La ley, que ha sido aprobada por el Parlamento islandés, obliga a devolver casi 4.000 millones de euros a Reino Unido y Holanda que los dos países adelantaron para indemnizar a más de 300.000 de sus ciudadanos que resultaron afectados por la quiebra del banco Icesave.

La economía de Islandia se hundió en octubre de 2008 por la bancarrota de sus tres principales bancos que acusaron de forma brutal la crisis financiera global. La opinión pública, que culpa a los banqueros del desastre, acogió muy mal esta ley y enviaron al presidente una petición con 60.000 firmas -Islandia tiene unos 320.000 habitantes- para reclamar el referendo. «Los sondeos muestran que una inmensa mayoría de la población» y «la mayoría de los diputado» son contrarios a la ley, ha dicho el presidente.

Según la Constitución de Islandia, si el presidente no firma la ley ésta debe ser sometida a la opinión de los ciudadanos. Es la segunda vez desde la independencia del país en 1944 que un presidente se niega a firmar una ley votada por el Parlamento.

El Gobierno islandés ha manifestado su decepción y ha señalado que podría tener consecuencias importantes. Además de la reacción de Reino Unido y Holanda, podría peligrar el pago de la tercera parte de un préstamo de emergencia de 2.100 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional concedió a Islandia en octubre de 2008.

La consulta a los ciudadanos debe organizarse lo antes posible ya que, la nueva ley debe entrar en vigor en la fecha prevista.