Representantes del Sur han expresado su creciente frustración al no poder equiparar el poder de negociación de las multinacionales, algo que, en su opinión, resulta en tratos desiguales. Por eso, CONNEX «brindará a los países en desarrollo... una experiencia extensa y concreta para la negociación de contratos comerciales complejos, centrándose inicialmente en el sector de la extracción», según el comunicado final de la cumbre. Además la iniciativa coordinará un incremento reciente de medidas que los países donantes tomaron al respecto, e incluirá «como primer paso una central de recursos que reúne información y orientación».
Una hoja informativa que difundió el gobierno de Estados Unidos señala que la iniciativa responde a «solicitudes directas» que hicieran en 2013 la Unión Africana y demás países en desarrollo, en particular con respecto a las dificultades en la negociación con «empresas multinacionales del sector de la extracción».
Según Washington, CONNEX tendrá como meta la creación de «equipos de respuesta rápida que brinden asistencia a los países en desarrollo en la negociación de los contratos». No obstante, CONNEX aún no se concretó y su proceso de formalización comenzará el martes en Nueva York. El proyecto lo lleva a cabo el Centro Columbia de Inversión Sostenible (CCSI), en la Universidad de Columbia, que tiene experiencia en la asistencia en negociaciones y albergará la infraestructura digital de la iniciativa.
La directora del CCSI, Lisa Sachs, cree que «las grandes inversiones, en los recursos naturales o la infraestructura, son los medios más importantes de generación de fondos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de muchos países en desarrollo». «Pero a pesar de la importancia de estos acuerdos, muchos gobiernos no cuentan con sólidos marcos reguladores ni con los recursos necesarios para negociar buenos acuerdos».
Transparencia recíproca
Los acuerdos de inversión en el sector de la extracción de recursos naturales pueden estar vigentes durante décadas, por lo que una mala negociación tendrá consecuencias a largo plazo en la capacidad de un país para financiar su sector público. Esto tiene un impacto mayor en la población más pobre y marginada.
Los acuerdos malos «no solo impedirán que un país aproveche todos los beneficios a largo plazo de sus recursos», según un documento redactado en febrero por el CCSI, sino que también «ayudan a enquistar la pobreza, la corrupción y hasta los conflictos armados, sobre todo cuando los sistemas de gobernanza son inadecuados».
Según un estudio publicado en 2013 por la organización sin ánimo de lucro Revenue Watch Institute (ahora conocida como Natural Resource Governance Institute), estas industrias facturan billones de dólares al año, pero solo una pequeña fracción de ese dinero le llega a las comunidades pobres en los países en desarrollo.
Más del 80 por ciento de los países indagados por Revenue Watch Institute no instituyó normas de transparencia satisfactorias en estos sectores, y la mitad ni siquiera había dado los pasos fundamentales en este sentido. Las conclusiones constituyen un «déficit de gobernanza impactante», destaca la organización. Sin embargo, cada vez más países buscan asistencia en la negociación de los contractos de extracción con empresas multinacionales, aseguran expertos en desarrollo.
Ya sea que los gobiernos tengan una buena gestión o no, «la motivación es la misma, generar la mayor cantidad de dinero mediante los contratos de recursos naturales», señaló a Ian Gary, asesor de la organización humanitaria Oxfam Estados Unidos, sobre la industria de la extracción. «Los gobiernos reconocen que... en estas negociaciones se enfrentan a grandes empresas que traen a decenas de abogados con enormes ventajas para hacer estos negocios. Sea como sea, es un intento de igualar las condiciones», agrega Gary.
Los donantes multilaterales y bilaterales, entre ellos el Banco Mundial y el gobierno alemán, reforzaron la asistencia técnica en esta área en los últimos años, y CONNEX tendrá un papel fundamental en la coordinación de estos esfuerzos. Pero Gary hace hincapié en que la inquietud que generan la transparencia y la gobernabilidad deberá integrarse a los paquetes de asistencia.
«Tiene que haber reciprocidad entre los donantes que prestan esta asistencia técnica y los gobiernos que la reciben, para asegurarse de que los contratos posteriores se hagan públicos y que los ciudadanos puedan supervisar esa información», dice. «Lamentablemente, no estoy seguro de cuánto interés tendrán los donantes la próxima semana para tratar estos temas delicados».
Inversión a largo plazo
Más allá del marco de la iniciativa CONNEX del G-7, un factor de moderación incipiente en este asunto puede surgir de otra fuente, las mismas corporaciones multinacionales. El CCSI destaca que los aspectos económicos de un contrato mal negociado pueden afectar a ambas partes ya que, por ejemplo, pueden incrementar las protestas sociales, reducir la seguridad para las concesiones de las empresas, o modificar los términos legales del contrato, como los impuestos que deben pagar las compañías.
Por otro lado, si los gobiernos del Sur en desarrollo tienen equipos de negociación más fuertes, según este criterio, podrán lograr contratos más fuertes y una mayor legitimidad para los negocios de extracción. «Hay empresas que se están dando cuenta que no les conviene a largo plazo lograr acuerdos sumamente malos para los gobiernos», destaca Gary, de Oxfam.
Para el asesor de esta organización humanitaria «con el tiempo, las condiciones de esos acuerdos se harán públicas y eso puede conducir a la inestabilidad. Una compañía petrolera puede operar en un determinado país durante 30 años, así que, en última instancia, le conviene asegurarse de que no haya sorpresas en el camino».
