Los temas elegidos por el Banco Central Europeo para su foro anual en Sintra, Portugal, a fines de mayo no fueron la deflación, la expansión cuantitativa ni la estabilidad financiera, sino el desempleo, la productividad y las reformas en favor del crecimiento. El presidente del BCE, Mario Draghi, explicó el porqué en su discurso inaugural: la zona del euro carece tanto de impulso para el crecimiento como de capacidad de recuperación frente a los choques negativos.
Indudablemente, Draghi está en lo cierto. La Comisión Europea actualmente espera que el crecimiento en la zona del euro llegue al 1,5 % en 2015 y al 1,9 % en 2016, Eso ciertamente se ve bien frente al virtual estancamiento de los últimos años, pero, dada la combinación de masivo apoyo monetario, la actual posición fiscal neutral, una pronunciada caída de los precios del petróleo y la depreciación del euro, es lo menos que podemos esperar y logrará que el PBI per cápita solo alcance su nivel de 2008. El hecho de que los líderes y expertos aclamen esta perspectiva más alentadora indica lo bajo que han caído nuestras expectativas.
Hasta hace poco, se podía culpar a la austeridad fiscal y a la crisis del euro por el mal desempeño económico, pero ya no. Si bien el crecimiento puede resultar superior al pronosticado por la Comisión, hay motivos para preocuparse por el potencial de crecimiento de la zona del euro.
Para fortalecer ese potencial, los funcionarios de los bancos centrales solo pueden recomendar reformas económicas, pero son los gobiernos los responsables de adoptarlas. Y los críticos destacan que las exhortaciones reiteradas puedan tener consecuencias contraproducentes. Después de todo, los bancos centrales suelen refutar rápidamente, en nombre de la independencia, las sugerencias de política monetaria que les hacen los gobiernos. ¿Por qué debiera ser diferente el comportamiento de los gobiernos?
Draghi tiene buenos motivos para insistir en que, en ausencia de acciones nacionales significativas, la zona del euro bien puede ir de una crisis a otra hasta que su factibilidad misma se vea amenazada. Participar en una unión monetaria es un esfuerzo difícil, que requiere agilidad en las políticas entre los países que participan en ella y un sentido de propósito compartido. Pero los gobiernos tienen buenos motivos para afirmar que, en lo que concierne a las reformas, la creación de políticas requiere precisión y realismo político, algo de lo que a menudo carecen los consejos externos. El BCE simplemente no puede llevar a la Unión Europea a latigazos.
Una solución natural podría ser que el BCE confíe en otras instituciones europeas. Desde 2010, la UE ha estado amontonando procedimientos de coordinación con la esperanza de empujar a los gobiernos a promulgar reformas políticamente difíciles. Cada año, cada uno de los países miembros recibe una lista de tareas relacionadas con reformas del gasto público, el mercado de trabajo y la competencia, junto con otras recomendaciones.
La Comisión Europea también busca atraer a los gobiernos reticentes a tomar acciones más audaces, ofreciéndoles más espacio de maniobra fiscal. Y hace dos años, la canciller alemana Angela Merkel, introdujo la idea de «contratos de reforma» personalizados que, nuevamente, crearían incentivos para que los gobiernos promulguen reformas procrecimiento.
Pero la eficacia de esas iniciativas ha resultado limitada, por no decir otra cosa. Los esquemas que procuran fortalecer la coordinación de las políticas simplemente sumaron complejidad a una arquitectura de procedimientos ya bizantina. Las recomendaciones efectuadas a los países carecen tanto de tracción en las capitales nacionales como de coherencia al nivel de la zona del euro. La mano de la UE es fuerte cuando un país necesita asistencia financiera, pero más allá de eso es poco lo que puede hacer, excepto ofrecer consejos.
La zona del euro debe superar esta deficiencia, pero no hay soluciones simples al alcance de la mano. Se esperan propuestas para los próximos meses. Hay un amplio consenso sobre la necesidad de una optimización, pero esa voluntad no será suficiente. Hay quienes promueven una mayor centralización de las decisiones, aunque eso tampoco ayudará, porque las reformas son intrínsecamente nacionales, cuando no subnacionales. En lugar de ello, se puede avanzar en tres direcciones.
En primer término, el análisis del BCE de los desafíos económicos que enfrenta la zona del euro debe ser muy transparente. Los gobiernos deben saber exactamente cómo Draghi y sus colegas evalúan el potencial de crecimiento y empleo, y cómo eso afectará a la política monetaria. Deben tener una idea clara de lo que pueden esperar del BCE y cuál será el resultado (en vez de las medidas exactas) que el BCE espera de ellos.
En segundo lugar, la UE debe apoyar la creación de instituciones nacionales para controlar los acontecimientos locales y su compatibilidad con las metas generales de la zona del euro. Estas pueden basarse en los consejos fiscales creados hace unos pocos años en cada uno de los países miembros para evaluar los planes de finanzas públicas de los gobiernos nacionales. Debido a que son parte de las conversaciones nacionales, estos consejos han probado ser un aporte útil.
De la misma manera, los consejos de competitividad podrían controlar la evolución de los salarios y los precios, el empleo, el crecimiento y la cuenta corriente, y proporcionar recomendaciones a los gobiernos nacionales y sus socios sociales. Esas instituciones estarían en una posición mucho mejor que la UE para formular recomendaciones de reformas oportunas y granulares; podrían funcionar como una red, usar metodologías similares y ayudar así a garantizar una mayor consistencia entre las políticas individuales.
En tercer lugar, la UE podría promover acciones añadidas en áreas de alta prioridad a través de la implementación de esquemas que apoyen a los ciudadanos, a las empresas, o a entidades públicas, cuyo acceso esté condicionado a la implementación de políticas nacionales que cumplan requisitos mínimos. Por ejemplo, la UE podría crear un esquema de apoyo a la capacitación para los jóvenes desempleados, pero vinculado a la eliminación de políticas nacionales que dificulten el empleo juvenil. O podría crear un esquema que apoye la educación superior, pero reservado para las universidades en países donde las instituciones educativas cuenten con un grado mínimo de autonomía.
La justificación sería que el dinero de la UE solo puede ser de ayuda en el contexto de políticas nacionales favorables en el mismo campo. La condicionalidad de este tipo sería positiva, local y no punitiva; funcionaría como zanahoria, no como palo.
Estas son propuestas modestas, porque cuando se trata de la reforma procrecimiento en Europa, las panaceas no existen. No puede haber centralización, y la coordinación siempre corre el riesgo de enturbiarse. Pero las medidas que aquí recomendamos servirían para construir un régimen de políticas más descentralizado y basado en incentivos. Ese sería un buen punto de partida.
