No es de sorprender que los medios de comunicación hayan acosado al portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, con preguntas sobre la reacción del secretario general Ban Ki-moon ante esta situación. «El secretario general cree que la prohibición de la tortura» por la convención de la ONU «es absoluta e innegociable», declaró Dujarric a los medios el miércoles 10.
«No creo que el secretario general haya tenido una comunicación directa con alguien del gobierno de Estados Unidos» después de que se diera a conocer el informe de ese país el martes 9, agregó. «Nadie toma al informe como si fuera el evangelio. Y no le corresponde al secretario general decir que sea un informe definitivo. Hay un debate abierto y este es el comienzo de un proceso», respondió el portavoz de la ONU.
Los dos informes, uno del Comité de Inteligencia del senado de Estados Unidos sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA y el otro de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que documenta 434 asesinatos y desapariciones políticas y el uso generalizado de la tortura en ese país durante un período de 42 años, incluida la dictadura militar (1964-1985), se han conocido en el Día de los Derechos Humanos, que la ONU conmemora cada 10 de diciembre.
«Extraña coincidencia», comentó Vijay Prashad, profesor de estudios internacionales de la universidad estadounidense Trinity College. El informe del senado de Estados Unidos demuestra que son muy conscientes de que las revelaciones «apestan», añadió. «Hay una sección muy reveladora donde se dice que» el secretario de Estado de Estados Unidos entre 2001 y 2005 «Colin Powell no debe ser informado, porque se enfurecería», recuerda Prashad, autor de 15 libros sobre política internacional.
«Sabían que se habían pasado de la raya, lo ocultaron a su propio pueblo, y sin embargo nadie tendrá que rendir cuentas», subraya.
Estados Unidos ratificó la Convención contra la tortura (1987) en 1994 y Brasil lo hizo en 1989.
En respuesta a los dos informes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, instó a los 193 estados miembros del foro mundial a actuar de manera inequívoca en su esfuerzo por acabar con la tortura.
Dijo que el informe de Estados Unidos muestra que la tortura sigue practicándose en un buen número de los 156 países que han ratificado la Convención y donde está prohibida por la legislación nacional. «Que se haya confirmado con tanta claridad que un país como Estados Unidos la practicó recientemente como parte de su política es un recordatorio muy crudo de que tenemos que hacer mucho, mucho más para acabar con ella en todo el mundo», observó.
Esto es particularmente cierto en este momento de creciente terrorismo internacional, cuando hay una tendencia a caer de nuevo en la práctica, disfrazada de eufemismos, incluso en países donde está claramente fuera de la ley, continuó Zeid, ex representante permanente de Jordania ante la ONU. Zeid elogió los informes del senado estadounidense y de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil.
La comisión brasileña, creada en mayo de 2012, ha investigado las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988, como el encarcelamiento ilegal y la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones y posterior ocultación de los cadáveres y las desapariciones forzadas.
«Cuando se practican masiva y sistemáticamente contra la población, estas violaciones se convierten en un crimen contra la humanidad», señala el documento.
El informe de la CIA revela que los sospechosos de terrorismo capturados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos fueron sometidos a privación del sueño, submarino e hidratación por vía rectal. Algunos «literalmente estaban encadenados como un perro en su jaula», añade. La CIA defiende sus técnicas con el argumento de que el tratamiento que se dio a los sospechosos buscaba proteger al país de nuevos atentados terroristas.
«Aunque existen diferencias muy significativas entre estos dos informes excepcionalmente importantes, sobre todo en su alcance y en los períodos que cubren, felicito a los gobiernos de Brasil y Estados Unidos por permitir su difusión», ha dicho Zeid.
Pocos países admiten que su aparato estatal practica la tortura, y muchos siguen negándolo, incluso cuando esta está documentada por organismos internacionales de derechos humanos y las cicatrices son visibles en las víctimas que logran escapar, agregó.
«Aunque llevará tiempo analizar a fondo el contenido de estos dos informes emblemáticos... de todas formas podemos sacar algunas conclusiones sobre el fracaso para erradicar este grave delito internacional, para el cual no debe haber estatutos de limitaciones ni impunidad», declaró Zeid.
Una pregunta que los informes no podrán responder es cómo harán los dos países para cumplir con la obligación de llevar a los responsables de los delitos cometidos ante la justicia, añadió. En todos lados, si alguien comete un asesinato, una violación o un robo a mano armada es procesado y encarcelado, dijo.
«Cuando se ordena, habilita o practica la tortura, reconocida como un crimen internacional grave, no se puede simplemente conceder la impunidad por conveniencia política», afirma Zeid.
Si eso sucede «estamos socavando esta Convención excepcional, y como varios dirigentes políticos de Estados Unidos han reconocido claramente ... minamos nuestra propia pretensión de ser sociedades civilizadas arraigadas en el Estado de derecho», concluyó.