El Europarlamento quiere que se aborde el problema de la violencia de género de forma integral y en todos sus aspectos. La falta de legislación comunitaria al respecto provoca un laberinto normativo en el que no se protege suficientemente a las víctimas ni se castiga convenientemente a los agresores. Los eurodiputados quieren que se elabore una directiva con normas comunes que obligue a los 27 Estados a actuar contra el problema. Según los datos de la UE, una de cuatro mujeres europeas ha sufrido maltratos físicos y una de cada diez, es víctima de violencia sexual.

El informe del legislativo europeo detalla una serie de medidas que debe contener la futura legislación comunitaria y que estarían incluidas en una Carta Europea de servicios mínimos de asistencia a las víctimas, tanto jurídica como psicológica. En un primer borrador se incluía la asistencia jurídica gratuita pero la mayoría de la Cámara lo ha rechazado.

Las leyes de los 27 contemplan de manera distinta la violencia de género y en algunos Estados ni siquiera está tipificada como delito ni es perseguible de oficio. Por eso se pide unificar las leyes, de modo que los Estados aseguren que los agresores son castigados según la gravedad del delito.

Se citan como delitos la violación y la violencia sexual contra las mujeres, en particular dentro del matrimonio y en todo tipo de relaciones íntimas y se pide que se rechace «cualquier referencia a prácticas culturales tradicionales o religiosas como circunstancia atenuante de la responsabilidad del autor del delito en los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los llamados delitos de honor y las mutilaciones genitales».

El informe habla de la necesidad de que existan funcionarios especializados en este tipo de violencia y que se elaboren protocolos de investigación para la policía y para obtener las pruebas de los abusos por parte de los sanitarios.

Las mujeres son mayoritariamente las víctimas de la violencia de género, pero el Parlamento cita el fenómeno oculto de otros tipos de violencia doméstica que afecta a hombres, niños o ancianos. Los eurodiputados proponen la creación de una red de centros de acogida y que se garanticen prestaciones económicas que faciliten el retorno de las víctimas a su actividad habitual.

El pleno de la Eurocámara pide también que se ponga en marcha un Observatorio contra la violencia de género, que fue uno de los objetivos de la presidencia española de la UE en 2010 que recibió el apoyo de los 27 pero luego no prosperó.