasara.

No obstante, España decidió seguir adelante basándose en una disposición del Tratado de Lisboa que permite que Reino Unido se tome un «plazo razonable» para decidir. Si cuando se cumpla ese plazo el Gobierno británico no apoya la euroorden, los demás países podrán tomar su decisión sin tenerlo en cuenta. Eso sucede porque Londres tiene una exención que le permite decidir participar o no en las decisiones de Justicia e Interior por lo que está previsto un mecanismo que impide que pueda bloquear las decisiones indefinidamente.

En 2008 se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos en toda la UE. Aunque no hay datos de las personas que se trasladan de un Estado a otro. La presidencia española calcula que si sólo fuera un 1% del total ya serían 1.108 casos al año, que justificarían con creces la euroorden.

Los ministros han aprobado también una norma que refuerza la lucha contra la trata de seres humanos, una directiva para que las parejas internacionales puedan elegir la ley por la que se regirá su divorcio y un mandato por el que se pueda someter la normativa comunitaria al Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.