Los rumanos se movilizan contra un plan de ajuste previsto por el gobierno que va a llevar a la población a acentuar su pobreza, la segunda mayor de la UE, sólo por delante de Bulgaria. El gobierno ha anunciado unos recortes de salarios para los funcionarios del 25 % y del 15 % para las pensiones para evitar la bancarrota. En Rumanía el salario mínimo es de 140 euros y la pensión mínima, de 85 euros.

Este miércoles Bucarest estaba cercada por la policía cuando unos treinta mil rumanos se manifestaban para expresar su protesta por las medidas de austeridad. Los sindicatos tienen prevista una huelga general para el 31 de mayo, un día antes de que el Parlamento apruebe el plan. Responsabilizan al gobierno de centro, elegido hace sólo seis meses, de corrupción e ineficacia para superar la recesión.

Pero Rumania no forma parte de la eurozona y esta crisis importa menos. El gobierno de Bucarest se somete a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 20.000 millones de euros.

El FMI quiere un plan creíble que mejore los datos financieros de Rumania, aunque no son de los peores de Europa. Su déficit fue en 2009 de un 7,2% del PIB y el organismo internacional pide que llegue este mismo año al 6,8 %. Según sus previsiones, si no el gobierno no lleva a cabo el ajuste, llegaría hasta el 9%.

Además de estos recortes, el gobierno rumano se propone reducir el sector público, que emplea a un tercio de la población activa, en un 4%, con lo que 60.000 funcionarios podrían perder su empleo. El paro se sitúa ahora en el 8%. euroXpress