Estas últimas marchas constituyen la tercera movilización de carácter nacional para oponerse al proyecto minero desde el 1 de este mes, y son las que más cantidad de gente han atraído. Pequeños grupos protestan a diario en Bucarest, en la ciudad occidental de Cluj y en otras urbes.

Las manifestaciones estallaron cuando el gobierno presentó, el 27 de agosto, un proyecto de ley para conceder facultades extraordinarias a la promotora de la explotación aurífera, Rosia Montana Gold Corporation, en cuyo paquete accionario tiene mayoría el grupo canadiense Gabriel Resources.

Según la iniciativa, la empresa puede desplazar a habitantes cuyas viviendas estén en el perímetro de la mina y las autoridades estatales deben facilitar a la firma todos los permisos necesarios en plazos preestablecidos, sin considerar la legislación nacional, pronunciamientos judiciales o exigencias legales de audiencias públicas.

Gold Corporation quiere construir la mayor mina aurífera de Europa en Rosia Montana, en el noroccidental condado de Alba, para extraer 300 toneladas de oro y casi 1.600 de plata en 17 años. La operación implicaría desmantelar tres aldeas y destripar cuatro montañas.

En total, se emplearían 12.000 toneladas de cianuro por año y se producirían 13 millones de toneladas anuales de residuos, según una presentación del proyecto que la empresa entregó al Ministerio del Ambiente.

El proyecto de ley está destinado a dar luz verde a la explotación, algo que Gold Corporation no pudo conseguir en los últimos 14 años de intentos infructuosos de obtener todos los permisos necesarios.

En 2004, la Academia Rumana de Ciencias –el organismo científico más importante del país— exhortó a que se descartara el proyecto, pues sus costos ambientales y sociales superarían los beneficios económicos.

Además de la contaminación y el desplazamiento de las aldeas, la explotación de oro pondría en peligro el patrimonio cultural de Rosia Montana, una zona minera que data de los tiempos del Imperio Romano.

De las 3.000 personas que viven en el área, cientos de ellas llevan años de oposición al proyecto. Crearon la organización no gubernamental Alburnus Maior y litigaron con éxito a la empresa y a las autoridades.

Un elemento que contribuyó a ampliar la simpatía del público con el movimiento fue la evidente alianza que Gold Corporation forjó con políticos de todo el arco partidario y con medios masivos de comunicación.

Archirrivales políticos como el presidente centroderechista Traian Basescu y el primer ministro socialista Victor Ponta se declararon varias veces a favor de la mina.

La mayoría de los grandes medios se beneficiaron con publicidad de Gold Corporation, mientras no informaban sobre los argumentos contra la explotación.

En un país donde la corrupción es una característica notable de la vida pública, este consenso en favor de la mina huele a pacto encubierto.

El discurso público que predomina sobre Rosia Montana es que la minería del oro creará empleos y aportará ingresos al fisco.

Según el último acuerdo entre el gobierno y la empresa –adjunto al proyecto de ley del 27 de agosto— Gold Corporation emplearía a 2.300 personas durante los dos años de la etapa de construcción y a 900 en la fase de explotación, de 17 años.

Durante todo la operación, las arcas del Estado recibirían 2.300 millones de dólares, mientras otros beneficios para la economía rumana ascenderían a 2.900 millones de dólares.

Las protestas se dirigen ahora al parlamento, que tiene en sus manos determinar la suerte de Rosia Montana. Si el proyecto se convierte en ley, la construcción puede comenzar de inmediato, aunque se presente una demanda de inconstitucionalidad para la cual existen fundamentos, según un comité judicial del Senado que emitió una opinión negativa sobre el texto.

«No podemos decir qué pasará, pero sí que seguiremos peleando y que unidos salvaremos Rosia Montana», dijo a IPS el dirigente de Alburnus Maior, Eugen David. «Estamos sitiados, pero le pondremos fin al sitio».

Las manifestaciones son notablemente poderosas para un país como Rumania. Y desde el comienzo las ha acompañado la desinformación.

Los principales canales de televisión las ignoraron al principio, pese a su tamaño. El 10 de septiembre, los medios anunciaron erróneamente que el Senado había rechazado el proyecto. Y el primer ministro Ponta declaró que no era posible ir contra la voluntad popular, para concluir que seguía apoyando la iniciativa.

Pese a todo, los manifestantes –que se organizan en una estructura horizontal y no tienen líderes oficiales— lograron mantener al público informado e interesado a través de Facebook.

Las marchas semanales atraviesan durante horas distintos vecindarios con el fin de divulgar las denuncias y mostrar que los manifestantes no son los «hooligans» (hinchas violentos de fútbol) que describe la televisión.

La estrategia parece haber funcionado, a la luz de las multitudes reunidas el domingo. A los jóvenes, que abundaban en las primeras protestas, se fueron sumando sus padres y otros manifestantes de mayor edad, cada vez más visibles.

Tras 15 días de inteligentes acciones callejeras, la presencia policial del domingo fue apenas simbólica.

«Es interesante que este malestar comenzó por una causa ambiental, pero ahora es mucho mayor», dijo a IPS un activo participante, Claudiu Craciun. «Es por el derecho de la gente a mantener sus propiedades, por el deber de salvaguardar un patrimonio que no nos pertenece solo a nosotros, sino al mundo y a las futuras generaciones», agregó.

«El caso de Rosia Montana, en el que vemos una ley hecha a medida para servir los intereses de una corporación, expone varias fallas de las instituciones democráticas como del sistema económico capitalista», estimó Craciun.

«Esta es una batalla del presente y para las próximas décadas», añadió. «Ilustra el fin de las divisiones posteriores a 1989 (comunismo versus anticomunismo, europeísmo versus antieuropeísmo) y la aparición de otras nuevas», opinó Craciun.

«El pueblo se está enfrentando hoy a una clase política corrompida que se apoya en las corporaciones y en medios agotados, y reclama un mejor proceso democrático, que incluya la democracia participativa en los mecanismos tradicionales», aseveró.