El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha propuesto una «unión energética» dentro de la Unión Europea como respuesta del bloque a la crisis de Ucrania, pero su plan puede ser un caballo de Troya a favor de los combustibles fósiles.

Por la proximidad geográfica y los profundos vínculos históricos entre Polonia y Ucrania, el gobierno de centroderecha de Tusk ha asumido una posición relevante en los intentos para aliviar la crisis ucraniana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski, participó activamente en las negociaciones en febrero entre los líderes opositores de Euromaidán, como se conoce a las protestas a favor de la UE en Kiev que estallaron en noviembre, y el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukóvych, depuesto el 22 de ese mes.

El protagonismo del gobierno polaco en la crisis puede proporcionarle réditos electorales. Una encuesta realizada a comienzos de abril por la firma TNS Polska, la Plataforma Cívica en el gobierno volvió a encabezar las preferencias de los votantes, desbancando por primera vez en años al Partido de Paz y Justicia, del ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski (2006-2007).

«No solo vuelve a liderar la Plataforma Cívica, sino que también hay más polacos dispuestos a votar, y a hacerlo por el gobierno», nos dice el analista Lukasz Lipinski, del grupo de expertos Polityka Insight de Varsovia.

Como resultado, en la campaña para las elecciones legislativas de la UE del 25 de mayo, «todos los partidos opositores quieren ahora dar más relevancia al debate sobre asuntos internos, porque así es mucho más fácil criticar a la Plataforma Cívica tras seis años en el poder», agrega.

Sin embargo, el gobierno insiste en el tema de Ucrania y al finalizar marzo, el primer ministro propuso la creación de una unión energética europea que haga al continente resistente a crisis como el conflicto entre Rusia y Ucrania por la península de Crimea.

«La experiencia de (la invasión rusa de Ucrania) en las últimas semanas muestra que Europa debe encaminarse hacia la solidaridad en lo relativo a la energía», dijo el primer ministro en Tychy, una ciudad en la sureña región de Silesia, productora de carbón.

Tusk planteó seis dimensiones de la «unión energética»: la creación de un mecanismo efectivo de solidaridad gasística cuando haya crisis de suministro; financiación con fondos de la UE para una infraestructura que asegure la solidaridad energética, en particular en el este del bloque; compra colectiva de energía; rehabilitación del carbón como fuente energética; extracción de gas de esquisto, y diversificación radical del suministro de gas a la UE.

«Es muy decepcionante notar la total ausencia de medidas de eficiencia energética en esta visión, aunque este punto fue crucial en las conclusiones del Consejo Europeo sobre Crimea, presentadas en marzo», dice Julia Michalak, encargada de políticas climáticas de la UE en la coalición no gubernamental Climate Action Network Europe.

«Si la crisis de Crimea no sirvió para que el gobierno se diera cuenta de que la eficiencia energética es la manera más fácil y más barata de lograr una seguridad energética real para Europa, no sé qué lo haría», opina.

Aunque algunas de las medidas propuestas por Tusk, de poder implementarse, conducirán a una mayor solidaridad energética europea, pedir un papel destacado para el carbón y el gas de esquisto es principalmente un juego polaco.

Por el momento, la UE no tiene políticas comunes vinculantes sobre el gas de esquisto. Varios estados miembro, como Francia y Bulgaria, tienen incluso prohibida su exploración. Y los objetivos climáticos del bloque a largo plazo, principalmente la meta de descarbonización para 2050, hacen improbable que el carbón resucite.

Según Michalak, el carbón y el gas de esquisto son elementos de la propuesta polaca que están dirigidos a la audiencia interna que desea que su gobierno juegue duro en el escenario internacional y, por el otro, a servir de herramienta de negociación para obtener algunos réditos específicos de Bruselas.

El gobierno de Tusk ha hecho esfuerzos hercúleos para persuadir a empresas extranjeras interesadas en el gas de esquisto de que inviertan en Polonia.

Esto incluyó destituir en noviembre al ministro de Medioambiente, Marcin Korolec, durante la 19 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 19), por no estar suficientemente a favor de ese combustible.

Pese a ello, este mes la firma francesa Total se ha convertido en la cuarta transnacional en anunciar que abandonaba las exploraciones en el país, pues el gas de esquisto resulta más escaso en este territorio de lo que se había pensado inicialmente.

El consenso nacional polaco sobre el carbón también comienza a presentar fisuras.

Casi el 90 por ciento de la electricidad que usa Polonia procede del carbón, y la estrategia gubernamental a largo plazo prevé un papel fundamental para este mineral hasta 2060.

El gobierno de Tusk ha intentado infructuosamente boicotear la adopción de metas de descarbonización por parte de la UE, así que por el momento no está claro cómo el gobierno polaco conciliará los compromisos con el bloque y una economía dependiente del carbón.

El año pasado renunció el presidente de la empresa energética estatal PGE, argumentando que una expansión de 1.800 megavatios de la central de carbón de Opole, en el suroccidente del país, no es rentable. El gobierno decidió seguir con los planes de ampliación de todos modos.

Pese a la percepción generalizada en Polonia de que el carbón es una forma barata de energía, este mes los principales periódicos, incluido el conservador Rzeczpospolita, acogieron el debate sobre los factores externos que afectan al carbón, a raíz de un informe del Instituto de Varsovia para los Estudios Económicos.

El estudio muestra que, entre 1990 y 2012, los subsidios polacos al carbón sumaron 40.000 millones de euros.

En 2013, una serie de instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), anunciaron restricciones significativas a la financiación del carbón. Según los nuevos criterios, prestar fondos a la industria polaca del carbón será imposible para estas instituciones.

Polonia también tiene que implementar la Directiva de Emisiones Industriales de la UE, que reclama estándares de contaminación más estrictos en unidades de producción de energía a partir de 2016, o el cierre de las plantas que no los cumplan.

Y es potencialmente en este espacio donde podrán verse algunos de los beneficios del duro juego de Varsovia en materia de carbón.

En febrero, la Comisión Europea, permitió a Polonia exonerar a 73 de sus unidades productoras de energía de los requisitos de la Directiva, incluyendo a dos viejas unidades en la planta carbonífera de Belchatów, la mayor de su clase en Europa (5.298 megavatios) y también la principal emisora de dióxido de carbono.

Además, este mes se supo que Polonia busca utilizar fondos regionales destinados a abordar la contaminación aérea urbana del presupuesto de la UE 2014-2020, para financiar la modernización de los mayores productores internos de carbón y gas, públicos y privados.