Desde la fundación de la organización abolicionista Hands Off Cain, en 1993, 56 de los 97 estados retencionistas (países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes) que integraban entonces la ONU abandonaron la pena capital.
Quince de ellos lo hicieron a partir de 2006, al año siguiente de que fuera relanzada la campaña abolicionista en la Asamblea General. Otros tres países (Palaos, Timor Oriental y Tuvalu), que se
integraron al foro mundial después de 1993, también son abolicionistas.
En vísperas de la cuarta votación en la Asamblea General de la ONU, prevista para fines de este año, de un proyecto de resolución para la moratoria de la pena capital, es importante revisar la actual situación.
Hay 154 países y territorios que, en diferente grado, han decidido renunciar al máximo castigo. De estos, 100 son completamente abolicionistas, siete solo retiraron la pena capital en casos de delitos ordinarios, cinco tienen vigente una moratoria de las ejecuciones y 42 son abolicionistas de hecho (no han realizado ninguna ejecución en los últimos 10 años o están sometidos a obligaciones que les impiden aplicar la pena capital). Por otro lado, hay 44 países retencionistas del máximo castigo.
En 2011, 19 países realizaron ejecuciones, contra 27 en 2006. El año pasado fueron ejecutados por lo menos 5.000 condenados, contra al menos 5.946 en 2010, 5.741 en 2009, 5.735 en 2008 y 5.851 en 2007.
Un importante giro se produjo tras la introducción en China de una reforma legal el 1 de enero de 2007, que requiere que cada sentencia capital sea revisada por la Corte Suprema. Según estimaciones de la Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, las ejecuciones en China cayeron 50 por ciento desde 2007 (a unas 4.000 por año).
Sin embargo, los pasos más significativos se han dado en África, donde se encuentra la mayor cantidad de países abolicionistas de hecho y donde se produjo una ola contra la pena capital similar a la registrada en Estados Unidos.
Desde 2007, los estados de Connecticut (noreste), Illinois (centro), Nuevo México (sur) y Nueva Jersey (noreste) abolieron la pena de muerte, mientras que el gobernador de Oregon (noroeste) declaró el año pasado una moratoria de las ejecuciones.
En África, Ruanda, Burundi, Gabón, Togo y Benín eliminaron por completo la pena capital. En los dos primeros países en particular (donde hubo olas de violencia y venganza más fuertes y trágicas), la abolición tuvo un valor legal, político y simbólico extraordinario.
África sigue siendo el primer objetivo del grupo de presión que busca apoyo adicional al proyecto de resolución para una moratoria de las ejecuciones, pues allí seguimos registrando las iniciativas políticas y legislativas más significativas para la abolición.
Durante la última misión realizada por Hands Off Cain en República Centroafricana, entre el 24 y el 27 de octubre, nuestra llegada fue recibida con la noticia de la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un proyecto para abolir el máximo castigo del Código Penal.
Cuando el ministro de Justicia, Jacques M'Bosso, recibió a la delegación, subrayó la disposición de su país de convertirse en uno de los protagonistas del proceso abolicionista. Por su parte, el propio primer ministro Faustin-Archange Touadera nos aseguró que la República Centroafricana votará a favor del nuevo proyecto de resolución por una moratoria universal.
Además, expresó su voluntad política de utilizar todos los medios legales disponibles para eliminar la pena de muerte, que no ha sido aplicada en ese país en más de 30 años, confirmando así el compromiso asumido por su gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, estos avances deben también corresponderse con el compromiso de la comunidad internacional para mejorar las condiciones de las prisiones. Estando en la capital, Bangui, la delegación visitó la prisión de mujeres de Bangui-Bimbo y la de hombres de Ngaragba. La primera es una pequeña instalación que alberga a 31 mujeres y tres adolescentes en tres dormitorios separados. Dos tercios de esas mujeres todavía esperan ser juzgadas, y muchas han sido acusadas de brujería.
La prisión para hombres aloja a 328 reclusos, dos tercios de los cuales aún esperan juicio. El centro penitenciario está dividido en bloques, dependiendo del riesgo que suponga el preso y el tipo de crimen que haya cometido.
Cada bloque tiene un nombre diferente: la sala Blanca está reservada hoy para presos políticos y es la más grande, la Couloir, para los que fueron detenidos practicando brujería, la Iraq, para quienes cometieron crímenes violentos, la Golo-Waka, para sentenciados por robo y consumo de marihuana, y la DPP, para condenados por crímenes contra la administración pública.
El centro de reclusión se encuentra en muy malas condiciones: la vasta mayoría de los detenidos duermen directamente en el suelo con mínimas condiciones de higiene, y los alimentos se distribuyen con poca consideración de las pautas de sanidad.
