Se puede viajar a París en autocaravana de alquiler, recorrer Escocia en coche o realizar el traslado de muebles entre Madrid y Milán, pero podemos pagar más caro el vehículo si contratamos el servicio desde España, el Reino Unido o Suecia. Un consumidor alemán podría encontrar un precio superior al de un francés en una misma web, por alquilar un mismo vehículo y en igual fecha en Madrid.

Para ejecutar la operación, los propios portales de las compañías están diseñados para mostrar un precio u otro en función de la dirección IP (identificación del usuario de Internet), que permite saber el país de procedencia de la consulta.

Una práctica que es contraria a la política de Mercado Único Europeo, de obligado cumplimiento, puesto que se impide a los consumidores acceder al mejor precio por un determinado servicio, atendiendo a razones discriminatorias de residencia o nacionalidad. Lo cual está prohibido explícitamente en la Directiva de Servicios, que además de liberalizar los mercados de servicios a nivel europeo, también refuerza los derechos de los consumidores comunitarios.

Coincidiendo con la época de mayor alquiler de vehículos, el verano, la Comisión Europea ha recogido y estudiado las quejas de los usuarios y ha enviado una carta a seis empresas internacionales de alquiler de vehículos que operan en la UE, pidiendo explicaciones por presuntas prácticas abusivas hacia los consumidores que alquilan sus servicios por Internet. Solo tres de ellas han remitido a Bruselas los datos solicitados.

El ejecutivo comunitario insta a los operadores a suspender el ejercicio de este tipo de prácticas en sus portales web que impiden a los consumidores acceder al mejor precio por los servicios contratados. Es decir, que el precio de un mismo servicio y en el mismo lugar, varíe en función del país desde el que se realiza la consulta.

La respuesta de las empresas

De las seis compañías investigadas, la mitad, SIXT, ENTERPRISE y GOLDCAR, han respondido de forma favorable a la Comisión, aportando los datos solicitados y mostrando, en un principio, un comportamiento no discriminatorio. EUROPCAR, HERTZ y AVIS, tienen hasta el 30 de agosto para remitir un informe que demuestre la interrupción de este tipo habitual de prácticas.

El mercado del alquiler de vehículos concentra el 5,5% de las quejas remitidas a los Centros Europeos del Consumidor, y está también en el punto de mira por otro tipo de prácticas abusivas, denunciadas por la OCU y por su homóloga británica Which?, ante la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Las tres malas prácticas más habituales detectadas son el cobro de combustible, cobrar recargo por la devolución del vehículo en otro destino o imponer un recargo en la tarjeta de crédito por daños.

La política del combustible que obliga a pagar un recargo para llenar el depósito y que solo admite la devolución de este vacío (puesto que la compañía no devolverá el importe del combustible no usado), rompe con el principio de reciprocidad por el cobro de servicios no usados. Cobrar un recargo por devolver el vehículo en una estación distinta al lugar en el que fue entregado y sin haberlo publicitado junto a la oferta, es contrario a la publicidad honesta y veraz. Y otro recargo más, el cobrado mediante cargo automático a la tarjeta de crédito por desperfectos menores observados posteriormente a la entrega del vehículo y sin la presencia del cliente, vulnera el principio de réplica del consumidor.

Para evitar tales formas de proceder, la Comisión anima a los consumidores a estar atentos a la compra de bienes y servicios de calidad a precios competitivos. Al mismo tiempo, insta a las autoridades supervisoras de la competencia de cada uno de los Estados Miembros a velar de forma activa por los derechos de los consumidores, tanto en el alquiler de vehículos, así como de cualquier otro producto del mercado.