El mismo castigo se impone para el que ayude a extranjeros indocumentados «a entrar» en el territorio español «o a transitar a través del mismo», dejando en manos del fiscal del Estado la decisión de acusar o no ya que este «podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria».

Una treintena de organizaciones nacionales e internacionales han hecho suya la campaña «La hospitalidad no es delito» Critican especialmente que esta forma de criminalización sea una opción del legislador según recoge el anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012, pero que aún no ha sido ingresado en el Parlamento para su tratamiento. «Hemos sido durante años una pieza de engranaje en el desarrollo de España y hoy día somos acosados y más aún, perseguidos», se lamentó Suárez, presidente de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en la ciudad de Málaga (Asimec).

El hecho de que un taxista lleve a un inmigrante sin papeles de un lugar a otro de España puede ser considerado facilitar el tránsito y, por tanto, posible de ser enjuiciado, advierte la presidenta de la organización no gubernamental Andalucía Acoge, Mamen Castellano. Asimismo, un arrendatario que ayude a los extranjeros sin la documentación requerida a permanecer en el país con lícito ánimo de lucro, mediante el alquiler de una habitación, por ejemplo, también podría ser incriminado.

Los participantes en la campaña antirreforma consideran «grave» que dependa de la Fiscalía la decisión de acusar o no y sostienen que el legislador podría optar por la fórmula de incluir en la norma la frase: «Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria».

Este artículo «es una barbaridad», porque «presupone que todos somos culpables» hasta que el Fiscal decida lo contrario, alerta el jurista y coordinador en Valencia de la no gubernamental Comisión

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Jaume Durà, quien reclama que «no se demonice la solidaridad». «Se está faltando al respeto a los inmigrantes que de una manera u otra nos encontramos en tierras ajenas. Nuestro único delito ha sido siempre y será trabajar y velar por el bienestar de nuestras familias», recalca Suárez.

Desde Andalucía Acoge se propician mociones en los Ayuntamientos para que sean los propios funcionarios quienes rechacen la «arbitraria» redacción de la norma, cuenta Castellano. Algunas administraciones y organizaciones de la sociedad civil diseñan proyectos de trabajo para la integración del colectivo inmigrante que podría ser susceptible de castigo, como la ayuda para la vivienda.

En su origen, el artículo 318 bis del Código Penal nació para garantizar la protección de las personas afectadas por ciertas actividades derivadas de los flujos migratorios, como la trata y tráfico de personas, pero, con su modificación, actuar de forma humanitaria puede convertirse en causa de persecución o no persecución, se advierte en la página web de la campaña.

En diciembre de 2012, jueces, abogados, religiosos y familias agrupados en la plataforma Salvemos la Hospitalidad iniciaron una campaña de levantamiento de firmas para el cambio del artículo en Change.org, secundada hasta el momento por más de 54.000 personas.

«¡Es el colmo! Se trata de convertir a la población inmigrante en un chivo expiatorio», sentencia Betty Roca, coordinadora del Área de Migraciones y Codesarrollo de Psicólogos Sin Fronteras, organización integrada en la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE) que se sumó a la iniciativa Salvemos la Hospitalidad. «No podemos criminalizar algo que tiene que ver con los derechos humanos», dice Roca.

Los CIE son centros destinados a retener inmigrantes sin documentos, cuyas condiciones son muy criticadas por organizaciones humanitarias en España que los consideran verdaderas cárceles. Tanto el gobierno español del derechista Partido Popular como su antecesor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) «enfocan de forma errónea el tema de la inmigración provocando miedo, racismo y xenofobia», sostiene Castellano.

Desde la reforma de la ley sanitaria impulsada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hace seis meses, los inmigrantes sin papeles sólo tienen derecho a atención médica de urgencia, parto, posparto y pediatría.

Salvemos la Hospitalidad criticó en 2009 el artículo 53 de la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el entonces presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que prevé como infracción grave y sanciona con una multa «promover la permanencia irregular en España» de un extranjero indocumentado.

Castellano tildó de «injusto» que en «época de bonanza nos pareciese bien que viniesen (los inmigrantes) y ahora que no hay empleo ni en la construcción ni en la agricultura, les quiten cada día derechos». Hay extranjeros que tenían su situación en regla cuando tenían empleo, pero al perderlo pasan a situación irregular como inmigrante.»No debemos olvidar que si hay inmigrantes irregulares es también porque los mismos empresarios se aprovecharon del desconocimiento de nuestros derechos y nos engañaron con falsas expectativas de regularización porque les convenía tener empleados sin nómina y pagar salarios en negro», dice Suárez.

España afronta una dura crisis económica y financiera, con el 26 por ciento de su población activa sin trabajo, recortes en sectores básicos como la salud y la educación y un descontento social que se refleja en frecuentes manifestaciones en las calles. Incluso ahora son muchos los nacionales que emigran, como ocurría en décadas pasadas, en busca de oportunidades. «Los españoles también fueron emigrantes y eran bienvenidos en los países de acogida que los incorporaban para fortalecer el desarrollo de esos lugares», declara Suárez, que llegó al país hace trece años.

Algunas voces de abogados interpretan que solo será objeto de pena aquella conducta en la que el ánimo de lucro aproveche la situación irregular del inmigrante, como el caso de un alquiler abusivo, pero la sociedad civil solicita el cambio del artículo porque cree que su redacción no está clara.