El informe que ha hecho público el senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA en la llamada «guerra contra el terrorismo» no es suficiente, afirman destacadas organizaciones de derechos humanos que pretenden que los responsables sean sometidos a juicio.

Sostienen que se necesitan medidas adicionales para garantizar que funcionarios estadounidenses no repitan nunca más las torturas detalladas en el informe redactado por el Comité de Inteligencia del senado tras meses de intensas negociaciones con la CIA y el gobierno de Barack Obama.

«Este debe ser el comienzo de un proceso, no el final», dice Anthony Romero, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). «El informe debe provocar la acción del presidente Obama y el Congreso..., para asegurarse de que la tortura y la crueldad nunca se utilicen de nuevo», agrega.

Romero pide que se designe un fiscal especial para procesar a los «arquitectos y responsables» de las torturas que el gobierno de George W. Bush (2001-2009) llamó con el eufemismo de «técnicas de interrogatorio reforzadas».

También reclama que el Congreso legislativo afirme su control sobre la CIA, «que en este informe suena más a un grupo paramilitar rebelde que a la agencia de recolección de información que se supone que debe ser», añadie.

Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos con sede en Londres, declara que el informe «recuerda al mundo el absoluto fracaso de Estados Unidos para acabar con la impunidad de quienes autorizaron y emplearon la tortura y otros malos tratos». «Este es un llamamiento de atención a Estados Unidos. Debe revelar toda la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, juzgar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas», destaca Erika Guevara, directora para América Latina de Amnistía.

El informe de 524 páginas es el resumen parcialmente censurado de otro informe aún secreto, de 6.300 páginas, sobre el tratamiento dado a 119 sospechosos de terrorismo que Estados Unidos mantuvo detenidos en lugares sin revelar en el extranjero.

El documento del senado acusa a la CIA no solo de aplicar la tortura en un grado más «brutal y mucho peor» de lo que se había informado, sino también de engañar a la Casa Blanca y al Congreso acerca de sus actividades y el supuesto valor de la información obtenida con esa práctica.

El «submarino» o simulacro de asfixia por inmersión, por ejemplo, se aplicó a los detenidos con más frecuencia y en más lugares secretos de la CIA de los que antes se creía. A algunos sospechosos se les privaba del sueño durante una semana, otros recibían «alimentación» o «hidratación por vía rectal», y otros con fracturas en los pies o las piernas fueron obligados a permanecer de pie.

Un detenido murió de hipotermia. A Abu Zubaida, un supuesto detenido de «alto valor» perteneciente a la red islamista Al Qaeda, se le sometió a decenas de sesiones de submarino. El tratamiento era tan brutal que varios agentes de la CIA pidieron que se les transfiriera del caso.

La CIA y exfuncionarios del gobierno de Bush, en particular el exvicepresidente Dick Cheney, insistían en que mediante la tortura se obtenía información clave, como la que condujo a la muerte de Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda, en 2011, pero el informe concluye que las «técnicas de interrogatorio reforzado» no fueron eficaces.

Siete de 39 detenidos sometidos a las peores torturas no dieron información en absoluto, mientras que otros ofrecieron datos antes de ser sometidos a ellas, según el documento, basado en informes y comunicados propios de la CIA.

En algunos casos, los detenidos torturados dieron información errónea sobre «amenazas terroristas» que en realidad no existían, según el informe. De los 119 detenidos sometidos a tortura, al menos 26 no deberían haber sido capturados, agrega.

La presidenta del Comité de Inteligencia del senado, Dianne Feinstein, luchó durante meses para publicar el informe a pesar de las fuertes objeciones de la CIA. La senadora escribe en el prólogo de la investigación que, tras los atentados que Al Qaeda perpetró contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, «podía entender el impulso de la CIA para tomar en consideración el uso de todas las herramientas posibles para reunir información y eliminar a los terroristas del campo de batalla».

«Sin embargo, esa presión, miedo y expectativa de nuevas conspiraciones terroristas no justifican, atenúan o excusan acciones impropias que personas u organizaciones tomaron en nombre de la seguridad nacional», según Feinstein.

Por su parte, el director de la CIA, John Brennan, un funcionario de carrera designado por Obama, cuyo papel en los interrogatorios del gobierno de Bush no queda claro, «reconoce que el programa de detención e interrogatorio tuvo deficiencias y que la Agencia cometió errores».

Pero también defiende la tortura e insiste en que «los interrogatorios de los detenidos a los que se aplicaron técnicas de interrogatorio reforzado produjeron información que ayudó a frustrar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas». Por ejemplo, la CIA afirma que un detenido sometido a tortura identificó al mensajero de Bin Laden, lo que posteriormente permitió ubicar al líder de Al Qaeda.

En general, el Partido Republicano en la oposición también defiende a la CIA y las órdenes del gobierno de Bush autorizando la tortura. De hecho, los miembros republicanos del Comité del senado han publicado un informe en minoría que asegura que la mayoría de sus integrantes no habían entrevistado a funcionarios de la agencia que participaron directamente en los interrogatorios.

«No hay razón alguna para que este informe se publique», afirma el senador republicano Saxby Chambliss. «Es puramente una táctica partidista» con el fin de atacar al gobierno de Bush, añadie. La oposición también advierte de que la publicación del informe podría poner en peligro al personal y a la población estadounidense en el extranjero, ya que fomentaría el sentimiento contra Estados Unidos, especialmente en el mundo musulmán.

Pero el senador John McCain, el excandidato presidencial del Partido Republicano en 2008 que fue prisionero de guerra en Vietnam y sufrió torturas a manos de sus captores, defiende el informe. Es «un estudio profundo y reflexivo de las prácticas que yo creo que no solo fallaron en su propósito... sino que realmente dañaron nuestros intereses de seguridad, así como nuestra reputación como una fuerza para el bien en el mundo», declara.

McCain apoya la aprobación de una ley que prohíba la tortura, sobre todo porque un futuro presidente puede anular las órdenes ejecutivas de Obama que prohibieron esa práctica en 2009. Pero otros quieren que el presidente vaya más lejos y procese a los torturadores.

Los responsables «deben ser procesados en tribunales de Estados Unidos, y si nuestro gobierno sigue negándose a hacerlo, deben ser perseguidos internacionalmente bajo los principios de la jurisdicción universal», dice Baher Azmy, director legal del Centro por los Derechos Constitucionales y abogado de varios detenidos en la cárcel que Washington mantiene en Guantánamo, Cuba.