El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, ha presentado el «paquete de inversión social para el crecimiento y el empleo» y pide a los países que hagan un «uso más eficiente y efectivo de su gasto social», mejorando las políticas de inclusión. Para Andor «el gasto social es fundamental si queremos salir de la crisis más fuertes, cohesionados y más competitivos». El comisario ha dicho que a pesar de las «restricciones presupuestarias, los países deben trasladar las inversiones al capital humano y a la cohesión social». Incluso ha recordado que «hay países que tienen mejores resultados sociales pese a tener presupuestos menores o iguales».

La Comisión ha llegado a esta conclusión tras analizar el «Estudio de la Evolución del empleo y la situación social en Europa», que se presentó en julio de 2012. En ese informe queda patente que los Estados que mantienen un compromiso firme con la inversión social (prestaciones, servicios que refuerzas capacidades de los ciudadanos) obtienen unos índices más bajos de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. También se consigue un mayor nievel de estudios y de empleo manteniendo el PIB per cápita más elevado.

Con el nuevo paquete de inversión social, el ejecutivo comunitario quiere garantizar que los sistemas de protección social responden a las necesidades de las personas en los momentos críticos de su vida, aplicando políticas simplificadas y mejor orientadas hacia la protección social. La educación sigue siendo uno de los pilares básicos. Proponen invertir en la infancia para romper el ciclo de desventajas sociales. La Comisión pide que las guarderías y la educación estén a precios asequibles, que se luche contra el abandono escolar y se potencie la formación profesional de los jóvenes. También propone ayudas a la vivienda y que la asistencia sanitaria sea accesible a todos los ciudadanos.

La CE considera que la inversión social «evitará que los Estados miembros tengan que pagar facturas financieras y sociales más elevadas en el futuro». El paquete presentado en Bruselas, se basa en la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social y complementa otras iniciativas sobre empleo o pensiones para abordar los desafíos económicos y sociales de Europa.

En la UE, más de 120 millones de personas, un 24 % de la población, viven en riesgo de pobreza o de exclusión social, y 26 millones de personas, (10,7% de la población activa), está en paro. Los más afectados por el desemplo son los jóvenes, con un 22,7 % en paro, de ellos casi un 13 por ciento es ni-ni, ni trabaja ni estudia. La Comisión ha pedido que cada Estado miembro dedique un 20 por ciento de los fondos sociales que reciba, a políticas para combatir la pobreza y la exclusión social. En el presupuesto 2014-2020 está previsto destinar al Fondo Social Europeo, un 25 por ciento de los fondos de cohesión.