Nunca antes se había visto tantos cabellos blancos en las frecuentes manifestaciones contra el gobierno. Codo con codo junto a los trabajadores activos y los parados, muchas veces del brazo de sus nietos, los mayores han salido a la calle contra el decomiso, en defensa de sus frágiles derechos.

Desde que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo comenzara n en junio de 2011 a dictar las normas a seguir en las finanzas públicas del país, la mano dura cayó sobre los más vulnerables: trabajadores precarios, funcionarios públicos y jubilados.

Las condiciones impuestas por la llamada troika financiera para aprobar un crédito de 110.000 millones de dólares destinados a rescatar la economía lusa han sido especialmente duras para las capas menos favorecidas de los 10,6 millones de portugueses.

Los cortes anunciados por el gobierno para este y el próximo año en el aparato del Estado alcanzan 4.920 millones de dólares, la mitad de la cifra que fue destinada a la capitalización de tres bancos privados en dificultades, acusan unánimemente la oposición y los sindicatos.

El recorte adicional de las jubilaciones es aún peor que «todas las fechorías que ya se había cometido contra los pensionistas», denuncia Jorge Nobre dos Santos, presidente del Frente Sindical de la Administración Pública (Fesap).

«El dinero ha sido y continúa siendo manejado por cualquier persona, gobiernos y gobernantes, sin preguntar nada a sus legítimos propietarios», que son quienes durante toda su vida profesional aportaron a la Seguridad Social Portuguesa (SSP), acusa el sindicalista.

Dos Santos apunta que la propuesta es retroactiva, violando todos los compromisos asumidos por el Estado con sus trabajadores retirados y la estrategia es englobar todas las jubilaciones, «trátese del sector público o del privado».

«La credibilidad del Estado se ha puesto en duda, debido a que el señor primer ministro la está socavando», concluye.

El Sindicato Frente Común de las Administraciones Públicas cree que la propuesta del gobierno «es un robo» y se compromete a hacer todo lo posible para evitar que se materialice. «El intento de reducir el valor de las jubilaciones es un despojo a aquellos que han contribuido con el derecho a la pensión», dice el representante del Frente, Teles Alcides.

La única alternativa para cientos de miles de portugueses «es la indignación por estas medidas, que son de una crueldad inaudita, un auténtico asalto a quienes descontamos toda una vida de trabajo, de un dinero que no es del Estado, sino nuestro», nos dice el jubilado Armindo Brandão, quien verá su pensión de la SSP reducida en un 9,5 por ciento.

«Para mí, que tengo una jubilación de 1.020 dólares, esta es una cifra enorme, además de ser simplemente un asalto, pero como el robo lo comete el gobierno, no se arresta al ladrón», añade Brandão.

Las protestas de los jubilados ya se han vuelto violentas, registrándose casi cotidianamente agresiones verbales y hasta físicas contra funcionarios de la SSP o de la Dirección General de Impuestos.

Esta auténtica rebelión contra las autoridades del Estado, según la Asociación de Jubilados (ARE, por sus siglas en portugués), se verifica porque continúan los ataques a este segmento vulnerable de la población «que día a día ven sus pensiones disminuir por la vía de nuevos impuestos y reducciones».

Esta situación «configura una verdadera confiscación a quienes han aportado durante toda su vida y ven ahora sus jubilaciones menguadas en un ejercicio de despojo sin precedentes», concluye un comunicado de la ARE divulgado este martes 13.

El sentimiento que prevalece entre los más afectados por la crisis es el de profunda injusticia, como deja patente una carta enviada al periódico Público de Lisboa por el lector Manuel Morato Gomes.

Mientras se anuncian cortes hasta en las pensiones de viudedad, no se explican «las excepciones a los exmagistrados y exdiplomáticos, así como las subvenciones vitalicias a quienes fueron diputados, miembros de gobierno y expresidentes», acusa Morato Gomes.

A renglón seguido, se pregunta dónde está la justicia, la moral, la equidad y el sentido común de tal medida, y acusa a Passos Coelho de «actuar solamente acorde a su teoría liberal, despreciando completamente a las personas».

A este respecto, consultamos a otro jubilado, el exsoldado Feliciano, que combatió en las guerras coloniales en las entonces provincias de ultramar africanas (1961-1974), donde perdió una pierna, por lo que recibe una modesta pensión de invalidez.

No revela su apellido «por temor a las represalias». «Hasta me pueden hacer perder el poco dinero que recibo», advierte, para luego lamentar «la falta de sensibilidad y de respeto por nosotros, los que fuimos a África a defender la bandera en una guerra injusta, en la cual ni siquiera creíamos».

«Sobreviví a la guerra en Guinea (Bissau) pese a haber quedado malherido, pero es probable que no sobreviva a este gobierno, que lo único que quiere es deshacerse de los viejos, que se mueran lo antes posible para así ajustar las cuentas del Estado», agrega.

Los varios recortes presupuestarios anunciados, que incluyen despidos en la función pública, han sido objeto de unapetición de fiscalización preventiva del presidente de Portugal, Anibal Cavaco e Silva, al Tribunal Constitucional (TC) sobre la eventual ilegalidad de la propuesta de ley del gobierno que contempla los recortes.

En su editorial, Público señala que el conservador Cavaco Silva no se basó en una remota sospecha de inconstitucionalidad de la ley, sino que «sus artículos son tan drásticos, su cobertura tan vasta y sus potenciales consecuencias en la vida de miles de ciudadanos son tan penalizadoras que ningún presidente se arriesgaría a promulgarla sin el visto bueno del TC».

El matutino lisboeta concluye vaticinando que en caso de veto del TC, «los radicales de los ajustes dirán de nuevo que la Constitución se ha convertido en una fuerza de bloqueo que arrastra al país hacia el precipicio. Pueden decirlo, siempre que después no sostengan que un Estado de derecho coexiste con violaciones a la Constitución».