Desde que la derecha portuguesa asumió el gobierno hace dos años, la economía está en regresión, el país se ha empobrecido, el desempleo ha aumentado a niveles sin precedentes, los empresarios han dejado de invertir, los horarios de trabajo han aumentado, las vacaciones y festivos se han reducido y se es mas fácil el despido de trabajadores. Estos son los principales condimentos que han permitido el acuerdo entre las dos centrales sindicales, que por cuarta vez en cuatro décadas unen esfuerzos para llevar adelante una huelga general contra el gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho.

La inmensa mayoría de las huelgas generales realizadas desde que Portugal accedió a la democracia en abril de 1974 fueron convocadas por la poderosa Confederación General de los Trabajadores de Portugal (CGTP), con posturas más combativas que la Unión General de Trabajadores (UGT). La CGTP cuenta con una mayor capacidad de convocatoria, al ser dirigida por comunistas, sectores del ala izquierda del Partido Socialista (PS), movimientos católicos progresistas, extrotskistas del Bloque de Izquierda e independientes, congregando así a la inmensa mayoría de los trabajadores afiliados, en especial de la industria, el transporte, la agricultura y la administración local.

De dimensión más modesta, la UGT encuentra su fuerza en los sindicatos de empleados de banca, comercio y servicios, simpatizantes del PS y de los gubernamentales Partido Socialdemócrata (PSD, de centroderecha pese a su nombre) y Centro Democrático Social (CDS, derecha nacionalista), ambos miembros de la familia conservadora del Partido Popular Europeo. El reemplazo de João Proença, un dirigente de la llamada «ala liberal» del PS, por el socialista de izquierda Carlos Silva en la dirección de la UGT, ha facilitado el diálogo y el entendimiento, admite el secretario general de la CGTP, Armenio Carlos, en vísperas de la huelga general.

Al explicar la adhesión de la UGT a la huelga, Silva denuncia a «un gobierno que se enfrenta claramente con todos los interlocutores sociales de la forma como lo está haciendo, como dueño de la verdad absoluta, algo que existe en una democracia, como en los regímenes dictatoriales y totalitarios». El gobierno «no se da cuenta de que una negociación no es una imposición», y la UGT se ha estrellado contra «un muro de intransigencia insalvable», lo que le ha llevado a la convergencia con la CGTP. «Basta de políticas de austeridad que castigan al país, violentan a las personas, penalizan a los trabajadores, a los jóvenes y a los jubilados», puntualiza Silva.

Un hecho inédito en esta huelga general es la opinión expresada por las confederaciones empresariales, que afirman «entender» los motivos de la convocatoria. «Hemos alertado al gobierno sobre la política recesiva y nuestra expectativa es que este tipo de situaciones se repetirán. Advertimos al gobierno sobre los riesgos de trastornos sociales si la situación económica continúa deteriorándose», expresa un portavoz de la Confederación del Comercio.

Esta es la cuarta vez desde 1974 que la CGTP y la UGT se juntan en una paralización general de actividades y la segunda contra Passos Coelho, el primer gobernante en democracia que soporta dos huelgas generales. La primera se realizó en marzo de 1988 tras 22 años y, ante una fuerte dosis de austeridad decidida por el entonces primer ministro socialista, José Sócrates, las dos centrales volvieron a detener sus tareas el 24 de noviembre de 2010 y el mismo día de 2011.

En diálogo con un grupo de corresponsales extranjeros, Armenio Carlos asegura que «esta huelga general no es una más. Todas han dejado resultados, aunque muchas veces no en lo inmediato, pero a corto y medio plazo acabaron por dar frutos positivos para los trabajadores, como evitar aumentar aún más el horario laboral». En cuanto a los cambios que se exigen para aliviar la pesada situación económica, el líder de la CGTP explica que es necesario renegociar la deuda «porque, para poder pagar, Portugal debería crecer al menos un cinco por ciento anual y no hay perspectivas de ello».

«Nos están prestando dinero a cinco, seis y hasta el siete por ciento anual y no estamos en condiciones de pagar intereses de ese orden, sin perspectivas de crecimiento en los próximos años, ya que los estudios de organismos europeos indican que Portugal no crecerá más del 0,5 por ciento entre este año y 2017. Es una situación insostenible», acota. Fustiga al Banco Central Europeo (BCE), que junto al Fondo Monetario Internacional y a la Unión Europea (UE) constituyen la troika de acreedores que prestaron 110.000 millones de dólares a Portugal para rescatar la economía y las finanzas públicas.

Carlos sostiene que «el BCE presta dinero a los grupos financieros al 0,5 por ciento de interés y esos mismos grupos después compran deuda portuguesa a entre cinco y siete por ciento de interés, lo que favorece la especulación financiera y deja al país aún más dependiente de los llamados ´mercados`». «El BCE debe reestructurar sus estatutos y conceder préstamos directamente a los estados al mismo interés de 0,5 por ciento, porque solo así podríamos producir y crear riqueza para cumplir nuestros compromisos y pagar la deuda, lo que no será posible si no nos dejan crecer», agrega.

Los problemas de la UE dejaron de ser nacionales y toda solución pasa por decisiones conjuntas de los 27 países miembro del bloque, divididos entre los conservadores y socialdemócratas, comenta. «En Europa existe un gran problema con la socialdemocracia. En otros tiempos hubo excepciones, pero ya no, y esos partidos (socialistas, socialdemócratas y laboristas) en los últimos 20 años, en lugar de distanciarse de la derecha, lo que han hecho es acercarse, adecuarse, ser cómplices de las políticas con una fuerte componente neoliberal», critica el sindicalista.

Lamenta la diferencia entre las promesas electorales y su acción al asumir el mando, citando a Italia y Francia como los casos más recientes. «El caso de Grecia es ilustrativo, porque hace solo cinco años el partido derechista Nueva Democracia y el socialista Pasok representaban al 65 por ciento de la población y hoy no superan el 35 o 36 por ciento». En un recorrido por la ciudad, IPS ha consultado a un mecánico, dos cajeras de supermercado y dos funcionarios de una gasolinera sobre sus motivos para estar trabajando. Las cinco respuestas fueron idénticas: no se podían permitir sacrificar un día de salario y el temor a la represalia del empresariado. Señalada esta cuestión al líder de la CGTP, este reconoce que, «en efecto, en el sector privado hay miedo, y no hay verdadera democracia cuando las personas tienen miedo de ejercer sus derechos atribuidos por la Constitución y la ley». «No puede ser que el miedo sea un factor que inhiba a la gente de manifestarse. No puede ser que la democracia se suspenda en la puerta de las empresas», sentencia.