Esta primera conferencia de revisión que se va a celebrar en la capital ugandesa servirá para hacer una evaluación de la eficacia y los desafíos a los que debe enfrentarse la Corte Penal Internacional, único tribunal independiente que garantiza que no queden impunes crímenes terribles como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad.

Uno de los objetivos de esta reunión, que debe comenzar el próximo 31 de mayo, es definir el «crimen de agresión» e incluirlo entre las competencias del tribunal. Algunos países consideran que este tipo de delitos entran en los apartados de crímenes de guerra o de genocidio.

La definición propuesta para ser discutida en Kampala establece como delito de agresión «la planificación, preparación, iniciación o ejecución de una agresión que por sus características, su gravedad y su magnitud constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.»

Otros detractores consideran que se podría «politizar» la CPI al propiciar que se juzgara a altos cargos políticos o gobiernos.

Entre las consideraciones del Parlamento europeo está la supresión rápida del artículo 124 según el cual, por un periodo de siete años desde la ratificación, los Estados pueden no aceptar la competencia de la Corte Penal. Si desaparece ese artículo la ley se aplicaría, en pie de igualdad, a todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra.

Piden a los veintisiete que cooperen activamente cuando reciban una orden de arresto de la Corte Penal y faciliten el traslado de la persona para que pueda ser juzgada.

En cuanto a las víctimas y sus abogados deberán tener asistencia judicial y protección apropiada y además recibir una sustanciosa indemnización de los Fondos especiales para las víctimas.

Mientras que los Estados Unidos quieren que desaparezcan los acuerdos de inmunidad, los miembros del Parlamento europeo se ratifican en que «ningún acuerdo de inmunidad debería permitir a un individuo acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio quedar impune». Propondrán la inclusión como crimen de guerra a la utilización de algunas armas tales como venenos, armas envenenadas, gases letales, tóxicos o similares y balas de fragmentación en conflictos nacionales o internacionales.

En julio de 1998 se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas en cuya acta final se estableció la Corte Penal Internacional. Es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los crímenes más graves, cometidos por individuos, contra el Derecho Internacional.

La CPI entró en vigor en 2002, de los 139 países que firmaron el Estatuto de Roma, 111 países, entre ellos los veintisiete, lo han ratificado pero grandes potencias como EEUU, Rusia, China o India no lo han hecho.