El enfrentamiento entre España y Gran Bretaña ha llegado a Bruselas. El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido a la CE que envíe observadores urgentemente para comprobar la ilegalidad de los controles en la verja. Durao Barroso ha dicho que impondrá las leyes vigentes y en las próximas horas hablará con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Cameron ha telefoneado a Barroso, según informa la agencia Reuters. En la conversación mantenida con el primer ministro británico David Cameron, el presidente de la Comisión Europea ha asegurado que no dudará en imponer las leyes vigentes de la UE a la hora de resolver la disputa sobre los controles en Gibraltar. «La Comisión Europea, como órgano vigilante de los tratados, debería investigar este asunto», ha asegurado un portavoz de la oficina del premier británico, quien en su conversación por teléfono ha trasladado su «seria preocupación por los controles 'adicionales' del Gobierno español sobre la verja que considera tienen «motivaciones políticas y son desproporcionados».
Las autoridades británicas también están reuniendo pruebas para demostrar que los controles, que han provocado las colas en el acceso al Peñón, son ilegítimos. Reino Unido, que amenazó a España con adoptar acciones legales «sin precedentes» si no ponía fin a los controles, mantiene que éstos son «contrarios a la libertad de movimiento». El presidente de la Comisión Europea se ha comprometido a hacer lo posible dentro de sus competencias para garantizar el respeto de la legislación comunitaria en la frontera entre España y Gibraltar.
Un portavoz del Ejecutivo comunitario ha confirmado que Cameron ha telefoneado a Barroso para «expresar sus opiniones sobre los acontecimientos en Gibraltar». A principios de agosto la CE propuso a las autoridades españolas la organización de una «misión técnica» para observar «sobre el terreno» los controles fronterizos en el paso a Gibraltar, y aclarar la polémica por los retrasos «supuestamente excesivos» denunciados por el Gobierno del Peñón. De hecho en septiembre tiene previsto enviar inspecciones técnicas. Hasta el mes que viene, el gobierno español no explicará en las Cortes la situación de Gibraltar.
Por otra parte la cofradía de pescadores de la Línea de la Concepción, en Cádiz, ha descartado acudir este domingo a retirar los bloques de hormigón lanzados por las autoridades del peñón de Gibraltar, y que serían, según el gobierno español, el motivo inicial de la disputa. Un ataque al medio ambiente que España no ha denunciado ante las autoridades comunitarias.
