Los firmantes son el Gobierno Plurinacional de las naciones Maya Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y No Indígena, en Guatemala, la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) y Amigos de la Tierr.

Las múltiples violaciones de Derechos Humanos que han sufrido desde 2008 han sido documentadas por las organizaciones que, además de presentar esta mañana una queja ante el Defensor del Pueblo, han llevado el caso, también durante esta semana, a Ginebra, al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Estas violaciones de derechos humanos cometidas por la empresa española se detallan en la queja: la ocupación de terrenos tradicionales sin consentimiento; amenazas; el uso de minas antipersona; el homicidio de un líder comunitario por parte de miembros de la empresa de seguridad subcontratada por Econer-Hidralia/Hidro Santa Cruz; las lesiones graves por arma de fuego de dos personas; la criminalización de líderes comunitarios y defensores y defensoras de Derechos Humanos; las detenciones ilegales de al menos 17 personas, la mayoría líderes comunitarios que se oponían al proyecto; la desaparición de veinte personas; robos; decomiso ilegal de documentos, o intimidación, entre otros.

Las organizaciones esperan que el organismo se pronuncie y exija responsabilidad a la Administración española por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de las naciones Maya en el marco de la implementación del proyecto hidráulico.

La Administración española debe asumir su obligación por los compromisos internacionalmente adquiridos, en especial de los Principios Rectores sobre la Empresas y los Derechos Humanos (conocidos como «Principios de Ruggie») y por el Convenio 169 OIT, del que España forma parte y que exige la consulta con las comunidades indígenas, previa a la implementación de cualquier proyecto empresarial.

El Estado español es responsable de haber financiado irregularmente dicho proyecto, al no haber exigido, como condición previa a la concesión de crédito, la consulta a las poblaciones y su derecho a decidir.