A pesar de la relativa calma en el este de Ucrania persisten las graves violaciones de los derechos humanos. Un nuevo informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU detalla los abusos entre los que incluyen bombardeos, ejecuciones, detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, malos tratos, trata de personas, falta de justicia y la rendición de cuentas, así como la privación de los derechos económicos y sociales que están afectando profundamente a los cinco millones de personas que viven en las zonas de conflicto.
El décimo informe de los Derechos Humanos de la ONU de monitoreo Misión en Ucrania, que abarca el período comprendido entre el 16 de febrero al 15 de mayo de 2015, afirma que ha habido una disminución notable de bombardeos indiscriminados después de la aprobación del paquete de Medidas para la aplicación del los Acuerdos de Minsk. Sin embargo, los bombardeos no se han detenido, ni tampoco las hostilidades entre las fuerzas armadas de Ucrania y los grupos armados, lo que significa que los civiles siguen viviendo con miedo. Las víctimas civiles de minas terrestres y municiones sin explotar siguen siendo considerables.
«Mientras que algunas áreas de la zona de conflicto, como la ciudad de Luhansk, se han mantenido en calma otras se han convertido en escenario de la escalada de hostilidades desde el 11 de abril. En los alrededores del aeropuerto de Donetsk y el pueblo de Shyrokyne se han mantenido los principales focos de tensión utilizándose intensivamente armas pesadas.
Entre mediados de abril 2014 y el 30 de mayo de 2015, al menos 6.417 personas, entre ellas más de 626 mujeres y niñas, han sido documentados como muertos y 15.962 como heridos en la zona de conflicto en el este de Ucrania. Esta es una estimación conservadora y el número real podría ser considerablemente mayor.
«Seguimos recibiendo informes de graves abusos de los derechos humanos, intimidación y acoso a la población local perpetrado por grupos armados. [La Misión de Observación] ha recibido nuevas denuncias de asesinatos, torturas y malos tratos, así como casos de privación ilegal de la libertad, trabajo forzoso, saqueos, demandas de rescate y extorsión de dinero en los territorios controlados por los grupos armados», dice el informe.
«A pesar de la disminución de las hostilidades, los civiles siguen siendo asesinados y heridos,» subraya el Alto Comisionado Zeid. «Hemos documentado informes alarmantes de ejecuciones sumarias por parte de grupos armados y estamos buscando denuncias similares contra las fuerzas armadas de Ucrania. También tenemos relatos horribles de tortura y malos tratos durante la detención, tanto por parte de grupos armados cono de agentes de la ley de Ucrania».
El impacto del conflicto sobre los derechos económicos y sociales de la población civil sigue siendo dramático, dice el informe, añadiendo que «la interrupción del acceso a los servicios básicos es potencialmente mortal y puede tener un impacto de por vida en una gran parte de la población, lo que dificulta la recuperación de la sociedad después de los conflictos. «La difícil situación económica ha llevado también a un aumento preocupante en el riesgo de la trata de personas.
Los residentes de los territorios controlados por los grupos armados se encuentran cada vez más aislados del resto de Ucrania y sufren de falta de protección ante la ausencia del Estado de derecho. La situación de las personas más vulnerables, en particular las de más edad, las personas con discapacidad, familias con niños y personas que necesitan ayuda de instituciones, es particularmente grave, con muchos de ellos sin fuente de ingresos o sin acceso a los servicios sociales básicos. El sistema de permisos introducido por las autoridades ucranianas sigue limitando considerablemente la libertad de movimiento a través de la línea de contacto, poniendo en riesgo la vida. Aquellos que buscan obtener permisos pueden tropezar con prácticas corruptas y largas demoras.
El informe también pone de relieve la falta de justicia y la rendición de cuentas por violaciónes que se produjeron durante las protestas de Maidan hace más de un año, durante las que murieron al menos 117 personas y más de 2.295 resultaron heridas. Del mismo modo, nadie ha sido procesado en relación con la violencia del 2 de mayo de 2014 en Odesa.
La situación en la República Autónoma de Crimea sigue siendo preocupante, caracterizada por violaciónes de derechos humanos cometidas por las autoridades de facto que aplican las leyes de la Federación Rusa. El informe señala que las detenciones, malos tratos, tortura e intimidación siguen siendo perpetrados contra los opositores políticos, principalmente en la comunidad de los tártaros de Crimea, con el conocimiento o participación del 'orden público' o grupos afiliados. Los detenidos apenas tienen salvaguardas legales. El ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y religión se limita principalmente a los grupos o individuos leales a las autoridades de facto. Medidas administrativas, incluidos los requisitos de inscripción, se utilizan como mecanismos de control y herramientas para prevenir la propagación de opiniones disidentes.
«Millones de mujeres, hombres y niños en Ucrania han sufrido penurias tremendas, violencia y viven con miedo desde hace más de un año», ha dicho el Alto Comisionado. «Demasiados han visto arrasados sus hogares y medios de vida y sus vidas destrozadas, y no hay indicios dejusticia, responsabilidad, indemnización o reparación.»
«Insto a todas las partes involucradas en las hostilidades a buscar un terreno común, a través del diálogo sostenido, para aplicar plenamente las medidas del 12 de febrero, poner fin a los combates, y asegurar que todas las violaciónes de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional se investigan, independientemente de los responsables».
