«Las azoteas son esenciales para nosotros porque solo desde allí podemos documentar la brutalidad de la policía marroquí», nos explica Ettanji. Este joven de 26 años es uno de los líderes del Equipe Media, un grupo de voluntarios saharauis que luchan por romper el bloqueo informativo impuesto por Rabat sobre Sahara Occidental.

«Aquí no hay agencias de noticias y a los periodistas extranjeros se les niega el acceso, e incluso se les deporta si visitan la zona», añade el activista.

El español Luis de Vega es uno de los muchos informadores extranjeros que pueden corroborar dicho testimonio. No en vano, De Vega fue expulsado en 2010 tras pasar ocho años de corresponsal ​​en Marruecos, y declarado persona non grata por las autoridades marroquíes.

«La cuestión del Sahara Occidental es uno de los temas más delicados para los periodistas en Marruecos y los que se atreven a cubrirlo se enfrentan inevitablemente las consecuencias», explic De Vega por teléfono desde Madrid. Ahora, establecido en la capital española, De Vega dice estar «plenamente convencido» de que el suyo fue un castigo ejemplarizante, por tratarse del corresponsal extranjero que más tiempo había pasado en Marruecos.

Este año se cumplen cuatro décadas desde que en 1975 este territorio del tamaño de Gran Bretaña fue anexionado por Rabat tras la retirada de España de su última colonia, la del Sahara Occidental. Desde el alto el fuego firmado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, Rabat ha controlado casi todo el territorio, incluyendo toda la costa atlántica.

El Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía al Hamra y Río de Oro) es la autoridad que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce como representante legítimo del pueblo saharaui. No obstante, la ONU todavía considera a Sahara Occidental como un «territorio en proceso inacabado de descolonización».

Mohamed Mayara, también miembro del Equipe Media, acompaña a Ettanji en su búsqueda de azotea. Como la mayoría de sus colegas, Mayara reconoce haber sido detenido y torturado en varias ocasiones. En cualquier caso, el constante acoso no parecer haber menoscabado su entusiasmo, aunque admite limitaciones que se suman a las inherentes a toda actividad clandestina.

«Creamos el primer grupo en 2009, pero la mayoría de nosotros trabajamos por puro instinto. No tenemos ninguna formación por lo que estamos aprendiendo periodismo sobre el terreno», apunta este saharaui nacido el año de la invasión y que redacta los informes y comunicados de prensa en inglés y francés.

Su padre, dice, desapareció en manos del ejército marroquí dos meses después de su nacimiento. No ha sabido nada de él desde entonces.

Represión sostenida

La mayoría de los saharauis vive actualmente en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia occidental. Los miembros del Equipe Media dicen mantener una «comunicación fluida» con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la autoridad establecida ​​allí y que reclama un territorio que en 75 por ciento está ocupado por Marruecos.

Además de compartir todo el material, también trabajan codo con codo junto a Hayat Khatari, la única periodista que informa abiertamente para la RASD TV, que emite desde Tinduf. A sus 24 años, Khatari recuerda que empezó a trabajar en 2010 tras los incidentes del campamento de protesta de Gdeim Izzik, a las afueras de El Aaiún.

Originalmente levantado como un campamento de protesta pacífica, Gdeim Izzik desembocó en disturbios que se extendieron a otras ciudades saharauis cuando fue desmantelado por la fuerza marroquí el 8 de noviembre.

Analistas occidentales, como el estadounidense Noam Chomsky, atribuyen el origen de la llamada «primavera árabe» a El Aaiún, y no a Túnez, como comúnmente se ha establecido.

«Tenemos que trabajar muy duro y asumir muchísimos riesgos para poder contrarrestar la propaganda difundida por Rabat sobre todo lo que ocurre aquí», subraya Khatari. La joven activista recuerda que fue detenida por última vez en diciembre de 2014. A diferencia de Mahmood al Lhaissan, su predecesor en RASD TV, Khatari fue puesta en libertad poco después de su arresto.

En un informe publicado en marzo, Reporteros sin Fronteras recoge el caso de Al Lhaissan. El activista fue puesto en libertad provisional el 25 de febrero tras ocho meses en prisión por cubrir una manifestación. Aún espera su juicio por cargos de participar en una «reunión armada,» obstruir la vía pública, daños a la propiedad y agredir a agentes de seguridad durante el desempeño de su labor.

En el mismo informe, Reporteros sin Fronteras también denuncia la detención y deportación en febrero de los periodistas franceses Jean-Louis Perez y Pierre Chautard. Ambos trabajaban en un documental para la cadena de televisión France 3 sobre la situación económica y social en Marruecos, hasta que fueron detenidos y puestos en un vuelo a París tras serles confiscado todo su material.

El arresto se llevó a cabo en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, una de las principales organizaciones humanitarias del país pero a la que el Ministerio del Interior acusa de «socavar la labor de las fuerzas de seguridad».

Asimismo, otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian de forma constante violaciones de los derechos humanos sufridas por el pueblo saharaui a manos de Marruecos durante las últimas décadas.

A pesar de repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, las autoridades marroquíes se negaron a responder a nuestras preguntas sobre estas y otras violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas en el Sahara Occidental.

De vuelta en el centro de El Aaiún, los activistas del Equipe Media parecen haber encontrado lo que buscaban. Los propietarios del apartamento elegido son una familia saharaui, como no podía ser de otra manera.

«Nunca pediríamos a un marroquí tal cosa», acota Ettanji desde la azotea, y sin quitar la vista del escenario de la próxima protesta. La fecha y el lugar exactos, dice, no pueden desvelarlos «por razones obvias».