«Cuando Margaret Thatcher ejercía como Primera Ministra, hubo un período en el que los halcones que ella había puesto en el gobierno le pedían que privatizara la BBC. Ella estaba en contra del canon (*que pagan todos los británicos por el servicio audiovisual público). Lo calificaba de «impuesto retrógrado».
«Thatcher repetía que la BBC estaba contra ella porque que era un medio izquierdista; pero nunca dio pasos para acabar con la BBC, aunque siguiera criticándola durante sus años en el poder». Éstas palabras de nuestro colega John Barsby (periodista de la BBC) forman parte de la conferencia inaugural que pronunció en la Universidad de Valencia (España) el pasado día 8 de mayo, en un acto organizado por el Global Network for Rights and Development (GNRD).
Barsby no solo es un veterano del periodismo radiofónico, también preside el Broadcasting Experts Group de la Federación Europea de Periodistas (la rama europea de la FIP). En esas palabras se mide la visión recíproca (y el respeto) entre dos instituciones fundamentales del Reino Unido: su gobierno (de cualquier signo) y la British Broadcasting Corporation (BBC), que funciona –no siempre, pero con frecuencia- como contrapoder social.
La BBC, un contrapeso socialmente aceptado
Se trata de un contrapoder, no hay que olvidarlo, que financian los ciudadanos mediante la «license fee», un canon que existió brevemente en España, en la prehistoria audiovisual del régimen de Franco. A largo plazo, esa supresión ha generado no pocos problemas relativos a la financiación y a la estabilidad de los medios públicos. La democracia nunca lo ha remediado de manera aceptable. Ni la financiación variable e insuficiente, ni la dependencia política, han desaparecido del panorama.
El encuentro celebrado en la vieja universidad valenciana ha tratado de las interferencias políticas, de la precariedad de las radiotelevisiones públicas, de su debilidad ante poderes que piensan, maquiavélicamente, en ejecutar lo que ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a hacer. El cierre de RTTV (Canal 9) y de la griega ERT son el ejemplo de una frontera que la Dama de Hierro no traspasó, seguramente por entender que la BBC (el modelo BBC) formaba y forma parte de una cierta manera de entender la democracia. Porque en nuestra Europa, como en otros países, los hábitos democráticos son tan importantes como las leyes de todas las democracias constitucionales.
Calidad democrática y medios públicos
«La diferencia entre unos y otros es la calidad de la democracia», dijo a continuación Rosa María Calaf (experiodista de TVE). Calaf se refirió al modelo, muy distinto, de televisión pública en Estados Unidos, que no ocupa el espacio inmenso de la BBC; pero donde no ha desaparecido el criterio de que la radiotelevisión pública está para defender «los intereses del público, de la sociedad plural». Tanto Barsby como Calaf dijeron que no hay defensa posible de los medios públicos sin asociar esa defensa a la sociedad civil: «Y como periodistas de esos medios, no siempre es fácil aprender qué es, cómo funciona, cómo tiene que ser la calidad informativa», señaló Calaf.
Ambos, Barsby y Calaf, no dejaron de hacer un repaso de disfunciones de las radiotelevisiones públicas en España, en Estados Unidos y en el Reino Unido (mala gestión económica, nepotismo, escándalos sexuales en la BBC, discriminaciones internas, etcétera); pero al compararlo con los modelos de los Murdoch o Berlusconi volvió a surgir en el debate la necesidad democrática del servicio audiovisual público. Es una vacuna contra los peligros de los evidentes procesos uniformizadores de las televisiones comerciales.
Otra de las razones dadas por otro de los intervinientes (Antonio Ariño, vicerrector de la Universidad de Valencia) tenía que ver con nuestro propio entorno social: «Es el medio informativo más transversal, según muy diversos estudios, el que llega a más capas sociales en las sociedades del Mediterráneo». No hay medios tradicionales o nuevos medios digitales que tengan idéntico impacto. «Otra cosa», advirtió Ariño, «es que las radiotelevisiones públicas cumplan (o no) su cometido, que se comprometan con el bien público en todos los casos».
Desastrosos cierres de RTV Valencia y de la griega ERT
En el encuentro de Valencia, había varios colegas que ese mismo día habían recibido el burofax de confirmación de su despido de RTVV (Canal 9- Radio Televisiò Valenciana). En la mesa que presidió Lola Bañón (profesora, despedida ese mismo día también por la RTVV) se trataron las propuestas para la reconstrucción de un sistema audiovisual en Valencia.
La palabra «propaganda» describió la sumisión de un cierto periodismo junto a la visión rastrera de los políticos locales, con frecuencia corruptos y/o muy corruptos. Las cesiones de éste gobierno o del anterior a los oligopolios, se mezclaron con expresiones esclarecedoras: «A los medios públicos se les puede exigir rendimiento social, no económico, porque están para estimular, para enriquecer culturalmente, para reconocer la diversidad social», dijo alguien. Otro interviniente describió la multiplicación de medios locales dispersos y aún más sumisos, que fingen llenar el vacío de RTVV en lo que -muy certeramente- se denominó «periodismo consistorial».
Naturalmente, según el periodista Vicent G. Davis (despedido definitivamente de RTVV el mismo día del debate), la pérdida del único medio audiovisual importante que emitía en catalán/valenciano en la región, es lo que despertó a amplios sectores sociales que se movilizaron en defensa de Canal 9. La lengua es identidad fundamental para la ciudadanía y para la cultura. Y a veces, la catástrofe solo se mide bien cuando ya ha sucedido, aunque nadie olvide una historia previa de manipulaciones de su línea informativa, ni los manejos de quienes lo llevaron al cierre, después de usar el medio público como si les perteneciera en exclusiva. Davis subrayó las similitudes de RTV -Valencia con el caso griego y la ERT.
La ERT/NERIT de Grecia como antimodelo
«Contra lo que se repite, el cierre de la ERT no fue una orden de la troika al gobierno griego», dijo Babis Kokosis, periodista víctima de ese proceso, que se identifica complemente con sus colegas valencianos. «El propio gobierno griego quería agradar, cumplir con la troika, y disparar contra la ERT les pareció perfecto, un objetivo fácil».
Kokosis señaló otro elemento similar: antes del cierre, el propio gobierno que controlaba la radiotelevisión pública impulsó una campaña de desprestigio contra ella. Se trataba de dejar el campo expedito a los oligopolios, de profundizar en la sumisión de los medios y de los periodistas, de abrir el campo a medios privados para terminar financiándolos con dinero público.
En Grecia, una parte de los antiguos trabajadores de la ERT (unos 500) siguen batallando por un modelo audiovisual público decente. Emiten desde una quincena de emisoras de radio, en diversas ciudades, y difunden por la Red un programa de televisión que se produce en Tesalónica. Babis Kokosis (14 años en la vieja ERT) está en esa batalla cívica: «Había una cadena que quiso reemitir nuestra señal, pero las autoridades la suprimieron cuando llevaba 20 minutos de emisión».
En Grecia, los seis canales privados pertenecen a magnates de la construcción o de la marina mercante. Desde el 4 de mayo, la nueva radiotelevisión pública (NERIT) finge renacer de las cenizas de la anterior (ERT). Se trata de una miniatura que no engaña a nadie. Los contestatarios como Babis, se agrupan bajo la denominación ERA, que recuerda a la radiotelevisión pública anterior a la intervención del país por parte de la troika.
La situación sigue confusa. En el período que media entre la apertura de NERIT y la vieja ERT, el gobierno mantuvo abierta (durante algunos meses) la DT, donde trabajaron técnicos y contratados que (en muchos casos) habían sido despedidos antes de la ERT. Las condiciones contractuales, naturalmente, fueron muy diferentes: contratos de dos meses renovables, salarios mucho menores, muchísimos menos derechos laborales. Además, dice Kokosis, «NERIT alquila el personal que fue contratado para DT. Legalmente, NERIT no tiene personal propio». Los bienes de la vieja radiotelevisión pública fueron transferidos al ministerio de economía, que nombró a continuación un «liquidador». En los nuevos contratos, según las más diversas voces, el clientelismo y el nepotismo están muy presentes.
Las autoridades anuncian la ampliación continua de NERIT para el campeonato del mundo de fútbol de Brasil. Y hay que decir que su apertura a primeros de mayo, parece haber tenido que ver con un ultimátum de la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU): «Había que salir al aire antes del festival de Eurovisión», dice Teodoro Fortsakis (Le Monde, 8 de mayo), presidente del Consejo de Vigilancia de NERIT.
En el modelo NERIT, no falta incluso una primera crisis esclarecedora, la expulsión furibunda (por parte de sus colegas) de Georges Prokopakis, presidente del Consejo de Vigilancia de la ERT: «Me opuse a la falta de transparencia y al compadreo del Consejo de Administración», declaró el expulsado Prokopakis.
Ingrid Deltenre, que preside la UER, ha dejada clara la perspectiva (Le Monde, 8 de mayo): «No parece haber ninguna voluntad política de relanzar el sistema audiovisual público de Grecia, aunque estemos ante una obligación legal en Europa». Para Deltenre, «la calidad de los programas de NERIT es insuficiente. No nos permite aceptarlos ahora mismo como servicio público que cumple su misión de pluralismo informativo, contenido cultural suficiente, tampoco lo cumple en sus documentales o programas de ficción, que creemos indispensables. Estamos a la espera. Hasta octubre no nos pronunciaremos sobre esta nueva radiotelevisión pública de Grecia».
Implicar a la sociedad civil
De modo que tras escuchar en Valencia los debates (muy enriquecedores) sobre televisiones públicas, seguimos pensando que hay razones sociales para defender los medios audiovisuales públicos y que es imprescindible vincularlos a la sociedad civil, tanto como distanciarlos de las malas prácticas de una cierta clase política. Thatcher no se atrevió con la BBC porque se habría enfrentado entonces a la mayor parte de la opinión pública británica.
Barsby se refirió a la coalición de grupos, entre ellos la National Union of Journalists (NUJ), el gran sindicato unitario de los periodistas al que él pertenece, en defensa de la BBC. «Porque la sociedad civil es un elemento decisivo. En el Reino Unido, por ejemplo, tratamos de reunir a todos los grupos y organizaciones que defienden el Sistema Audiovisual Público. No nos costó mucho reunir a unos 40 de esos grupos ciudadanos. Desde luego, ahí están los sindicatos, la Campaña por la Libertad de Prensa y Radiodifusión y las asociaciones de usuarios de radio y televisión. En conjunto, forman un gran grupo de presión. Pero están también diversos líderes religiosos, grupos feministas y organizaciones de mayores. Al fin y al cabo, para ellos la radio y la televisión pueden llegar a ser su único contacto verdadero con el mundo».
