¿Puede prevenirse o eliminarse la violencia contra las mujeres con un nuevo tratado internacional que firmen y ratifiquen los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?

La sudafricana Rashida Manjoo, relatora especial del foro mundial sobre la Violencia Contra la Mujer, ha dicho a la Asamblea General que la falta de un acuerdo legalmente vinculante es uno de los obstáculos que se interponen ante la promoción y la protección de los derechos femeninos y la igualdad de género.

«Se requiere con urgencia una serie diferente de leyes y medidas prácticas para responder y prevenir la violación sistémica, generalizada y dominante a los derechos humanos que experimentan mayoritariamente las mujeres», planteó a los delegados.

Pero organizaciones no gubernamentales y de mujeres asumen una posición más cauta ante un nuevo tratado. «En principio, la idea de una legislación más fuerte y más específica es buena», pero «sabemos que no es suficiente» para cambiar prácticas y actitudes, señala Sanam Naraghi-Anderlini, cofundadora de la Red Internacional de la Sociedad Civil en Acción (ICAN).

«Hay muchos países —desde Estados Unidos a miembros de la Unión Europea y más allá, como Pakistán— donde las leyes existen, pero la violencia contra las mujeres continúa en muchas esferas de la vida, manifestándose de diversas formas y en proporciones horrendas», nos dice. «Por lo tanto, la legislación tiene que combinarse con otros pilares y elementos que garanticen su efectiva implementación».

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, asegura que se requiere un apoyo internacional sustancial, no solo para que se termine adoptando el texto de un tratado, sino incluso para que comiencen las negociaciones, tal vez a partir de una resolución del foro mundial. Quienes promueven un tratado «tendrán que convencer a la comunidad internacional de que existe una necesidad real de contar con ese instrumento legal».

También destaca que esto implicará asegurarse de que los instrumentos legales internacionales ya existentes son inadecuados para abordar los problemas que quienes promueven un nuevo tratado buscan atacar.

«Aunque la violencia de género, o cualquier otra forma de violencia, tiene que condenarse sin reservas, esto planteará un desafío para los promotores de un tratado» sobre la primera, dijo el embajador Kohona, quien actualmente ejerce de representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

«También se sabe que, aunque las leyes pueden ser útiles para modificar actitudes sociales y comunitarias, se requerirá más de un instrumento internacional para poner fin a este comportamiento abominable», añade.

Según él, la humanidad debe plantarse contra la violencia, en particular la basada en el género. «Como observó un filósofo, habitamos este planeta por un período de tiempo corto. ¿Por qué herir a otro durante esta breve existencia?», dice.

Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (más conocida por su nombre en inglés, Global Network of Women Peacebuilders), nos señala que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, ya cubre la eliminación de la violencia contra ellas.

«¿Por qué necesitamos otra ley?», preguntó. «No veo que tener otro tratado sobre los mismos asuntos aporte ningún valor añadido. En todo caso, corremos el riesgo de debilitar a la Cedaw, por la que lucharon mujeres de todo el mundo (y que) ya tiene casi la ratificación universal», adujo.

Cabrera-Balleza opina que no tiene sentido volver a presionar a los gobiernos. Añade que, además, «al haber muchos gobiernos conservadores en el poder, existen muy pocas posibilidades de lograr que se ratifique otra ley».

Recuerda que los instrumentos internacionales de que se dispone actualmente y que promueven y protegen los derechos de las mujeres, el empoderamiento femenino y la igualdad de género se lograron principalmente mediante las conferencias mundiales de los años 90. «Ya no tenemos ese impulso global. Nunca volverá a haber una conferencia mundial sobre la mujer de la magnitud e impacto que tuvo la de Beijing en 1995», asegura.

«Estoy totalmente a favor de las medidas prácticas... pero basta de acertijos legales, por favor. Las mujeres de todo el mundo ya están cansadas de leyes y políticas; lo que quieren es que se pongan en marcha», plantea Cabrera-Balleza.

Naraghi-Anderlini, de ICAN, dice: «No podemos negar la adversa reacción cultural o 'religiosa' contra la llamada agenda progresista en materia de derechos femeninos».

En sociedades dominadas por normas patriarcales, donde se considera que la mujer es propiedad del hombre, los conservadores sociales pueden fácilmente aprovechar las tradiciones y normas culturales para generar una oleada de oposición contra los cada vez más derechos de ellas.

«Estamos viendo que fuerzas externas (por ejemplo ideología religiosa de origen saudita, la Iglesia Católica, etcétera) proponen normas y prácticas más conservadoras», señala Naraghi-Anderlini. Por lo tanto, como mínimo, las nuevas leyes deben estar acompañadas de mensajes diseñados a medida, y que transmitan por ejemplo los medios de comunicación a través de reconocidas y respetadas figuras nacionales, comunitarias o religiosas, para desafiar esas normas.

Según Naraghi-Anderlini, se requiere una capacitación efectiva y equipamiento de los servicios de aplicación de la ley a fin de poder implementar la nueva legislación (por ejemplo, brindar atención a las víctimas, proteger a los declarantes, etcétera), y los oficiales de policía tienen que responder por sus acciones, omisiones o transgresiones.

También sería interesante e innovador que se introdujera un mecanismo ascendente para determinar responsabilidades, dijo.

Por ejemplo, planteó, ¿la ONU estaría dispuesta a apoyar una campaña por la seguridad de las mujeres donde organizaciones femeninas locales recibieran el apoyo técnico, financiero y político necesario para llegar a líderes policiales, de aplicación de la ley y de las comunidades locales, para juntos redactar un estatuto que obligue a las autoridades a garantizar que protegerán a las mujeres de la violencia?

Y además, ¿la policía nacional y sus versiones locales estarán dispuestas a suscribir un estatuto en el que prometan proteger a mujeres que denuncian casos de violencia, a prometer no violar o acosar a testigos y víctimas, a impedir que se genere más violencia?

«Si ellos acceden a firmar tal estatuto, entonces será un compacto social constituido por actores locales que pueden llamarles a la responsabilidad. Si no lo hacen, o si intentan suavizar las condiciones, será indicativo de una profunda falta de voluntad o compromiso político para con la seguridad de las mujeres», declaró Naraghi-Anderlini.

La relatora Rashida Manjoo dijo a fines de octubre a la Asamblea General que, pese a los avances, hay una serie de desafíos que obstaculizan los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos de las mujeres. Esto se debe ampliamente a la ausencia de un enfoque integral, que aborde los factores individuales, institucionales y estructurales que son causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres, enfatizó.

Exponiendo los argumentos a favor de un nuevo tratado, Manjoo señaló que con un instrumento específico y legalmente vinculante habría un marco de protección, prevención y educación que reafirmaría el enunciado de la comunidad internacional.

Ese enunciado determina que los derechos femeninos son derechos humanos y la violencia contra las mujeres es, en sí misma, una violación dominante y generalizada a los derechos humanos.