Análisis de Cam McGrath

EL CAIRO, (IPS) - Durante el levantamiento contra el régimen egipcio de Hosni Mubarak (1981-2011), los manifestantes tomaron por asalto la sede de las fuerzas de seguridad en El Cairo y encontraron documentos que revelaban el meticuloso seguimiento que el Estado había estado haciendo de sus ciudadanos.

Entre esos documentos había registros de vigilancia a activistas, transcripciones de conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados.

En cambio, la ciudadanía egipcia ignora casi todo de las actividades de su propio gobierno. Los sucesivos regímenes obstaculizaron la obtención de cualquier documento o dato que los incriminara.

Organizaciones de derechos humanos señalan que ese secretismo fomentó el clima de corrupción e impunidad.

El acceso público a la información haría más transparente al gobierno, dice Toby Mendel, director ejecutivo del Centre for Law and Democracy (Centro para la Ley y la Democracia), con sede en Halifax. También es un principio fundamental de la democracia.

«Para que la ciudadanía participe en el proceso público de toma de decisiones debe tener acceso a la información sobre la que se basan estas decisiones», explica. «Si, por ejemplo, uno quiere construir una carretera, necesita saber hacia dónde va, qué lógica tiene construirla y analizar la relación coste-beneficio».

Por lo menos 90 países han aprobado legislaciones nacionales que establecen el derecho de los ciudadanos a conocer información en poder del gobierno y los procedimientos para solicitarla y obtenerla.

En mayo de 2011, Túnez se convirtió en el segundo país árabe, después de Jordania, en adoptar una ley de libertad de información, que honraba una promesa del gobierno provisional de poner fin al amordazamiento de los medios de comunicación y la irresponsabilidad del régimen anterior.

Tras de la caída de Mubarak, en febrero de 2011, la sociedad civil presionó al gobierno interino de Egipto para que adoptara una ley similar como señal de ruptura con el pasado autoritario.

Un informe divulgado en abril por la Egyptian American Rule of Law Association (Asociación Egipcio-Estadounidense para el Imperio de la Ley) sostiene que una ley de libertad de información potenciaría la transparencia y la responsabilidad del nuevo gobierno. También podría contribuir a erradicar la corrupción rampante, que debilita la economía y el sistema político.

Esas leyes dan a los ciudadanos la oportunidad de participar en la vigilancia de los representantes de su gobierno, para garantizar que los fondos del Estado se gasten en el país y no vayan a parar a las cuentas personales de los funcionarios, plantea el informe.

Las empresas también pueden utilizar esa ley para asegurarse un acceso equitativo a oportunidades de contratos con el gobierno, mediante evaluaciones de calidad y competencia, y no por nepotismo o amiguismo, agrega.

El gobierno de Mubarak eliminó todo intento de las organizaciones de derechos humanos de introducir en el parlamento proyectos de ley en la materia.

Después del levantamiento, el gobierno solicitó préstamos a donantes internacionales para sostener la atribulada economía del país, y, según algunas fuentes, una de las condiciones impuestas fue un acuerdo tácito de aprobar una ley de transparencia. Entonces, el Banco Mundial encargó a Mendel redactar un proyecto de ley de libertad de información para el gobierno egipcio.

Pero en junio de 2011, después de revisar su presupuesto, las autoridades militares rechazaron un préstamo de 3.200 millones de dólares del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y archivó el proyecto.

«En ese período, la sociedad civil tomó el borrador que yo había preparado, lo modificó y luego lo presentó al parlamento», dice Mendel. «El gobierno también trabajó sobre el borrador (original) y, posteriormente, elaboró su propio proyecto», agrega.

Los legisladores se encontraban debatiendo los dos proyectos cuando se disolvió el parlamento, el mes pasado. Ambos textos tienen artículos en común, pero difieren en los procedimientos y en una lista de exenciones.

El del gobierno trata el acceso a la información como un privilegio concedido y brinda un mecanismo para que los ciudadanos la soliciten, pero las instituciones del Estado solo deben aportar datos cuando su divulgación responda «a un interés legítimo».

El de la sociedad civil va más allá, pues consagra el acceso a la información como un derecho y obliga a los organismos del Estado y a algunas instituciones privadas a publicar regularmente los detalles de su estructura interna, actividades y decisiones.

Según Mendel, es importante que los proyectos establezcan un organismo evaluador independiente que garantice que la ley se cumpla. Los ciudadanos pueden apelar a ese comisionado de información -un individuo o un comité- si creen que una petición es injustamente rechazada o retrasada.

El comisionado de información también debería tener autoridad para determinar si el gobierno clasifica correctamente la exclusión de ciertos datos, una categoría que permite negar el acceso a ellos.

Abundan las leyes de libertad de información que han fallado en este punto. India, por ejemplo, exoneró a muchas instituciones del Estado de la obligación de revelar datos, con el argumento de que eran sensibles para la seguridad nacional.

Las cláusulas de exclusión amplias y vagas hacen más fácil ocultar información que puede dejar al descubierto casos de mala administración o corrupción.

«Un gran escollo para Egipto es la cuestión de si las Fuerzas Armadas serían eximidas» del alcance de la ley, dice Mendel. Los militares controlan el 40 por ciento de la economía nacional, por lo que resulta impensable dejarles fuera, mantiene.

Según el historiador y analista militar Robert Springborg, los generales de Egipto poseen tierras y administran fábricas, se benefician libremente del presupusto del Estado y reciben 1.300 millones de dólares anuales por concepto de asistencia militar de Estados Unidos.

Pero sus propiedades y gastos están totalmente ocultos a la vista del público: informar sobre ellos constituye un delito penal. «Los militares tienen acceso a recursos públicos que no están registrados de modo preciso en el presupuesto del Estado, e incluso el parlamento desconoce cómo se utilizan estos fondos», dice Springborg.

Según defensores de los derechos humanos, el problema va más allá, dado que Egipto tiene en vigor varias leyes que restringen el acceso a documentos y datos del gobierno.

Es imperativo, afirman esos sectores, que cualquier nueva ley en la materia reemplace o modifique toda esa legislación anterior, o que el derecho a la información esté consagrado en la nueva Constitución, cuya redacción es inminente.