Aún no despunta el sol cuando una mujer marroquí guarda su turno en el paso fronterizo peatonal que separa a su país de la ciudad española de Melilla. Tras horas de espera, cruza, carga sobre sus espaldas un fardo de 80 kilos de mercancía y desanda sus pasos entregándolo en su territorio a cambio de menos de seis dólares.

Cada día, ella y otras miles de mujeres atraviesan los puestos limítrofes que comunican Marruecos con las ciudades de Melilla y Ceuta, enclaves españoles en el norte de África, para proveerse de productos dispuestos en pesados bultos y transportarlos por el pasaje fronterizo a pie, en un comercio que mueve millones de euros y del que se benefician los comerciantes de ambos territorios.

Los empresarios de Melilla «viven de este contrabando», que hacen posible las miles de mujeres porteadoras «para sobrevivir y dar de comer a sus hijos», explica el fundador de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, José Palazón, quien vive en la ciudad hace 14 años.

«Son madres solteras, viudas, maltratadas, con maridos inválidos, mujeres excluidas por la sociedad que echan mano del contrabando para poder salir adelante», afirma el dirigente sindical Abdelkader El-Founti, de la Central General de Trabajadores.

A las 9:00 abre el puesto fronterizo melillense del Barrio Chino, la porteadora muestra el pasaporte y camina hacia una explanada en la que varias furgonetas dejaron temprano en el suelo los bultos preparados para la carga.

Amarra con cuerdas el paquete sobre su espalda y anda en sentido contrario más de 200 metros, sorteando la multitud que se amontona en el estrecho lugar, para entregar pronto la carga en el lado marroquí y volver a hacer más portes, antes del cierre del paso a la 13:00 horas. A esta actividad los melillenses y ceutís la llaman «comercio atípico» y los marroquíes lo viven como contrabando tolerado.

De las altas verjas de hierro del estrecho pasaje del Barrio Chino cuelgan carteles con siluetas de porteadores y porteadoras que indican la entrada. Las mujeres cobran cuando entregan el fardo en el lado marroquí, donde hay hombres con carretillas o vehículos esperando para transportarlo. La cuantía depende de los kilos que carguen. «Lo máximo son 10 euros diarios. Por cada porte les pagan de tres a cinco euros, según el peso», afirma El-Founti. Denuncia que al peso que soportan se añaden «todo tipo de vejaciones que sufren por parte de la policía española y marroquí».

«El trato que se da a los porteadores es humillante. Hay malos tratos por la policía de ambos lados de la frontera. Solo hay que permanecer cinco minutos allí para darse cuenta», subraya el marroquí Amin Souissi, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz, al sur del país.

Souissi recuerda la muerte en septiembre de 2013 de un joven porteador de la ciudad fronteriza marroquí de Tetuán que, «harto de tanta humillación», se quemó a lo bonzo en el paso de El Tarajal de Ceuta, después de que las autoridades tetuanís le quitasen la mercancía que transportaba.

«No queremos que pierdan su medio de vida, pero pedimos que se respeten los derechos humanos de estas personas en las fronteras de Ceuta y Melilla», reivindica Souissi, quien ha visto a policías empujando con sus porras a las porteadoras. El activista lamenta la corrupción de las autoridades marroquíes que cobran la «rasca» (soborno), así como la arbitrariedad imperante a la hora de permitir cruzar a los porteadores, «que depende del funcionario que toque».

En los enormes bultos se transportan todo tipo de objetos, como mantas, neumáticos usados, alimentos y pañales. La inmensa mayoría de los porteadores son mujeres, pero también lo hacen hombres, sobre todo jóvenes sin recursos.

Muchas mujeres cruzan la frontera con paquetes más pequeños. Otras ejercen como empleadas domésticas en domicilios de Melilla y Ceuta y, a última hora, regresan a dormir a Marruecos. De las alrededor de 40.000 personas que cruzan diariamente los puestos fronterizos de Barrio Chino y Beni Enzar de Melilla, solo el 10 por ciento lo hace con visado, advierte El-Founti. Los porteadores deben mostrar su pasaporte y el resto cuenta con un permiso especial, acordado entre el gobierno español y marroquí, para trabajar durante el día en Melilla y regresar a pernoctar a sus hogares.

«Son trabajadores de la construcción, empleadas del hogar y del sector de la hostelería que trabajan 10 o 12 horas por menos de 200 euros (270 dólares) mensuales y sin derechos», denuncia. El-Founti lamenta que los empresarios melillenses aprovechen el miedo de los «empleados transfronterizos» a perder su trabajo y su situación de necesidad. «Muchas de las mujeres marroquíes empleadas domésticas en Melilla son analfabetas y desconocen sus derechos laborales», subraya.

El trasiego de mercancías de las porteadoras «mueve muchísimo dinero a ambos lados de la frontera», comenta Palazón, quien cree «muy difícil» acabar con esta situación, pero exhorta a dignificar su trabajo y mejorar las instalaciones fronterizas por donde pasan diariamente. «No hay ni un grifo para beber», asevera Souissi sobre el paso fronterizo de El Tarajal de Ceuta, que «más que un paso de peatones parece una jaula» con pasillos muy estrechos donde las porteadoras casi no caben.

Este comercio reporta 1.400 millones de euros anuales (1.800 millones de dólares), un tercio de la economía de las dos ciudades autónomas españolas. De la actividad viven directamente 45.000 personas y 400.000 indirectamente, según datos de la Cámara Americana de Comercio en Casablanca, en Marruecos, citados en la Declaración de Tetuán, firmada allí por casi una treintena de organizaciones en abril de 2012. En esta declaración se alerta sobre la «importante cantidad de ingresos obtenidos a través del soborno», 90 millones de euros anuales (121 millones de dólares), según datos del semanario independiente marroquí Al Ayam.

Las condiciones de paso por los puestos fronterizos, donde se agolpan miles de personas, ya han causado muertes. En noviembre de 2008, Zafia Azizi murió aplastada en Melilla y el 25 mayo de 2009 fallecieron las marroquíes Busrha y Zhora en una avalancha en el paso ceutí de Biutz.

Activistas consultados por IPS coinciden en que la Unión Europea no atiende debidamente las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las porteadoras marroquíes. Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal especial con importantes rebajas impositivas y son ajenas a la Unión Aduanera del bloque, lo que permite a ambas ciudades importar con aranceles inferiores a los de la UE y vender a los ciudadanos marroquíes esos productos para su posterior ingreso irregular en Marruecos para su reventa.