El nombramiento de Gallardón generó ciertas expectativas, al tratarse de un político de cierto peso en el Gobierno, a diferencia de otros ministros anteriores. Al encontrarse en un ejecutivo con mayoría absoluta, resultaba evidente que tenía la posibilidad de efectuar la importante transformación que necesita nuestro sistema judicial. Sin embargo, pronto estas expectativas quedaron frustradas, ante la actuación de un ministro que desde el principio mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección personal.
Gallardón no se ha sabido centrar en la modernización de las estructuras judiciales, pero sí que lo ha hecho en el recorte de elementos esenciales del servicio público, como la implantación agresiva de unas tasas que han vulnerado seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la población. Del mismo modo, de manera innecesaria ha procedido a la privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles. Además, ha aplicado recortes de gran intensidad a una administración de justicia que ya contaba con unos recursos manifiestamente insuficientes.
Por otro lado, diseñó un Consejo General del Poder Judicial al servicio del poder político, en clara vulneración del papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un Estado de Derecho. Y esta actuación resulta especialmente reprochable en un momento en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción.
En materia de libertades impulsó una reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. Pero el ataque a los derechos más inaceptable socialmente ha sido su proyecto de Ley del Aborto, que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior. Resulta inconcebible que semejante iniciativa haya surgido de un gobierno europeo y desde Jueces para la Democracia celebramos que la presión ciudadana haya conseguido frenarla. El hecho de que Gallardón afirme que dimite por esta cuestión resulta muy significativo de la falta de atención del ministro hacia las necesidades sociales existentes en nuestro país.
Finalmente, esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de unas formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Al contrario, solo ha conseguido el rechazo de todos los sectores vinculados a la administración de justicia. En definitiva, el ministro Gallardón deja un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con operadores jurídicos ampliamente desmotivados, y con un sistema judicial mucho más deteriorado que al inicio de esta etapa. Por todas estas razones, desde Jueces para la Democracia hemos pedido en varias ocasiones su dimisión y ahora valoramos muy positivamente su marcha, con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia.
