Después de tantos fracasos en las cumbres de medio ambiente mundiales es una gran noticia que en la Conferencia de la ONU, que se acaba de clausurar en Nagoya (Japón) la COP10, se haya llegado a acuerdos importantes para proteger la biodiversidad. Aunque las metas no son tan ambiciosas como para poder frenar la pérdida de vida es un paso importante, como lo reconocen algunas asociaciones medioambientales.

El Director general de WWF, Jim Leape, cree que «los Gobiernos han enviado un mensaje contundente y claro: proteger la salud del planeta ha de tener un hueco importante en las políticas internacionales si queremos mantener la vida en la Tierra». También la Secretaria de Estado de Cambio Climático de España, Teresa Ribera, ha manifestado que es «un premio al Año Internacional de la Biodiversidad».

El Acuerdo ha costado doce días de discusiones, la firma no ha llegado hasta altas horas de la madrugada de este sábado. La manzana de la discordia era el Protocolo ABS (Acceso y Reparto de Beneficios). Los países en desarrollo, ricos en biodiversidad, se han mostrado firmes en su resolución de no apoyar nada si no se llegaba a un acuerdo para este protocolo que para estos países significa compartir los beneficios que se extraen de su riqueza genética y para los desarrollados miles de millones de ingresos.

Los países industrializados como Suiza, que tienen una poderosa industria farmacéutica y de cosméticos, pretendían un acuerdo mucho más limitado. El que se ha conseguido incluye a todos los productos que se obtengan a partir de una planta, es decir lo que en la industria se conoce como «derivados».

Cuando las especies desaparecen de la faz de la Tierra a un ritmo sin precedentes desde la extinción de los dinosaurios era momento de llegar a un acuerdo. Se ha fijado un plan de 20 puntos que incluye aumentar las zonas protegidas hasta un 17% de la superficie terrestre (actualmente es el 13%), el 10% de las aguas (en la actualidad algo menos del 1% de los océanos), restaurar el 15% de los ecosistemas más degradados y poner coto a la sobreexplotación pesquera.

El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Karl Falkenberg, anunció una aportación de 2 millones de euros para dos proyectos específicos. Un millón de euros para aumentar la capacidad de los pequeños Estados insulares de gestionar sus áreas protegidas en los ambientes marinos, otro millón destinado a que los países menos desarrollados puedan llevar a la práctica las decisiones de la COP10.

Un pacto importante ha sido establecer una moratoria de facto sobre los proyectos de geoingeniería. El acuerdo pide a los gobiernos que aseguren que no se harán más estudios ni experimentos de esa clase hasta que se hayan analizado en profundidad los riesgos que conllevan para el medio ambiente y la biodiversidad y los posibles impactos culturales y económicos. El director del grupo ETC, Pat Mooney, que lleva años clamando contra los peligros de estos experimentos sin control, ha expresado su satisfacción «Esta decisión es una victoria del sentido común y de la precaución». La moratoria no inhibirá los estudios para investigación científica pero será Naciones Unidas quien tome las decisiones y no un pequeño grupo de países los que establezcan «directrices voluntarias» sobre la manipulación del clima.