Los 193 estados miembro, que contribuyen con miles de efectivos a las misiones de paz en Asia, África y América Latina y el Caribe, quedan fuera del largo brazo de la ley.

Pero el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, ha aprovechado la cumbre de Londres, para divulgar una serie de pautas llamadas «Reparaciones para la violencia sexual en conflictos».

Las reparaciones incluyen retribución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. «Un elemento clave de la reparación es que debe ser proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido», señala el documento de 20 páginas.

Sanam Naraghi Anderlini, una de las fundadoras de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN), comenta que sería útil saber cómo la ONU divulgará la guía para que todo su personal esté capacitado para atender este problema. «¿Y qué medios tienen para asegurar su cumplimiento?», pregunta.

En otras palabras, ¿estas pautas son opcionales o sientan las bases para un estándar de operaciones para la ONU?, precisa. «¿Qué sanciones se prevén para quiénes no las cumplan? ¿Cómo supervisarán esto?», prosigue Anderlini, investigadora también del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En el informe, la ONU menciona algunos fallos del sistema actual.

En Sudáfrica, por ejemplo, las reparaciones a las víctimas de violencia sexual consisten en un pago único de unos 4.000 dólares. Pero la medida no tiene en cuenta las diferencias de poder dentro de las familias, así como la histórica falta de acceso de las mujeres a las cuentas bancarias. «Grupos de víctimas denuncian que el dinero se depositaba en las cuentas de los hombres de la familia y que las mujeres tenían un acceso limitado o ningún control sobre el mismo», señala la guía. En algunos casos, las tensiones sobre cómo utilizar el dinero terminan desembocando en violencia familiar, según la ONU.

Shelby Quast, directora de política de la organización Equality Now, con sede en Nueva York, recuerda que es fundamental que las reparaciones se enmarquen en el desarrollo de un marco legal sustentado en los derechos humanos para proteger los derechos de las mujeres y de las niñas al término del conflicto en el periodo de desarrollo. «Como es tanta la violencia sexual contra las adolescentes, también es importante que las reparaciones sean variadas, -médica, psicológica y económica, entre otras- y se preste especial atención a la necesidad única de las niñas en una época particularmente formativa de su vida».

En la cumbre para «Acabar con la violencia sexual en Conflictos», la representante especial de la ONU dedicada a este asunto, Zainab Hawa Bangura, subraya que «las reparaciones quedan sistemática afuera de las negociaciones de paz o al margen cuando se fijan las prioridades de fondos, aun cuando son de suma importancia para las supervivientes».

La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, menciona un estudio del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia que concluyó que en los campos de concentración cerca de Sarajevo habían sido violados entre 4.000 y 5.000 presos. Una investigación en el este de República Democrática del Congo señala que uno de cada seis hombres entrevistados dijeron haber sufrido violencia sexual en el marco del conflicto. Otro estudio realizado tras la guerra en Liberia concluyó que entre los excombatientes, un 42 por ciento de las mujeres y un 33 por ciento de los hombres habían sufrido violencia sexual.

«Nos falta mucha información, pero sabemos que el número de casos de delitos sexuales denunciados está por debajo de la realidad, son especialmente difíciles de cuantificar los que sufren hombres y niños», observa Amos. La subsecretaria general y directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, remarca que urgen medidas más fuertes y «la violencia sexual en conflicto es una prioridad para nosotros».

Anderlini, experta en este tema, tiene mucha experiencia de campo. Señala que las víctimas de violencia sexual deben tener el derecho y la capacidad de salir de la victimización y recuperar sus vidas. Por eso necesitan asistencia física y psicosocial, acceso a la justicia y oportunidades educativas y profesionales para reconstruir sus vidas. También requieren un contexto sociocultural que las acepte y las respete, subraya.

Además, puntualiza que la justicia para las víctimas no debe limitarse al aspecto legal o a un programa concreto de reparación que depende de que las personas declaren. «La gente debe tener derecho a guardar silencio si es su elección, pero también tiene derecho a la justicia social, es decir que el marco debe ir más allá de los programas de reparación, para garantizar la salud, la educación, los planes de integración económica en conflicto o pos-conflicto integrar y atender las necesidades de las personas perjudicadas por la violencia sexual».

Por ejemplo, apunta, las clínicas de salud y el personal sanitario deben estar capacitados para manejar la violencia sexual en todos esos contextos. Las víctimas de violencia sexual deben poder acceder a oportunidades y capacitación profesional y educativa que también integre una dimensión psicosocial y el apoyo de una terapia grupal, remarca Anderlini, autora de «Women Building Peace: That They do, Why it Matters» («Mujeres construyen paz: qué hacen, por qué importa»).