Para Catalin Chereches, alcalde de Baia Mare, población de 120.000 habitantes al norte del país, no es ésta la primera controversia con tintes racistas a la que tiene que hacer frente a lo largo de su carrera política. Durante el verano pasado decidió la construcción de un muro de dos metros de altura – denominado entonces por France Press como «el gran muro gitano de Europa»- que debía separar los dos bloques de viviendas sociales donde habitaban los gitanos del municipio del resto de la población.
Chereches, diputado en el Parlamento desde 2008 y miembro del Partido Socialdemócrata (PSD) hasta su expulsión en febrero de 2010, buscó desde el principio de su carrera política el apoyo de la minoría romaní en su región. Para ello contó con el apoyo explícito de Carol Jurismiez, líder del Partido Romaní, quien fue su mano derecha durante la campaña para las legislativas de 2008 y para las municipales anticipadas de Baia Mare de mayo de 2011 –celebradas tras la condena del entonces alcalde, el liberal Cristian Anghel. Jurismiez movilizó a la minoría romaní de Baia Mare de una manera caciquil y fue uno de los artífices de la victoria en primera vuelta de Chereches, desde entonces conocido en la ciudad como «el alcalde de los gitanos».
Durante este último año la popularidad de Chereches, ahora inscrito en el Partido Liberal (PNL), no ha hecho sino crecer, en gran medida debido a la construcción del muro de la vergüenza. Con unas encuestas que le otorgan el 93% de los votos –es el candidato de la alianza USL, unión entre los socialdemócratas del PSD y los liberales del PNL-, en este momento no precisa el apoyo de su antiguo aliado y decide incrementar su presión sobre la comunidad romaní.
Bajo el pretexto de que junto a esos dos bloques de viviendas sociales habitadas por gitanos había crecido un campamento de chabolas ilegal, decide iniciar conversaciones con los patriarcas para el traslado de la población a un sitio con condiciones de habitabilidad. Tras la negativa por parte de éstos, el pasado 1 de junio se procedió, de madrugada y bajo una lluvia torrencial, al traslado forzoso de cientos de romaníes a una antigua planta química de época comunista, conocida bajo el nombre de «la fábrica de la muerte» y cerrada en 2006 por ser la más contaminante de Rumanía.
Según el portavoz de Amnistía Internacional, Fotis Filippou: «Aun presumiendo de la buena fe del alcalde, no se puede proceder a un traslado forzoso bajo amenazas y coacciones, y se debe verificar con pulcritud si el sitio al que son llevados reúne las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene, agua corriente, electricidad o canalizaciones».
Todo parece indicar que esto no es así. Lejos de haber sido habilitada, presentaba todavía en su interior armarios metálicos con recipientes de productos químicos abandonados caóticamente. Durante el primer día de estancia allí, se presentaron dos decenas de casos de intoxicaciones leves que el periódico Evenimentul Zilei, favorable al opositor Partido Demócrata-Liberal (PDL), trató de explotar de manera sensacionalista, comparando la planta química con Auschwitz. Chereches por su parte insinuó que dichas intoxicaciones no se habían producido por productos abandonados en la planta, sino que fueron obra de cinco jefes mafiosos locales que aplicaron spray paralizante a los intoxicados para, según él, «generar polémica».
En una sociedad tan anestesiada respecto al racismo como la rumana –donde según las últimas encuestas el 70% de los rumanos creen que los gitanos violan sistemáticamente la ley-, se han producido algunas reacciones esperanzadoras.
Nicolae Paun, diputado romaní y presidente de la Comisión para los derechos humanos y problemas con las minorías, ha solicitado de inmediato la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, propuesta a la que la mayoría de los partidos se han adherido.
También Florin Manole, importante líder socialdemócrata de Bucarest, ha declarado: «La actuación de Chereches es inadmisible, solicito formalmente a los líderes del USL la retirada del apoyo a su candidatura, aun a riesgo de perder electoralmente el municipio. Este es el segundo caso grave de violación de los DD.HH. que el señor Chereches lleva a cabo y debemos dar un mensaje claro a la ciudadanía de tolerancia cero contra el racismo».
La cercanía a unas elecciones municipales que se presentan como claves ha hecho que la mayoría de partidos políticos y medios de comunicación hayan tratado el tema de manera populista y maniquea. Poco parece importarles en realidad el futuro de una población secularmente marginada –no fue sino hasta 1856 cuando se abolió su esclavitud, y durante la Segunda Guerra Mundial decenas de miles de romaníes perecieron en los campos de exterminio de Transnistria- que sufre en la actualidad los peores índices de abandono escolar (30% no terminan la secundaria) o analfabetismo.
Una prueba de esta apatía política sería la absorción de escasamente 200 millones de euros de los 500 millones que el Fondo Social Europeo pone a disposición de Rumanía para la integración de la comunidad romaní durante el septenio 2007-13.
