Una amnistía a detenidos y convictos de alto nivel y el indulto al preso político más famoso de Rusia no logran parar las críticas sobre el dudoso respeto a los derechos humanos en este país.

El exmagnate del petróleo Mijaíl Jodorkovsky llegó a Berlín el domingo 22 tras ser liberado el viernes de una penitenciaria próxima a la frontera con Finlandia, donde estaba recluido. Quien fuera considerado el hombre más rico de Rusia ha pasado más de 10 años en la cárcel por lo que muchos consideran un proceso judicial por motivos políticos, que implicó que fuera a juicio dos veces por delitos económicos.

Una amnistía para miles de presos ha sido decretada por el parlamento en el marco de las celebraciones de los 20 años de la Constitución rusa.

Se aplica, entre otros, a los 30 del Ártico, 30 activistas de Greenpeace que estuvieron tres meses detenidos, acusados de vandalismo por abordar una plataforma petrolera rusa el 18 de septiembre, y a dos integrantes de la banda de punk rock Pussy Riot, que cumplían una sentencia de dos años por una actuación de protesta contra el presidente Vladimir Putin en una catedral de la Iglesia Ortodoxa rusa de Moscú.

Pero esta ola de clemencia judicial no es una señal de mejora del pésimo historial de derechos humanos de este país, según dicen los críticos del gobierno.

«No se corrige la forma en que las autoridades han abusado del sistema judicial para castigar a los opositores políticos e intimidar a sus críticos», dice la activista Rachel Denber, subdirectora de la división de Europa y Asia Central del grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

Desde que Putin regresó a la Presidencia en 2012, organizaciones nacionales e internacionales afirman que se ha producido una ofensiva sin precedentes contra los derechos y las libertades, que ha provocado indignación dentro y fuera de las fronteras.

Gobiernos y organizaciones internacionales de derechos humanos reaccionaron con ira ante una ley reciente que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas desde el exterior a declararse «agentes extranjeros» o tener que hacer frente a su cierre efectivo y un posible proceso penal, así como ante la norma que prohíbe la promoción de la homosexualidad.

La misma reacción generaron los arrestos de los 30 del Ártico y el encarcelamiento de las integrantes de Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyojina, ambas madres jóvenes.

Las organizaciones internacionales también reclamaron en reiteradas ocasiones la libertad de Jodorkovsky, cuya condena y prisión son un recordatorio del tratamiento que el gobierno propina a sus opositores políticos y lo que puede sucederle a quienes no acaten la línea del Kremlin.

Estos y otros abusos se destacan cada vez más mientras el país se prepara para organizar en febrero los Juegos Olímpicos de Invierno en la localidad de Sochi, junto al mar Negro.

Jefes de Estado de varios países occidentales han confirmado que no asistirán a esos juegos. Si bien no todos lo han manifestado directamente, la inasistencia se considerará una protesta por lo que parece una activa represión de los derechos humanos rusos.

Algunos observadores estiman que la amnistía de los 30 del Ártico y de Tolokonnikova y Alyojina es sobre todo un ejercicio de relaciones públicas. «Las autoridades rusas son blanco de gran parte de las críticas internacionales por el empeoramiento de los derechos humanos», señala el director adjunto para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Denis Krivosheev.

«Si bien no nos corresponde señalar qué ha motivado con exactitud esta ley de amnistía, parecería que guarda relación con las crecientes críticas previas a los Juegos», agrega.

En la propia Rusia también algunos medios de comunicación y analistas han relacionado los juegos de Sochi con la amnistía y el indulto a Jodorkovsky. «El indulto está en conjunción con la amnistía... ejerce un impacto positivo en la imagen de Rusia», afirma la analista política Lilit Gevorgian, del sitio web de noticias RBCDaily.ru, en un artículo titulado «Mijaíl Jodorkovsky consigue una entrada olímpica».

«Esto es especialmente importante en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en los que Rusia ha invertido un montón de dinero», agrega.

Putin niega motivos ulteriores. En una conferencia de prensa anual celebrada en Moscú el jueves 19, el presidente dijo que los arrestos de los manifestantes de Greenpeace deben «servir de advertencia» para que nadie intente una acción similar, e hizo hincapié en que la amnistía no es «la modificación de la decisión del tribunal» de enviar a la cárcel a las integrantes de Pussy Riot.

También explicó que el indulto al magnate Jodorkovsky responde a motivos humanitarios.

Para los activistas, la amnistía y los indultos no bastan. «El perdón a Jodorkovsky no es lo mismo que ponerlo en libertad sin condiciones. Los cargos no se extinguen. No se ponen las cosas en limpio, el juicio a Jodorkovsky fue injusto y por motivos políticos», asegura la encargada de prensa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Lydia Arroyo.

Ben Ayliffe, responsable de la campaña de Greenpeace contra la extracción de petróleo en el Ártico, ha expresado una opinión similar. «Si bien es un alivio que los 30 del Ártico sean liberados, no vamos a abrir botellas de champán para celebrarlo. En primer lugar, nunca debieron ser arrestados ni detenidos. Los cargos en su contra eran una fantasía».

No hay señales de que vaya a amainar la represión del Kremlin contra las ONG y los activistas.

La semana pasada, un tribunal informó al destacado grupo antirracista Memorial y Centro Antidiscriminación, con sede en San Petersburgo, que debería registrarse como agente extranjero.

Mientras, la policía ha registrado las casas y confiscado computadoras y teléfonos móviles a activistas que promueven los derechos de las minorías en la región de Krasnodar, donde se encuentra Sochi. Algunos de ellos se habían referido a los abusos relacionados con los Juegos Olímpicos.

Asimismo, permanecen en prisión muchos de los 27 de Bolotnaya, detenidos tras las protestas callejeras el año pasado contra Putin en la plaza Bolotnaya de Moscú. Estas personas podrían recibir condenas de 13 años de prisión por disturbios masivos y violencia contra funcionarios públicos, a pesar de la escasa evidencia para probar esos cargos.

La detención de los manifestantes de Bolotnaya es sintomática de la política rusa de derechos humanos, según los activistas.

«Que no se les libere de forma inmediata e incondicional, como a otros presos de conciencia, significa que las autoridades siguen haciendo caso omiso de los derechos humanos fundamentales»,sostiene Krivosheev, de Amnistía Internacional.