El pasado día 10 de este mes, el Departamento de Justicia estadounidense entregó los documentos a la Unión Americana de Libertades Civiles (conocida por sus siglas en inglés, ACLU) y a la Electronic Frontier Foundation (EFF), que habían presentado una demanda reclamando su desclasificación. Las dos organizaciones habían iniciado litigios contra la NSA, cada una por su cuenta, desafiando su programa de espionaje doméstico.

El director de la Inteligencia Nacional, James Clapper, ha publicado a su vez estos documentos en el sitio web de su institución.

En el ojo del huracán está un proyecto mediante el que la NSA recolecta información relativa a cada llamada de teléfono en Estados Unidos o «metadatos», que salió a la luz este año a raíz de las denuncias de Edward Snowden, exempleado de la empresa privada de inteligencia Booz Allen Hamilton. Snowden, que vive actualmente en Rusia bajo asilo político, filtró información secreta sobre estas prácticas.

Algunos de los documentos desclasificados más significativos son los fallos de la Corte de Vigilancia del Espionaje Exterior (FISC), que autorizó que este análisis de metadatos telefónicos avanzara en los últimos años.

Estos documentos «son muy reveladores», dice Trevor Timm, analista político de Electronic Frontier Foundation.

«Primero, la NSA declara ante el tribunal (FISC) en 2009 que no hay ni un sólo empleado en su oficina capaz de entender adecuadamente el sistema de vigilancia, lo que resulta increíble ya que este sistema existe únicamente porque fue legalizado por ese tribunal en base a las peticiones de la NSA», señala.

«Esto demuestra que la NSA sólo responde ante sí misma. Puede salir impune de cualquier litigio sin dar explicaciones a ninguna corte judicial, y no habrá repercusiones legales ni forma alguna de que alguien investigue», continua Timm.

El 19 de julio, el tribunal ordenó al Departamento de Justicia que negociara con las partes que pedían tener acceso a estos y otros registros del FISC para desclasificar voluntariamente la mayor cantidad posible de documentos. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), algunos registros todavía no han sido desclasificados, pero esto al menos ha reducido el volumen de la disputa ante los tribunales.

La EFF está a la espera de que el FISC se pronuncie sobre su interpretación del término «relevante», que aparece en la Sección 215 del «Patriot Act» y que la NSA esgrime como justificación para recabar metadatos telefónicos en Estados Unidos. La NSA sostiene que los metadatos de cada ciudadano son «relevantes» para la seguridad nacional.

«Aún creemos que podemos conseguirlo. Esto afectará directamente a la demanda», dijo Timm.

Como respuesta a la orden judicial del 19 de julio, el Departamento de Justicia declaró que podía desclasificar un mayor número de registros de lo previsto gracias a una indicación del presidente Barack Obama el 9 de agosto de liberar «la mayor información posible sobre estos programas». Sin embargo, la EFF considera que el gobierno no facilita esta información voluntariamente. «La directiva presidencial no fue el motivo por el que empezaron a desclasificar la información. Fue por orden judicial», dice Trevor Timm. «Pero a raíz de la directiva presidencial las negociaciones mejoraron».

«Han luchado con uñas y dientes para impedir que esta información se haga pública. Ni siquiera han aclarado el número de páginas que hay en total. Dijeron: «Si desclasificamos incluso una sola palabra de esto, se causará un daño significativo a la seguridad nacional»»

«Desde las declaraciones de Snowden se ha demostrado que eso era ridículo», dice Timm. «Básicamente están estableciendo leyes y definiendo luego términos sobre los que apoyarlas. Todo esto debería haberse hecho público hace años», agrega.

En enero de 2009 la NSA reveló al tribunal que había infringido sus propias normas de minimizar el acceso a información privada y legalmente protegida de los ciudadanos. La NSA había violado las leyes en numerosas ocasiones investigando a estadounidenses sin tener ninguna sospecha de una posible conexión con terroristas.

La NSA tenía un listado de unos 18.000 números telefónicos de los que había estado no solo recogiendo metadatos, sino también investigando, aunque solo tenía sospechas razonables de vínculos terroristas de alrededor de 2.000 de ellos.

Un decreto del 3 de marzo de 2009 emitido por el juez del FISC Reggie B. Walton obtenido por los demandantes, revela el descontrol en la agencia federal. «El tribunal primero autoriza la recogida en masa de metadatos en 2006», dice Patrick Toomey, abogado y miembro del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. «En 2009 detalla las restricciones estrictas que se impuso al uso de este registro de metadatos telefónicos y describe como el gobierno las ignoró o simplemente transgredió», agrega.

«Probablemente, el punto más alarmante que surge de estos documentos es el grado de incumplimiento del gobierno de las órdenes judiciales», dice Toomey.

Según la NSA, no se puede esperar privacidad en los metadatos en el marco de la Cuarta Enmienda, porque esa información es propiedad de las compañías telefónicas. «Se aferran a un caso de los años 70 que permitía a los agentes de la ley recabar una llamada telefónica de una persona», señaló Timm, refiriéndose a "Smith versus Maryland", un caso de 1979 resuelto por la Corte Suprema. Analizar los metadatos telefónicos de todos los residentes de Estados Unidos «no es exactamente lo que la Corte Suprema pretendía o suponía posible cuando dictó sentencia», dice Timm.

La NSA también argumenta que no es una violación de los derechos de los ciudadanos recoger y almacenar los metadatos telefónicos, porque solo usa la información cuando la necesita. Pero la ACLU discrepa con esa lógica: «no importa qué hace el gobierno con esa información. En lo que respecta a la Cuarta Enmienda y a la privacidad, el gobierno ha tomado por su cuenta información que revela detalles personales, tendencias políticas, creencias religiosas e incluso datos médicos», dice Toomey.

«Si el gobierno se lleva tu diario personal y promete no leerlo, será de todos modos una injerencia y un registro, y no solo porque el papel sea de tu propiedad», enfatiza.