El gobierno ecuatoriano ha conseguido que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre una cumbre extraordinaria para estudiar la enrevesada situación creada en torno a Julian Assange, fundador de Wikileaks, a quien Ecuador ha concedido asilo diplomático en su embajada de Londres y el gobierno británico quiere extraditar a Suecia, donde está reclamado por la justicia. El objetivo de la reunión de la OEA será pronunciarse sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Oeystein Maeland, jefe de la policía noruega, lleva más de un año en el blanco de las críticas de la prensa y la opinión pública del país, por su actuación el 22 de julio de 2011, cuando el ultraderechista Anders Behring Breivik acabó con la vida de 77 personas. Ha esperado a dimitir a que una comisión independiente confirmara que hubo fallos en la actuación policial y que la matanza se podría haber evitado.

La canciller alemana, Angela Merkel, parece dispuesta a romper su imagen de insolidaria con los países de la eurozona que atraviesan dificultades. Sin desdecirse de nada, en Canadá, ha asegurado ahora que el presidente del BCE acertó al decir que haría todo lo necesario para salvar el euro, lo cual se entendió como una posible compra de deuda española e italiana y fue un grito en el cielo de Alemania.

La amenaza de las autoridades británicas de detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, ha provocado un conflicto diplomático entre los dos países. Un portavoz del ministerio de Exteriores del Reino Unido asegura que tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia. Ecuador responde que un asalto a su embajada sería un acto hostil, un atentado a su soberanía.

Oficialmente hay 2,5 millones de parados en Alemania, un 6,8% de la población activa, que supone una de las tasas más bajas de la Unión Europea. Lo que no se suele contar es que además hay casi otros 7,5 millones de personas que buscan un trabajo o quieren ampliar el que ya tienen.

El gobierno español quiere que los titulares de participaciones preferentes recuperen el total de su inversión, pero el memorándum de entendimiento para el rescate bancario español exige que también ellos participen en el saneamiento de las entidades que reciban fondos públicos. Ahora Madrid negocia con Bruselas una fórmula para, al menos, limitar las pérdidas.