Pescanova se instaló en Nicaragua en 2002. Sus trabajadores están obligados a cumplir 12 horas sin descanso semanal, con graves faltas de condiciones de salubridad para sus trabajadores, que por ejemplo, sólo pueden ir al baño una vez al día. Además su maquinaria causa «daños ambientales irreparables», según el informe de esta ONG y otras como Greenpeace o Ecologistas en Acción. A pesar de eso, la empresa recibió créditos de 10 millones de euros en junio del año pasado, a través de varios ministerios. Es sólo uno de los varios ejemplos de «malas prácticas» que recoge el estudio de Intermón Oxfam.

Otras empresas como Ebro Foods, que trabaja en más de 25 países y comercializa marcas de arroces como SOS, La Fallera o Brillante, se instaló en Larache (Marruecos) en 2001. Según el informe, la multinacional se beneficia de mano de obra barata, no realiza cursos de capacitación a los agricultores de la zona, ni mecaniza las tierras. Las comunidades afectadas, denuncian que las nubes de mosquitos que se producen en las zonas arroceras a causa de los pesticidas y fertilizantes, invaden sus casas y tierras, afectando al agua que consumen y a sus animales. Esta ONG denuncia la precariedad laboral de muchos trabajadores, especialmente mujeres, que no tienen contratos por ser temporales o que a las que se discrimina salarialmente.

Agrobeba, también del sector del arroz, se instaló en 2010 en Guinea Bissau, pero según las comunidades afectadas, su instalación supuso la expulsión de sus tierras, de 600 campesinos. Además los trabajadores no tienen contratos escritos y cobran tarde. Para Oxfam lo peor es que pese al potencial de desarrollo que podría suponer la instalación de esta empresa, ha generado más pobreza de la que existía antes de su llegada.

Para Paula San Pedro, autora del informe «La empresa española y los derechos humanos. Claves para una internacionalización responsable», la mayor parte de las empresas no consultan a las comunidades antes de instalarse en un territorio, lo que perjudica a los agricultores y también a la propia empresa que no ve cumplidos sus objetivos de producción, por las continúas disputas con los ciudadanos y por la baja preparación profesional de los mismos.

Uno de los casos más clamorosos es el de Hidralia, vinculada al sector de la energía, que se ha establecido en Guatemala, desatando protestas y movilizaciones de la comunidad indígena afectada. Se instalaron sin contar con el visto bueno de los ciudadanos y en este tiempo ha habido graves disturbios con una persona muerta y varias detenciones ilícitas».

Para María Dolores López, responsable del sector privado de Intermón Oxfam, «es necesario que estas empresas creen un impacto positivo en los lugares en los que se asientan generando un crecimiento económico sostenible, reduciendo la pobreza y respetando los Derechos Humanos».

López cree que es el inicio de una nueva era porque «hay nuevos marcos legales en el ámbito internacional que van a obligar a tener en cuenta los DD.HH». Naciones Unidas ha presentado unos principios rectores, que la Comisión Europea ha aconsejado a los Estados miembros que se firmen y que «marcan un hito en la responsabilidad de las empresas con respecto a los derechos de los afectados».

La Comisión Europea, que ha tardado cinco años en llegar a un acuerdo, está preparando una directiva sobre Reportes No Financieros, que prevé que las empresas se responsabilicen de toda la cadena de suministro y producción y se hagan responsables de posibles indemnizaciones por daños tanto medioambientales como personales. En el actual borrador las empresas deberán reparar los daños judicial y extrajudicialmente.

María Dolores López recuerda que los derechos que deberán respetar las empresas tanto en sus países como en el extranjero son los «derechos económicos, laborales, medioambientales y de recursos naturales».

El ejemplo más reciente es la reacción de las multinacionales del textil tras el desplome de un edificio en Bangladesh donde murieron más de 1.000 personas. Días más tardes las grandes marcas se comprometieron a exigir que los lugares de trabajo donde se tejían sus piezas deberían cumplir con unas mínimas normas de seguridad laboral.