Rumanía vive desde hace un mes, una guerra abierta entre instituciones y políticos. La coalición de centro izquierda, dirigida tanto por el primer ministro, Victor Ponta, como por el presidente interino, Crin Antonescu, están enfrentados al presidente de centro derecha suspendido en sus funciones, Traian Basescu. Este lunes dimitía el ministro de interior, organizador del referendo de destitución de Basescu y el Tribunal Constitucional ha pedido protección al Consejo de Europa «para proteger su independencia».

El Tribunal Constitucional tiene hasta el 31 de agosto para decidir si valida o no el resultado del referendum sobre la destitución por parte del Parlamento del presidente Basescu, que si se confirman los resultados provisionales acabaría invalidado por la falta de participación (menos del 50% del censo). El Tribunal se queja de la «tremenda» presión política que sufre por parte de la clase política.

Hoy la comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha remitido una carta al primer ministro en la que urge a tomar medidas para garantizar la independencia del poder judicial. Bruselas exige que Bucarest dé marcha atrás en los decretos de urgencia que aprobó para rebajar las atribuciones del Tribunal Constitucional, que evite las presiones políticas sobre el sistema judicial y que intensifique la lucha contra la corrupción, entre otras iniciativas.

El Gobierno rumano ha respondido hasta ahora a las quejas de la UE garantizando la independencia del alto tribunal, aunque antes de la votación del día 29 Ponta trató de recortar los poderes del Constitucional y amenazó con sustituir a varios de sus magistrados. Solo la presión conjunta de la Comisión Europea, Estados Unidos y Alemania consiguieron que abandonase esa idea.

El ministro de interior rumano, Ioan Rus, dimitió al tiempo que denunciaba esa misma presión, que llegó a calificarla de «inaceptable». Su dimisión supuso una remodelación más amplia del ejecutivo, la ministra de exteriores, Mircea Dusa, ocupó la cartera vacante, el ministro de Justicia, Titus Corlatean, pasó a Exteriores y la jueza Monica Pivniceru le sustituirá en Justicia.

El primer ministro socialista, Victor Ponta, de la Unión Liberal Social (USL), trata de echar de la presidencia del país al conservador Basescu, a quien acusa de abuso de poder para bloquear la aprobación de leyes, pero la Unión Europea considera que algunas de las decisiones del Gobierno no son propias de un sistema democrático y se muestra preocupada tanto por la situación política como por la económica, ya que el leu, la moneda rumana, ha llegado a mínimos históricos, desde que entrara en la UE en 2007, y podría perjudicar la maltrecha economía del país.