Como consecuencia de esas decisiones organizaciones sociales españolas consideran que es urgente que el gobierno tome medidas contra el Proyecto Castor. Se deben abordar diferentes cuestiones como el pago de la parte de la indemnización que deberá abonar cada ciudadano a través de la factura del gas, por la deuda y el desmantelamiento de las instalaciones del almacén de gas.
También es prioritario revisar el mecanismo financiero europeo que posibilitó el proyecto y que sigue vigente, como destacan el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia entre otras organizaciones.
El presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, ya ha reconocido públicamente que se hizo una evaluación desastrosa para el proyecto Castor, pese a que el banco que preside sigue sin dar respuesta a la denuncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS) presentó ya hace más de un año.
La Plataforma espera que el informe de la resolución aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo (350 votos a favor) se ponga en marcha a partir de ahora. «El resultado de esta votación nos anima a seguir en nuestro esfuerzo para lograr la derogación del Decreto Ley 13/2014 del mes de octubre sobre el pago de esta subvención encubierta" dicen en la Plataforma del Sénia.
Evelio Monfort, miembro de la Plataforma. explica que presentarán próximamente "una denuncia ante la Comisión Europea y una petición ante el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo sobre este tema. Además de una queja formal ante la Defensora Europea por la falta de respuesta del BEI a nuestra solicitud de hace más de un año».
La resolución debe mantener a la opinión pública en alerta de cara a los procesos judiciales a nivel estatal, que se prevén lentos, tanto la causa en el juzgado 4 de Vinarós por delitos medioambientales, como los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya y por el PSOE.
Asímismo «se pone de relieve la urgente revisión del mecanismo financiero europeo de los Project Bonds que hizo posible el proyecto Castor, y que sigue vigente» explica Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
La deuda de 1.350 millones de euros generada a través de la indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 aseguró a ACS el pasado octubre, será abonada a través de la factura del gas durante 30 años, pero puede llegar a convertirse en un monto de más de 4.000 millones, a los que habrá que sumar otros costes millonarios de mantenimiento y operación que Enagas, la nueva encargada de la infraestructura, cobrará también a través de dicha factura.
Ni el Gobierno ni el ministerio de Industria han informado sobre cómo se concretará ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016. Incluso los informes sobre el riesgo sísmico que el gobierno ha encargado a institutos internacionales siguen sin presentarse, retardando esta decisión incluso hasta la próxima legislatura.
Las organizaciones exigen la suspensión cautelar del Decreto Ley mientras no se resuelvan los distintos procesos judiciales y administrativos del caso, y se depuren las responsabilidades penales y políticas. Condenan esta infraestructura innecesaria y su deuda ilegítima, especialmente en un momento en el que se dan situaciones de pobreza energética y de emergencia social generalizada.
Consideran que los daños, la deuda y el desmantelamiento de la plataforma Castor deben ser asumidos por los responsables.
