Turquía está pendiente de la decisión del presidente Abdullah Gul, quien deberá ratificar o vetar una polémica ley que regula Internet y que para la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional constituye una restricción importante a la libertad de expresión.

Gul dijo hace tres años que «no debe haber ninguna restricción para Internet». Ahora los defensores de la libertad esperan que cumpla con su palabra, pero el jefe de Estado rara vez veta leyes.

Además, es uno de los miembros fundadores del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de centroderecha, que presentó el proyecto aprobado el miércoles 12 por el parlamento, donde tiene mayoría.

La ley pasa por alto al Poder Judicial y autoriza al organismo estatal de telecomunicaciones, el TIB, a bloquear cualquier sitio web o contenido en una página individual de Internet en caso de quejas por violación a los derechos personales y a la privacidad. La norma también permite a las autoridades rastrear los registros individuales de los internautas.

El proyecto causó gran preocupación en la Unión Europea (UE). Peter Stano, portavoz de Stefan Füle, el Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad del bloque, dijo que la norma propone varias restricciones a la libertad de expresión.

«Esta ley genera serias inquietudes. El público turco merece más información y más transparencia, no más restricciones», declaró Stano.

Sin embargo, el gobierno turco sostiene que el proyecto busca proteger la privacidad de la población. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan dijo que con la normativa existente se tarda unos cinco días en eliminar el contenido de una web, mientras que la nueva norma reduciría ese lapso.

«No se va a quitar Internet, se está poniendo bajo control», aseguró Erdogan en un discurso televisado. «Percibir esto como censura es una crueldad. De hecho, esta ley hará que Internet sea más liberal», sostuvo.

Para la oposición, la ley tiene «motivaciones políticas» y su objetivo es reforzar el control estatal sobre Internet para impedir que se divulgue información comprometedora, como por ejemplo una reciente investigación sobre corrupción oficial.

Los medios sociales en Internet fueron el canal principal por el cual se divulgaron documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas intervenidas, entre ellas las de Erdogan y otros altos funcionarios gubernamentales, que demostrarían casos de corrupción.

La investigación, que comenzó el 17 de diciembre, ya ha hecho que cuatro ministros perdieran sus puestos por su presunta participación en irregularidades. Erdogan arguye que se trata de una «conspiración» para derrocar al gobierno.

Acusa a los seguidores del influyente clérigo Fethullah Gulen de pertenecer a un «Estado paralelo» responsable de la investigación.

Gulen, en exilio voluntario en Estados Unidos, fue en el pasado un estrecho aliado del gobierno de Erdogan y se cree que tiene muchos seguidores en Turquía, especialmente en el poder judicial y la policía. Los dos estarían enfrascados en una lucha de poder.

El legislador opositor Aykan Erdemir mantiene que la ley es «un claro intento de censurar el reciente escándalo de soborno y corrupción» y es «contraria a los derechos humanos y las libertades básicas».

«Esto va en contra de los Criterios de Copenhague (condiciones para la incorporación de un país como miembro pleno de la UE) y puede poner en riesgo las aspiraciones de Turquía» a ingresar en el bloque de 28 países, nos explicó. «Dejar que un burócrata tome una decisión sin una orden judicial es inaceptable. Esta es una violación de la presunción de inocencia», añade.

El nuevo proyecto de ley también exige que todos los proveedores de servicios de Internet se registren en una asociación nacional. La misma tendrá que bloquear un sitio o contenido en un plazo de cuatro horas desde que reciba la orden del TIB. Los propietarios de las páginas de Internet podrán apelar la decisión ante los tribunales.

El proyecto también habilita a la asociación a guardar registros individuales de los internautas durante dos años y compartirlos con las autoridades que los soliciten.

La Asociación Turca de Informática, organización de la sociedad civil que defiende la libertad de expresión en Internet, sostiene que el proyecto «no es constructivo sino destructivo».

«Tememos que esto genere autocensura, ya que los registros de los usuarios quedarán archivados. La gente tendrá miedo de visitar algunos sitios», nos dijo Ilker Tabak, subdirector de la asociación. «Cerrarán los sitios web sin siquiera pedirles a sus propietarios que se defiendan. Tenemos un Estado gobernado por leyes, y la decisión de bloquear no debe dejarse a la iniciativa personal».

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización internacional defensora de la libertad de expresión, con sede en Nueva York, alertó que el proyecto es una «medida radical de censura».

«De aprobarse, las modificaciones a la de por sí restrictiva ley de Internet de Turquía agravarían el pésimo historial del país en materia de libertad de prensa... la libertad de Internet se ha ido deteriorando de forma constante en Turquía desde hace algún tiempo», según la organización.

Un periodista de Azerbaiyán que trabaja para el periódico turco en inglés Today's Zaman tuvo que abandonar el país. «Las autoridades añadieron su nombre a una lista de personas que tienen prohibida la entrada» a Turquía después de que publicara comentarios críticos sobre Erdogan en la red social Twitter, informó el medio de prensa.

Mientras, organizaciones no gubernamentales instaron al presidente Gul a que vete la ley. La mayor asociación empresarial de Turquía, TUSIAD, le envió una carta donde señala que la iniciativa «debe ser modificada» de acuerdo con la definición de los derechos humanos básicos, incluida la libertad de expresión.

El proyecto también ha generado protestas en las principales ciudades, como Estambul y Ankara. Cientos de manifestantes han salido a las calles a protestar y para ejercer presión sobre Gul.

La postura del presidente sobre la libertad en Internet es completamente diferente a la de Erdogan, que llegó a definir los medios sociales como la «peor amenaza» para las sociedades.

«Creo que no debería haber ninguna restricción en Internet. Todo el mundo debería ser capaz de utilizarlo libremente», twitteó Gul en mayo de 2011.

El mandatario es uno de los líderes más activos en Twitter, con unos cuatro millones de seguidores hasta el momento. Hasip Kaplan, un legislador del prokurdo Partido por la Paz y la Democracia, dijo este viernes que, si Gul ratifica el proyecto de ley, perdería a uno de sus seguidores.

«Vamos a ver hasta qué punto el señor presidente es libertario. Creo que debería vetar (la ley). Si no, lo voy a borrar de mi Twitter, y voy a dejar de seguirlo», afirmó.