El Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto (RD) que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y permite que Garoña pida su reapertura. Este decreto debería mejorar la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad, pero paradójicamente se utiliza ahora para tramitar la reapertura de las instalaciones nucleares y radiactivas un año después de ser clausuradas, reduciéndose las garantías de seguridad. Ecologistas en Acción denuncia una nueva cesión a las empresas eléctricas.
El RD da un año a las instalaciones nucleares y radiactivas de primera categoría para pedir su reapertura después de su clausura. La aprobación, realizada hoy en Consejo de Ministros, resulta escandalosa porque viene a modificar una pieza tan importante de la reglamentación nuclear como el RINR a la medida de Garoña. Así, para favorecer a una empresa (Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola al 50%), se abre un importante boquete en la seguridad al permitir que las instalaciones soliciten su reapertura abreviando los procedimientos habituales que daban mayores garantías sobre el estado de las instalaciones. La merma de seguridad se producirá por la reducción de plantillas y por la rebaja de los protocolos de seguridad para ahorrar gastos.
Esta modificación abre la puerta a revertir el cierre cuando este supuestamente se produzca «por motivos económicos» y no de seguridad. Pero resulta claro que la forma de llevar cualquier instalación a los niveles de seguridad requeridos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es invertir más dinero. En efecto, Garoña tendría que invertir más de 130 millones de euros para realizar los cambios requeridos por las pruebas de estrés y del propio CSN.
Hasta la fecha, el Gobierno ha dado varias oportunidades a Nuclenor para mantener la central en funcionamiento. Y sin embargo a la empresa no le ha interesado, quedando al final el Ejecutivo como el principal interesado en la continuidad de Garoña, porque empeñó su palabra política. Con ese fin revocó la orden de cierre de 2009 y llegó a obligar al CSN a emitir un dictamen sobre el estado de la central en cinco días, dañando la reputación de este organismo regulador. Pero, a pesar de todas estas cesiones del Gobierno, es muy probable que Nuclenor siga sin tener interés en reabrir la central, puesto que su lamentable estado supone en sí mismo una gran incertidumbre tecnológica.
Cabe preguntarse el motivo, entonces, de esta presión de Iberdrola y Endesa para que se promulgue el Real Decreto. La explicación más plausible está en que Garoña es la moneda de cambio que la industria nuclear española está usando para conseguir «mejorar» el régimen legal de las centrales nucleares. El sector nuclear presiona para que se elimine el impuesto sobre los residuos de alta actividad y para que se prolongue la vida de las plantas a 60 años. Dos extremos que resultan muy problemáticos porque el impuesto fue propuesto por la Comisión Europea y la vida útil de una central la debería dictaminar el CSN, y no el Gobierno. N. de P.
