La victoria de Three Gorges en la privatización de EDP, sobre la alemana E.On y las brasileñas Electrobras y Cemeg, abrirá la puerta de Portugal a varias instituciones financieras de China, especialmente bancos, que pondrán más créditos al servicio de la economía local, según la promesa hecha por la empresa asiática a Lisboa. El gobierno luso del conservador primer ministro Pedro Passos Coelho comienza así a cumplir el compromiso asumido con la troika de acreedores internacionales, formada por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 23 del pasado mayo, el entonces gobernante Partido Socialista (PS), del ex primer ministro José Sócrates, y la derecha que un mes después lo reemplazó firmaron un memorando que condicionaba el crédito de 78.000 millones de euros, concedido por la troika, a que el Estado se desprendiera de sus acciones en diversas empresas. Además de la venta de EDP, que produce grandes ganancias, el acuerdo implica completar la venta de los Transportes Aéreos Portugueses (TAP) hacia fines de 2012, pero antes de eso se debe privatizar la altamente lucrativa Administración Nacional de Aeropuertos (ANA), la empresa nacional de gestión de terminales aéreas y carga ferroviaria.
El FMI, la UE y el BCE son más indulgentes y flexibles con el Estado portugués en los plazos que han dado para la venta de su posición en el área petrolífera y en la empresa Red Eléctrica Nacional (REN). Se deberá aguardar «hasta que las condiciones del mercado mejoren», admitieron. El calendario establece que, en la segunda mitad del próximo año, el gobierno debe poner en marcha el proceso de privatización de Correos y Telégrafos de Portugal (CTT), con el fin de completar su venta a comienzos de 2013.
La agencia portuguesa de noticias Lusa citaba en un despacho del martes 20 un documento revisado del memorando de entendimiento con la troika, que revela la existencia de «planes para la venta parcial de la Radio Televisión Portuguesa (RTP) y de la empresa Aguas de Portugal, así como la cesión de concesiones en el transporte público de pasajeros de Lisboa y Oporto, después de que se complete la reestructuración de las empresas en esas ciudades».
La empresa Parpública, que administra las participaciones públicas, comenzará a extinguirse en 2013, cuando el gobierno asegure haber completado la mayor parte de los procesos de privatizaciones, según la nueva versión del memorando con la troika. A este proceso hay que añadir otras medidas como alargar media hora la jornada de trabajo, acortar las vacaciones de 25 a 22 días hábiles por año, ajustes en salarios y beneficios, la eliminación de los aguinaldos de Navidad, aumento de los impuestos y la abolición de los tres días libres que premia a los empleados más diligentes. Todo ello hará que las privatizaciones sean cada vez más atractivas para los inversores.
«Tenemos un gobierno que se comporta como si el país estuviera ocupado por una potencia extranjera», lo cual coloca a los trabajadores «frente a una monstruosidad», señaló el secretario general de la poderosa Central General de Trabajadores de Portugal (CGTP), Manuel Carvalho da Silva. «El gobierno ha dejado de gobernar para los portugueses y ha pasado a hacerlo para los grupos económicos y financieros», lo cual pone al país en una situación de «terrorismo social», añadió.
Este cronograma de privatizaciones impuesto a Portugal no tiene precedentes en la UE, ni siquiera llegó a tanto el gobierno británico de la conservadora Margaret Thatcher (1979-1990). «Estamos ante un proyecto ultraliberal, equivalente al conjunto de reformas que algunas dictaduras sudamericanas hicieron en los años 70 y 80, pero aquí de forma gradual», advirtió el profesor de economía Mario Gomes a finales de julio, cinco semanas después de que asumiera el cargo Passos Coelho.
Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la publicación internacional editada en Francia Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, sostuvo en su columna del número de diciembre que la UE «es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social, eso que llamamos Estado de bienestar». Sin embargo, añade el periodista y sociólogo español, este bienestar social se tambalea porque «los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler». «Esa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero. Presentado además como compatible con la democracia», explicó.
Chile fue el primer país en poner en práctica en el mundo las teorías económicas Milton Friedman, de la estadounidense Escuela de Chicago, partidaria del libre mercado a ultranza en un régimen monetario estricto. Fue el sistema adoptado por el hoy fallecido general Augusto Pinochet durante su dictadura de 1973 a 1990. José Cademartori, el último ministro de Economía del gobierno chileno del socialista Salvador Allende (1970-1973), consultado sobre el editorial de Le Monde Diplomatique, dijo estar «de acuerdo con Ramonet».
Sin embargo, agregó, le falta decir a él y a otros críticos que las burguesías europeas quieren liquidar o reducir al mínimo los beneficios del sistema de bienestar, para favorecer las privatizaciones, abaratar sus costos y aumentar sus ganancias». «Ante la feroz competencia de China y de los que tienen costos laborales más bajos, temen con razón que en 20 años o menos Europa pierda su influencia en el mundo», indicó. «Se trata de implantar el neoliberalismo tipo Chile dictatorial, aunque esto signifique años de penuria para pobres y clases medias», concluyó.
Cademartori aseveró, también, que esa burguesía europea entiende que «ahora es el momento apropiado para hacerlo y rápido, porque los sindicatos y partidos de izquierda están debilitados, desconcertados o divididos, y antes de que los indignados se masifiquen y reaccionen y, si es necesario, acabar con las democracias para asegurar el cambio». «Es mucho lo que está en juego», afirmó.
