En los dos últimos años, el gobierno de Portugal ha reducido el gasto público en 13.000 millones de euros, aun así su déficit sigue siendo del 6,6% y tiene una deuda que supera el 120 por ciento del Producto Interior Bruto. Los recortes llevados a cabo hasta ahora por el gobierno del conservador Pedro Passos Coleho, no han sido suficientes. Ahora recortará las pensiones, despedirá a 34.000 trabajadores públicos y los que se queden trabajarán más por menos dinero.
A nadie le han gustado las medidas presentadas por el primer ministro, que quiere ahorrar otros 4.800 millones de euros para poder cumplir los compromisos del rescate financiero del país. Los funcionarios pasarán de trabajar 35 horas a 40 semanales, la edad de jubilación para todos los trabajadores será los 66 años, mantiene legalmente los 65 pero con una penalización para el que se jubile a esa edad. En las fuerzas armadas no podrán retirarse hasta los 58. Y va a reducir el número de funioncarios en 30.000 personas del medio millón actual.
En su alocución de este viernes el primer ministro dijo que «si dudamos ahora sería un golpe de credibilidad a lo que hemos logrado y lo que tendríamos ante nosotros sería un segundo rescate más duro». Las medidas no han gustado a nadie de la oposición. El socialista Antonio José Seguro, le ha pedido que «detenga la austeridad, ya que está destruyendo la economía y coloca al país en una situación de pre-ruptura social». «Se desconoce el resultado de la estrategia de empobrecimiento : menos empleo, menos economía, más déficit, más deuda y una espiral de recesión».
Armenio Carlos, líder de la confederación de trabajadores de Portugal, ha dicho «no aceptamos este ataque brutal contra los trabajadores públicos, en contra de los jubilados y pensionistas, en contra de los trabajadores portugueses, y es inaceptable porque estas medidas podrían poner en peligro los servicios públicos fundamentales en sectores como salud, educación y formación. Esa es la razón por la CGTP pide a todos los trabajadores - sin importar su afiliación política o sindical - a impugnar este brutal paquete de austeridad «.
Esta mañana en el mercado Ribeira, el más popular de Lisboa, Anabela Suarez vendía fruta en la tienda que regenta desde hace 20 años. «Cuando llegue la edad de jubilarme ya no habrá dinero para nadie», explicaba con pesimismo. En otro puesto de venta de pescado, Rosa Cunha, pide explicaciones a los gobernantes «creo que es necesario salvar el dinero, pero deberían procesar judicialmente a los que han robado en el pasado, porque todo el mundo saben quienes son. A ellos no les van a afectar las medidas. Esto es una reacción en cadena y los afectados son la clase media y los trabajadores».
