Un nuevo proyecto de ley impulsado en Egipto por el Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, es más grave aun que anteriores normas que permitieron la represión a la sociedad civil, según alertan las organizaciones de derechos humanos. La legislación autorizaría al gobierno a intervenir en la administración interna y en las actividades de grupos de la sociedad civil, así como a controlar todos sus fondos.
Si es aprobada, señalan los críticos, las 41.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) de este país del norte de África pasarán de hecho, a ser parte del aparato estatal. «Todas las ONG egipcias pasarán a trabajar esencialmente bajo la égida del gobierno», explica el presidente de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, Hafez Abu Seada. «Pasaríamos a operar, no en forma independiente, sino como agentes del Estado».
Pero la interferencia estatal en los asuntos de las ONG no es algo nuevo, añade Abu. El régimen autoritario de Hosni Mubarak (1981-2011) utilizó una amplia y represiva legislación para desalentar a las organizaciones de la sociedad civil a que investigaran denuncias de fraude electoral, abusos a los derechos humanos y torturas.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), el principal bloque opositor de Egipto, acusa al gobierno islamista del presidente Mohammad Morsi de querer imponer restricciones aun más severas a la sociedad civil para silenciar a aquellos que intentan hacerle rendir cuentas. El proyecto «busca crear una policía estatal», al «darle el papel a los órganos de seguridad para supervisar el trabajo de estos grupos», señala el FSN en una declaración. «Su principal objetivo es impedir que las organizaciones de derechos humanos investiguen abusos producidos por el gobierno del presidente Morsi».
Mokhtar El-Ashry, jefe del comité legal del ala política de la Hermandad Musulmana, acusa a la oposición de haber malinterpretado el proyecto de ley, y asegura que su objetivo es facilitar el trabajo de los grupos y «liberarlos de restricciones». Pero los argumentos de El-Ashry no son convincentes. los críticos señalan que el texto trata a las ONG como instituciones del Estado, y a sus directores y miembros como funcionarios públicos.
El proyecto ordena al gobierno egipcio a intervenir en casi cada detalle del funcionamiento de las Organizaciones no gubernamentales, desde su composición y elección de directivos hasta sus competencias y afiliaciones, financiamiento y actividades. «Esto es completamente contrario a lo que se supone que debe ser una ONG», explica el director de programas de una organización sin fines de lucro. «Si se aprueba, podemos terminar preguntándole al señor Morsi cómo quiere que implementemos sus políticas», señala el activista, que prefiere el anonimato.
Lo más alarmante, según los activistas, es que la ley ordena inspecciones administrativas y financieras bimensuales a las ONG y el registro de las reuniones que mantengan sus miembros. Las organizaciones lo ven como una inminente amenaza a la confidencialidad que necesitan los disidentes políticos, las víctimas de abusos y los denunciantes. Una cosa positiva, reconoce Abu Seada, es que el proyecto establece un proceso para registrar a las ONG.
Bajo el régimen de Mubarak, las ONG afrontaban grandes dificultades para registrarse, y muchas operaban sin autorización, una situación que el gobierno toleraba, pero que aprovechaba, amenazándolas con el cierre para mantenerlas a raya. El proyecto de ley establece la creación de un comité de nueve miembros que debe aprobar el registro de grupos de la sociedad civil.
Ese órgano está autorizado a rechazar el registro de cualquier organización que considere inconsistente con las «necesidades» de la sociedad egipcia, un término vago que muchos creen que podría ser usado, por ejemplo, para excluir a grupos que investiguen denuncias de tortura o defiendan los derechos de las mujeres. El comité también tiene absoluto poder para aprobar o rechazar financiación local o extranjera a una ONG.
Cerrar el grifo de la financiación exterior es una técnica que han utilizado sucesivos gobiernos para presionar a las ONG que incursionan en áreas sensibles, explica el director de una organización dedicada al desarrollo, que tampoco quiere dar su nombre. «Las organizaciones benéficas tienen fuentes locales de financiación, pero las ONG que trabajan en temas como democracia y derechos humanos dependen enteramente de fondos externos, y sin ellos deben reducir sus actividades o cerrar», explica el director.
Casi todo la ayuda exterior cesó a partir de 2011, cuando el gobierno militar de transición lanzó una campaña contra la sociedad civil. «Casi todos los pedidos de financiación en el último año y medio fueron rechazados», explica Abu Seada. «Tuvimos que reducir nuestro personal de 30 a 12, y clausurar muchos de nuestros proyectos. La mayoría de las otras ONG en Egipto afrontan problemas similares».
Negad El-Borai, abogado de activistas por los derechos humanos y la democracia, opina que el proyecto es un campo minado de obstáculos y pretextos para negar el acceso a la financiación externa. Advierte que las ONG que intenten participar de actividades que se alejen de las políticas estatales o expongan abusos del gobierno rápidamente se verán hundidas en la burocracia o frente a la justicia.
El-Borai explica que «pueden negar fondos o cerrarlas por cualquier motivo». «Y si el caso va a la justicia... tenemos que detener todas las actividades hasta recibir el veredicto, y eso llevaría al menos uno o dos años». El borrador final del proyecto ha sido enviado al Consejo Shura, la cámara alta del parlamento. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos temen que ese órgano, dominado por islamistas, se remita a dar su aval al texto. «Eso sería un desastre» para la sociedad civil, denuncia El-Borai. «Hemos presionado mucho para conseguir cambios, pero esto queda muy por debajo de los estándares internacionales».
